Para ordenar al Secretario del Departamento de Hacienda de Puerto Rico a que, emita una Determinación Administrativa para eximir del cobro del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) a los alimentos preparados, por un período de treinta (30) días, como medida de alivio económico ante el inminente cierre del gobierno federal.

Para ordenar al Secretario del Departamento de Hacienda de Puerto Rico a emitir una Determinación Administrativa con el objetivo de establecer las reglas contributivas bajo la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, aplicables a las distribuciones en efectivo por razón del cierre del Gobierno Federal (“Distribuciones Elegibles”), tanto de fideicomisos de empleados establecidos por el patrono cualificados bajo la Sección 1081.01 del Código (“Planes de Retiro”) como de cuentas de retiro individual establecidas bajo la Sección 1081.02 del Código (“Cuentas IRA”); establecer las responsabilidades impuestas a los fiduciarios, administradores y proveedores de servicios de los Planes de Retiro y de Cuentas IRA en cuanto al cumplimiento de sus responsabilidades como agente retenedor en Distribuciones Elegibles; establecer las tasas contributivas preferenciales aplicables a residentes de Puerto Rico que reciban Distribuciones Elegibles; y establecer las reglas aplicables a préstamos a participantes en Planes de Retiro, como medida de alivio ante el cierre del gobierno federal; y para otros fines relacionados.

La Resolución Conjunta de la Cámara 240 ordena al Secretario de Hacienda de Puerto Rico emitir una Determinación Administrativa en un plazo improrrogable de 72 horas. Esta determinación establecerá reglas contributivas bajo el Código de Rentas Internas de Puerto Rico para distribuciones en efectivo de planes de retiro y Cuentas IRA, realizadas por empleados federales afectados por el cierre del Gobierno de EE.UU. Se definirán responsabilidades de fiduciarios y administradores como agentes retenedores, se fijarán tasas contributivas preferenciales para residentes de Puerto Rico y se regularán préstamos a participantes de planes de retiro como alivio económico.

Para ordenar al Departamento de Hacienda en colaboración con el Municipio de San Juan, la creación de un plan piloto para demarcar, una “Zonas Libre de IVU” en el área circundante al casco urbano de Río Piedras, en las cuales, las PyMEs estarán exentas del cobro del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), por un término de cinco (3) años, en aras de incentivar el desarrollo económico y promover la repoblación del área de Rio Piedras en el Municipio de San Juan; establecer la obligación de rendir un informe ante el Gobernador y la Asamblea Legislativa; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de Hacienda, en colaboración con el Municipio de San Juan, a crear un plan piloto de 'Zonas Libres de IVU' en el área circundante al casco urbano de Río Piedras. Bajo este plan, las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) ubicadas en estas zonas designadas estarán exentas del cobro del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) por un término de tres (3) años. El objetivo es incentivar el desarrollo económico y la repoblación del área, y se requiere la presentación de un informe al Gobernador y la Asamblea Legislativa.

Para ordenar al Secretario del Departamento de Hacienda del Gobierno de Puerto Rico, según facultado por la Ley Núm. 230, de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico” y la Ley Núm. 38-2017, según enmendada conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, revisar y aumentar en un diez por ciento (10%) las tarifas de dieta y millaje, que se pagan a los funcionarios públicos que utilizan sus vehículos para cumplir con gestiones oficiales; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución Conjunta ordena al Secretario del Departamento de Hacienda a revisar y aumentar en un diez por ciento (10%) las tarifas de dieta y millaje actuales que se pagan a los funcionarios públicos cuando utilizan sus vehículos personales para gestiones oficiales. El aumento se aplicaría conforme a la realidad actual, basándose en la facultad del Secretario bajo la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico y la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Afecta directamente a los funcionarios públicos que realizan este tipo de gestiones y al presupuesto gubernamental que cubre estos gastos.