Para enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; insertar nuevos Artículos 7 y 8; reenumerar los Artículos 6, 7, 8, 9 y 10 como los Artículos 9, 6, 10, 11 y 12 de la Ley 240-2011, según enmendada, conocida como la “Ley de la Autoridad del Puerto de Ponce”, a los fines de transferir a dicha Autoridad las funciones, objetivos, deberes, facultades, derechos y prerrogativas de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico en torno al Aeropuerto Internacional Mercedita; crear comités asesores permanentes en la Autoridad del Puerto de Ponce; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 2.48 de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” a fines de excluir a los gestores debidamente autorizados de la clasificación de “entidades comerciales” a la que refiere dicho artículo; y para otros fines relacionados.

Esta medida legislativa propone enmendar el Artículo 2.48 de la Ley Núm. 22-2000, conocida como Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico. Su objetivo es excluir a los gestores debidamente autorizados de la definición de 'entidades comerciales' que se aplica en dicho artículo. Esto afectará directamente a los gestores autorizados, al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), y a los ciudadanos y entidades que utilizan los servicios de gestores para trámites vehiculares.

Para enmendar los Artículos 12.04 y 12.07 de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de disponer que en los casos en que se opte por contratar la operación de inspeccionar los vehículos de motor con personas o entidades privadas, el Departamento de Transportación y Obras Públicas promoverá la competencia y amplia participación de proveedores certificados con la intención de evitar el control monopolístico de dicho sector de servicio a la ciudadanía tanto para atender la demanda de operación de Estaciones de Centros de Inspección como para garantizar la libre competencia en la provisión, venta o arrendamiento de equipos de inspección; establecer controles claros para la aplicación de sanciones por incurrir en las conductas dispuestas en dicho artículo; disponer sobre la facultad de cerrar o de suspender permisos para operar estaciones de inspección de vehículos de motor; prohibir la discreción indebida en la negociación de sanciones impuestas al amparo de la Ley; decretar la obligación del Departamento de Transportación y Obras Públicas de formalizar referidos a las autoridades correspondientes en casos de violación de lo dispuesto en dicho Artículo; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22-2000) para reformar los procesos de contratación de servicios de inspección vehicular privada y la aplicación de sanciones. Busca promover la competencia entre proveedores de inspección y equipos, evitar monopolios, y establecer controles más claros y uniformes para la imposición de multas y suspensiones de permisos, además de obligar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a referir casos de posible conducta delictiva a las autoridades correspondientes. Afecta directamente al DTOP, a los operadores de centros de inspección vehicular y a los proveedores de equipos de inspección.

Para enmendar los Artículos 2 y 3 de la Ley 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico”, a los fines de ampliar su acceso a fondos, otorgarle mayor autonomía administrativa y agilizar la ejecución de proyectos de infraestructura crítica; excluir a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de las disposiciones de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019, permitiéndole gestionar sus propios procesos sin interferencias burocráticas; y para otros fines relacionados.

La medida busca enmendar la Ley 44 de 1988 para expandir el acceso a fondos y la autonomía administrativa de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI). Esto incluye excluir a la AFI de las regulaciones de compras centralizadas de la Ley 73-2019, permitiéndole gestionar sus propios procesos de adquisición, y clarificar su capacidad para acceder a diversos programas de financiamiento federal. El objetivo es agilizar la ejecución de proyectos de infraestructura crítica, especialmente aquellos necesarios para cumplir con decretos ambientales y aprovechar oportunidades de fondos federales.