Para ordenar a la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico a que los ingresos que se reciban como resultado del acuerdo de arrendamiento reciente formalizado con el Gobierno de los Estados Unidos, a través de sus componentes militares, para el uso de áreas o facilidades del Aeropuerto Internacional Mercedita (PSE), en Ponce, se utilicen en dicho aeropuerto para atender necesidades de mantenimiento, mejoras, modernización y fortalecimiento operacional; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), al Departamento de Hacienda y a la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico que, en coordinación, identifiquen y asignen los fondos y recursos disponibles del Fondo de Emergencia o de cualquier otro fondo o fuente de recursos estatales aplicables, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios federales esenciales en los aeropuertos del país, particularmente en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), el Aeropuerto Internacional Mercedita (PSE) y el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández (BQN), ante el cierre del gobierno federal y sus efectos en los empleados federales que laboran en dichas instalaciones; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución Conjunta ordena a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), al Departamento de Hacienda y a la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR) a identificar y asignar de manera inmediata fondos y recursos disponibles del Fondo de Emergencia o de otras fuentes estatales. El objetivo es asegurar la continuidad de servicios federales esenciales en los aeropuertos principales (SJU, PSE, BQN) mientras dure un cierre del gobierno federal que afecte al personal de estas instalaciones. Las agencias deberán coordinar un plan de asignación y presentar un informe conjunto a la Legislatura.

Para ordenar a la Comisión de Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre la exposición de los aeropuertos que ubican en o cerca de la zona costanera, como el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Carolina, el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández Marín en Aguadilla, el Aeropuerto José Aponte de la Torre en Ceiba, el Aeropuerto Fernando Luis Ribas Dominicci en Isla Grande, el Aeropuerto Eugenio María de Hostos de Mayagüez y el Aeropuerto Internacional de Mercedita en Ponce, ante los escenarios del aumento del nivel del mar; y sobre la necesidad de diseñar un plan de acción de operación de las instalaciones por fases para enfrentar el aumento del nivel del mar y otras manifestaciones del cambio climático que incluya la combinación de estrategias de protección, adaptación y relocalización según apliquen; y fortalecer la infraestructura más segura ante las manifestaciones del cambio climático con planes de transporte por tierra y extensión de instalaciones, entre otras.

La Resolución de la Cámara 269 ordena a la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre la exposición de los aeropuertos costeros (Luis Muñoz Marín, Rafael Hernández Marín, Aponte de la Torre, Fernando Luis Ribas Dominicci, Eugenio María de Hostos, Mercedita) al aumento del nivel del mar y otros efectos del cambio climático. Busca evaluar la necesidad de diseñar un plan de acción por fases para la operación de estas instalaciones, incluyendo estrategias de protección, adaptación y relocalización, y fortalecer la infraestructura ante el cambio climático con planes de transporte y extensión de instalaciones.

Para ordenar a la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre todo lo relacionado a las tasas por aterrizaje y pasajeros y el proceso de su implementación en los aeropuertos de Puerto Rico.

La Resolución de la Cámara 303 ordena a la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes a realizar una investigación sobre las tasas por aterrizaje y por pasajeros en los aeropuertos de Puerto Rico. La investigación debe cubrir la estructura tarifaria, los criterios de fijación, el impacto económico y el proceso de implantación de dichas tasas. Se establece un plazo de 180 días para que la Comisión rinda un informe final con recomendaciones legislativas o administrativas.

Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes del Gobierno de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el estado de las facilidades del Puerto de Guánica, su capacidad de recepción de mercancía, la viabilidad de ampliar sus ofrecimientos a navíos comerciales para importar mercancía, su rentabilidad, permisología vigente, auscultar su desarrollo en infraestructura con el propósito de establecerlo como propulsor económico de la región y Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 261 ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre el estado actual de las facilidades del Puerto de Guánica. El objetivo es evaluar su capacidad de recepción de mercancía, la viabilidad de expandir su uso para la importación comercial, su rentabilidad, la permisología vigente y el desarrollo de infraestructura, con el fin de potenciarlo como motor económico regional y para Puerto Rico. La Comisión tiene 180 días para rendir un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

Para ordenar a la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto, conforme a las disposiciones de Ley y reglamento aplicables, la transferencia mediante usufructo o cualquier otro negocio jurídico en el cual la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico asuma la titularidad de la totalidad de las parcelas que comprenden el “Navy Frontier”, localizado en la Zona Portuaria de Puerta de Tierra en el municipio de San Juan; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución Conjunta ordena a la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico (CCDA) transferir la titularidad de las parcelas del muelle "Navy Frontier" en San Juan a la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR) mediante usufructo u otro acuerdo legal. La APPR deberá desarrollar el área para actividades portuarias o marítimas y cumplir con la transferencia en un plazo de 30 días, bajo pena de reversión del título. Afecta directamente a la CCDA, la APPR, y a los actuales usuarios y operaciones del muelle.