Para ordenar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados del Gobierno de Puerto Rico establecer y conceder un Crédito Automático General por Interrupción o Deficiencia del Servicio, equivalente al cien por ciento (100%) de la facturación aplicable a los abonados residenciales y comerciales ubicados en municipios, comunidades y sectores que hayan sido afectados por interrupciones prolongadas o recurrentes del servicio de agua potable, racionamiento, baja presión, ausencia de servicio, sequía, reducción en las fuentes de abasto, fallas técnicas, averías o deficiencias operacionales durante los pasados cuatro (4) meses; disponer que dicho crédito sea aplicado automáticamente por la Autoridad, sin necesidad de reclamación, solicitud o gestión individual por parte del abonado; establecer su aplicación retroactiva y prospectiva mientras persistan las condiciones que dieron lugar al crédito; establecer mecanismos para identificar las áreas y periodos cubiertos; y para otros fines relacionados.
Qué propone
Esta medida ordena a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a establecer y conceder un crédito automático del 100% de la facturación a abonados residenciales y comerciales afectados por interrupciones o deficiencias en el servicio de agua potable (como racionamiento, baja presión o falta de servicio) durante los últimos cuatro meses. El crédito se aplicará automáticamente, sin necesidad de reclamación, y será retroactivo y prospectivo mientras persistan las condiciones.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se enmarca en los retos históricos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para garantizar un servicio estable, como se describe en el fragmento sobre la administración del recurso hídrico. La medida busca mitigar el impacto de las deficiencias en el servicio, un problema que la AAA ha enfrentado recurrentemente debido a la infraestructura y las presiones climáticas, mientras se debaten los aumentos tarifarios para sostener las operaciones.
En qué va
La medida RCC 384 fue el 11 de agosto de 2026 y referida a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes el 17 de agosto de 2026.
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Última acción · 11 de agosto de 2026
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Para ordenar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA) a que, durante un período de dos (2) años contados a partir de la vigencia de esta Resolución Conjunta, ajuste proporcionalmente el pago de la porción correspondiente de la tarifa base, cargo fijo, cargo mínimo o cualquier otro cargo relacionado con el servicio de agua potable respecto a aquellos períodos de facturación en que un abonado haya estado sin recibir efectivamente dicho servicio por veinticuatro (24) horas consecutivas o más, debido a interrupciones, suspensiones o deficiencias atribuibles a la AAA; establecer los mecanismos de acreditación y ajuste correspondientes; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución Conjunta ordena a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a ajustar proporcionalmente las facturas de agua potable durante un período de dos (2) años. El ajuste aplicará a la tarifa base, cargo fijo, cargo mínimo u otros cargos relacionados si un abonado no recibe el servicio por 24 horas consecutivas o más, debido a interrupciones atribuibles a la AAA. Se establecen mecanismos de acreditación y ajuste, y la medida tendrá efecto retroactivo al 1 de mayo de 2026.
Para añadir una nueva Sección 19, y reenumerar las actuales secciones de la 19 a la 25, como las secciones de la 20 a la 26, respectivamente, en la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, conocida como “Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico”, a los fines de proveer para la otorgación de un crédito único de ochocientos ($800.00) dólares cada decenio, por motivos de deficiencia en el servicio de agua potable a los clientes residenciales de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.
La medida propone enmendar la Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (Ley 40-1945) para añadir una nueva Sección 19. Esta sección establecería que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) otorgará un crédito único de $800.00 cada diez años a clientes residenciales que experimenten deficiencias significativas y prolongadas en el servicio de agua potable, o si el agua no es apta para el consumo. Los clientes deberán presentar evidencia documental y fotográfica dentro de los seis meses siguientes a conocer la deficiencia, y la AAA tendrá 45 días para responder.
Para ordenar a la Cámara de Representantes de Puerto Rico, reunida en Comisión Total y a tenor con las disposiciones de la Sección 18.5 del Reglamento de la Cámara de Representantes, a realizar una Sesión Especial de Interpelación al actual director ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Luis González Delgado, a los efectos de requerir información relativa a la actual crisis de suministro de agua, sus efectos y planes de trabajo para atenderla.
La Resolución de la Cámara 384 ordena a la Cámara de Representantes, actuando como Comisión Total, a celebrar una Sesión Especial de Interpelación. El propósito es requerir información al Director Ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) sobre la crisis actual de suministro de agua, sus causas, efectos, sistemas de monitoreo, planes de trabajo, uso de fondos asignados y estado de mejoras. La Cámara deberá rendir un informe final con hallazgos y recomendaciones dentro de los treinta (30) días posteriores a la sesión.
Para enmendar la Sección 4 de la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, conocida como “Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico”, a los fines de añadir un nuevo inciso (t) que requiera a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados notificar a sus abonados sobre interrupciones programadas del servicio con al menos cinco (5) días de antelación; y para otros fines relacionados.
Esta medida enmienda la Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (Ley 40-1945) para añadir un nuevo requisito a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). La AAA deberá notificar a sus abonados con al menos cinco (5) días de antelación sobre cualquier interrupción programada del servicio de agua potable, utilizando notificación electrónica, un boletín en redes sociales oficiales y un anuncio en una emisora de radio regional. La medida aplica a todos los abonados de la AAA y entra en vigor inmediatamente tras su aprobación.
Para crear la “Ley para la Reducción Eficiente de Pérdidas de Agua Potable y Modernización de la Infraestructura de Acueductos de Puerto Rico”; declarar la política pública del Gobierno de Puerto Rico dirigida a reducir sustancial y permanentemente las pérdidas físicas y comerciales de agua potable; ordenar al Presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA) desarrollar, adoptar e implementar un Plan Integral para la Reducción de Pérdidas de Agua Potable con metas específicas a corto, mediano y largo plazo; establecer la meta obligatoria de reducir el porcentaje de agua no contabilizada a un máximo de treinta por ciento (30%) en un término de treinta y seis (36) meses, y quince por ciento (15%) en un término de cinco (5) años; requerir la realización de auditorías de agua bajo las metodologías de la International Water Association (IWA) y la American Water Works Association (AWWA); requerir la prioridad presupuestaria del Programa de Mejoras Capitales para la sustitución de infraestructura obsoleta y detección temprana de fugas; ordenar la rendición de informes trimestrales a la Asamblea Legislativa; y para otros fines relacionados.
Crea una ley que ordena al Presidente de la AAA preparar e implantar, dentro de 90 días de su aprobación, un plan para reducir las pérdidas de agua potable. Fija metas de agua no contabilizada de no más de 30% en 36 meses y 15% en cinco años, y exige una auditoría inicial dentro de 90 días con metodología IWA/AWWA o una posterior de precisión y transparencia igual o superior. El plan incluye medidas de detección y reparación de fugas, manejo de presión y sustitución de tuberías; la AAA debe dar prioridad, dentro de las restricciones legales de cada fuente, a inversiones que reduzcan pérdidas verificables y permanentes. Exige informes trimestrales a la Asamblea Legislativa durante cinco años; no deroga ni elimina requisitos existentes.
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