Para ordenar a la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico a que los ingresos que se reciban como resultado del acuerdo de arrendamiento reciente formalizado con el Gobierno de los Estados Unidos, a través de sus componentes militares, para el uso de áreas o facilidades del Aeropuerto Internacional Mercedita (PSE), en Ponce, se utilicen en dicho aeropuerto para atender necesidades de mantenimiento, mejoras, modernización y fortalecimiento operacional; y para otros fines relacionados.
Qué propone
No ordena transferir un inmueble: ordena a la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico que use en el Aeropuerto Internacional Mercedita, en Ponce, los ingresos del arrendamiento de áreas o facilidades a componentes militares del Gobierno de Estados Unidos. Permite destinarlos, entre otros fines, a mantenimiento, mejoras, modernización, seguridad y fortalecimiento operacional, y exige incorporarlos a la planificación del aeropuerto e informar a la Asamblea Legislativa conforme a los mecanismos ordinarios. El informe de comisión indicó que el contrato tenía un canon mensual de $8,475.32 y que el ingreso estimado para su término inicial era de $16,950.64.
Intereses en juego
En qué va
Fue el 13 de enero de 2026 y referida a la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara. El 22 de junio de 2026, la Comisión no recomendó aprobarla; la medida figura como .
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Última acción · 22 de junio de 2026
Comisión no recomienda aprobación de la medida
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), al Departamento de Hacienda y a la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico que, en coordinación, identifiquen y asignen los fondos y recursos disponibles del Fondo de Emergencia o de cualquier otro fondo o fuente de recursos estatales aplicables, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios federales esenciales en los aeropuertos del país, particularmente en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), el Aeropuerto Internacional Mercedita (PSE) y el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández (BQN), ante el cierre del gobierno federal y sus efectos en los empleados federales que laboran en dichas instalaciones; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución Conjunta ordena a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), al Departamento de Hacienda y a la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR) a identificar y asignar de manera inmediata fondos y recursos disponibles del Fondo de Emergencia o de otras fuentes estatales. El objetivo es asegurar la continuidad de servicios federales esenciales en los aeropuertos principales (SJU, PSE, BQN) mientras dure un cierre del gobierno federal que afecte al personal de estas instalaciones. Las agencias deberán coordinar un plan de asignación y presentar un informe conjunto a la Legislatura.
Para ordenar a la Comisión de Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre la exposición de los aeropuertos que ubican en o cerca de la zona costanera, como el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Carolina, el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández Marín en Aguadilla, el Aeropuerto José Aponte de la Torre en Ceiba, el Aeropuerto Fernando Luis Ribas Dominicci en Isla Grande, el Aeropuerto Eugenio María de Hostos de Mayagüez y el Aeropuerto Internacional de Mercedita en Ponce, ante los escenarios del aumento del nivel del mar; y sobre la necesidad de diseñar un plan de acción de operación de las instalaciones por fases para enfrentar el aumento del nivel del mar y otras manifestaciones del cambio climático que incluya la combinación de estrategias de protección, adaptación y relocalización según apliquen; y fortalecer la infraestructura más segura ante las manifestaciones del cambio climático con planes de transporte por tierra y extensión de instalaciones, entre otras.
La Resolución de la Cámara 269 ordena a la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre la exposición de los aeropuertos costeros de Puerto Rico, incluyendo el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y otros cinco, ante el aumento del nivel del mar y los efectos del cambio climático. La investigación debe incorporar el diseño de un plan de acción operacional por fases, que incluya estrategias de protección, adaptación y relocalización, así como el fortalecimiento de la infraestructura. La Comisión deberá rendir informes parciales y un informe final antes de que concluya la Vigésima Asamblea Legislativa.
Para enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; insertar nuevos Artículos 7 y 8; reenumerar los Artículos 6, 7, 8, 9 y 10 como los Artículos 9, 6, 10, 11 y 12 de la Ley 240-2011, según enmendada, conocida como la “Ley de la Autoridad del Puerto de Ponce”, a los fines de transferir a dicha Autoridad las funciones, objetivos, deberes, facultades, derechos y prerrogativas de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico en torno al Aeropuerto Internacional Mercedita; crear comités asesores permanentes en la Autoridad del Puerto de Ponce; y para otros fines relacionados.
El Proyecto de la Cámara 278 buscaba enmendar la Ley 240-2011 para transferir la administración y operación del Aeropuerto Internacional Mercedita de Ponce de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico a la Autoridad del Puerto de Ponce. También proponía la creación de comités asesores permanentes en esta última. La medida afectaría directamente a ambas autoridades portuarias y a la gestión de la infraestructura aeroportuaria en la región sur de Puerto Rico.
Para ordenar a la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre todo lo relacionado a las tasas por aterrizaje y pasajeros y el proceso de su implementación en los aeropuertos de Puerto Rico.
La Resolución de la Cámara 303 ordena a la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre las tasas por aterrizaje y pasajeros en los aeropuertos de Puerto Rico. La investigación debe cubrir la estructura de estas tasas, los criterios utilizados para fijarlas, su impacto económico en los aeropuertos y el proceso de implementación. La medida afecta directamente a la mencionada comisión legislativa, asignándole la tarea de recopilar y analizar esta información.
Para ordenar a la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico a transferir gratuitamente a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Aguadilla, el título sobre el dominio, los terrenos y estructuras de la Finca 17045 A, localizada en los predios del Aeropuerto Internacional Rafael Hernández de Aguadilla, Antigua Base Ramey, que contiene las estructuras Edificio A (15,862pc), Edificio B (9,383 pc), Taller (861 pc) y parte del área abierta aledaña a estos edificios (112,740 pc) con el propósito de establecer un Centro de Investigación y Desarrollo Aeronáutico y Aeroespacial y el establecimiento de programas y servicios relacionados; a establecer una servidumbre de paso a favor de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Aguadilla, sobre las rampas anexas localizados en los predios del Aeropuerto Internacional Rafael Hernández de Aguadilla, Antigua Base Ramey; y para otros fines relacionados.
La versión enmendada no transfiere gratuitamente el título de la Finca 17045 A: los terrenos y estructuras están en los predios del Aeropuerto Internacional Rafael Hernández de Aguadilla. Incluye el Edificio A, de 15,862 pies cuadrados; el Edificio B, de 9,383 pies cuadrados; un taller, de 861 pies cuadrados; y 112,740 pies cuadrados de área abierta aledaña. Ordena a la Autoridad de los Puertos y a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Aguadilla, evaluar en un máximo de 90 días la viabilidad y conveniencia de un nuevo arrendamiento para establecer un centro de investigación y programas y servicios relacionados. No fija precio ni concede por sí misma un arrendamiento: ordena evaluar esa posibilidad.
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