Para ordenar al Departamento de Hacienda suspender temporalmente el arbitrio a la gasolina y al “diesel oil” establecido en los incisos (1) y (3) del apartado (a) de la Sección 3020.06 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, durante el periodo de cuarenta y cinco (45) días a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta; ordenar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a implementar, en coordinación con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, las medidas de reducción de gastos necesarias para garantizar la neutralidad fiscal de esta Resolución Conjunta, incluyendo ajustes en nómina de empleados de confianza, gastos publicitarios y servicios profesionales, y reasignar los fondos necesarios provenientes de sobrantes de nómina, a los fines de alcanzar veinticinco (25) millones de dólares para sufragar la suspensión del arbitrio; disponer sobre los márgenes de ganancia bruta en todos los niveles de distribución y mercadeo en la venta de gasolina, gas licuado de petróleo y diésel mientras dure la suspensión del arbitrio, y para otros fines relacionados.

Para ordenar a todas las agencias, departamentos, oficinas, dependencias, corporaciones públicas e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico a que, en coordinación con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Coordinadora de Eficiencia, creada en virtud del Boletín Administrativo Núm. OE-2025-023, identifiquen un ahorro de cinco por ciento (5%) en el presupuesto del Año Fiscal 2026-2027, a los fines de identificar quinientos (500) millones de dólares para financiar una reforma contributiva que beneficie a los contribuyentes de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución Conjunta ordena a todas las agencias, departamentos, oficinas, dependencias, corporaciones públicas e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico a identificar un ahorro del cinco por ciento (5%) en sus presupuestos para el Año Fiscal 2026-2027. El objetivo es generar quinientos (500) millones de dólares destinados a financiar una reforma contributiva. La coordinación recaerá en la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Coordinadora de Eficiencia. Las entidades, con excepción de la Universidad de Puerto Rico, deberán presentar un informe detallando las partidas de ahorro propuestas antes del 30 de abril de 2026.

Para ordenar al Secretario del Departamento de Hacienda de Puerto Rico a que, emita una Determinación Administrativa para eximir del cobro del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) a los alimentos preparados, por un período de treinta (30) días, como medida de alivio económico ante el inminente cierre del gobierno federal.

Esta Resolución Conjunta ordena al Secretario del Departamento de Hacienda a emitir una Determinación Administrativa para eximir temporalmente del cobro del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), tanto estatal como municipal, a los alimentos preparados. La exención aplicará por un período de treinta (30) días calendario, contados a partir de la emisión de dicha determinación, y busca ofrecer alivio económico ante un posible cierre del gobierno federal. Afecta directamente a los consumidores de alimentos preparados y a los comerciantes que los venden, quienes deberán reportar estas ventas como exentas.

Para ordenar a la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva en torno a como el Departamento de Asuntos del Consumidor monitorea, vela y fiscaliza la correcta aplicación de los precios de la gasolina en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución ordena a la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre cómo el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) monitorea, vela y fiscaliza la aplicación de los precios de la gasolina. La Comisión deberá presentar un informe con sus hallazgos y recomendaciones en un plazo de 180 días tras la aprobación de la medida, afectando directamente las operaciones de fiscalización de DACO y la transparencia en la fijación de precios de combustible para el público.