Para ordenar al Departamento de Hacienda de Puerto Rico que en la gestión y contratación de seguros públicos para los municipios tome en consideración la eliminación del riesgo asociado a accidentes en carreteras y aceras estatales que se encuentren dentro de los límites territoriales municipales, en virtud de la inmunidad concedida a los municipios por el Código Municipal.
Qué propone
Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de Hacienda a considerar la eliminación del riesgo de accidentes en carreteras y aceras estatales dentro de municipios al gestionar y contratar seguros públicos para los municipios. Esto se basa en la inmunidad municipal establecida por el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para dichos incidentes. El Departamento de Hacienda tiene 30 días tras la vigencia de la medida para informar a la Asamblea Legislativa sobre la reducción de primas resultante.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se relaciona con la evolución de la autonomía municipal en Puerto Rico, consolidada por el Código Municipal (Ley 107-2020), que es mencionado en los fragmentos. La medida busca ajustar la gestión de seguros públicos para los municipios, aprovechando la inmunidad concedida por dicho Código, lo que refleja la continua adaptación de las finanzas y responsabilidades locales dentro de este marco de autonomía.
En qué va
Esta Resolución Conjunta (RCC 54) fue el 10 de febrero de 2025 y referida a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Se encuentra actualmente en trámite legislativo.
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Última acción · 13 de febrero de 2025
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar al Departamento de Hacienda del Gobierno de Puerto Rico la preparación y publicación anual de un Informe de Gasto Tributario Municipal comenzando con el año 2025, que incluya el examen del impacto que las distintas excepciones, exenciones, créditos, deducciones, exclusiones y tasas preferenciales creadas por legislación del Gobierno Central y municipal tienen sobre los recaudos municipales, su base imponible, su estabilidad fiscal y sobre su capacidad para prestar servicios esenciales; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de Hacienda de Puerto Rico a preparar y publicar anualmente, a partir del año 2025, un Informe de Gasto Tributario Municipal. Este informe examinará el impacto de las exenciones, créditos y otras disposiciones fiscales (tanto del gobierno central como municipales) sobre los recaudos, la base imponible, la estabilidad fiscal y la capacidad de los municipios para prestar servicios esenciales. El estudio deberá incluir recomendaciones y proyecciones a cinco años, y se realizará en colaboración con el CRIM y las asociaciones de alcaldes.
Para ordenar al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) realizar y presentar un Informe sobre el Gasto Tributario Municipal en Puerto Rico, que identifique, cuantifique y analice las exenciones, exoneraciones, créditos, incentivos, deducciones, descuentos y demás mecanismos que reduzcan o eliminen ingresos provenientes de impuestos municipales; establecer que dicho informe deberá presentarse dentro de un término de seis (6) meses a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta; disponer que los gastos razonables y necesarios para la preparación del informe serán sufragados con cargo a la cantidad de sesenta y seis millones de dólares ($66,000,000) reservada del Fondo de Consolidación Municipal, conforme a la Sección 21 del presupuesto vigente y al Plan Fiscal Certificado de 2023; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución Conjunta ordena al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) a elaborar y presentar un informe detallado sobre el gasto tributario municipal en Puerto Rico. Dicho informe deberá identificar, cuantificar y analizar las exenciones, exoneraciones, créditos, incentivos, deducciones y otros mecanismos que reducen los ingresos por impuestos municipales. El CRIM tiene un plazo de seis (6) meses para presentar este informe, y sus costos se sufragarán con $66,000,000 reservados del Fondo de Consolidación Municipal.
Para ordenar al Municipio de San Juan a remover y relocalizar los vehículos de motor almacenados en los terrenos ubicados a ambos lados de la entrada hacia la Avenida Ponce de León, del casco urbano de Río Piedras; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución Conjunta ordena al Municipio de San Juan a remover y relocalizar vehículos de motor almacenados en terrenos específicos a ambos lados de la entrada principal hacia la Avenida Ponce de León en el casco urbano de Río Piedras. Establece un plazo improrrogable de 90 días para que el Municipio cumpla con esta orden, la cual entra en vigor inmediatamente tras su aprobación. Afecta directamente al Municipio de San Juan, que debe ejecutar la acción, y a los residentes y visitantes de Río Piedras, quienes se beneficiarían de la mejora estética y ambiental del área.
Para ordenar al Departamento de Hacienda enmendar el inciso (6) del Artículo 5 del Reglamento Número 49 de 2012, a los fines de incluir una nueva asignación sobre servicios relacionados con la tecnología, de manera que los gastos incurridos por las agencias del Gobierno de Puerto Rico en contratos de dicha naturaleza tengan su propia clasificación y no queden subsumidos dentro de otras asignaciones; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de Hacienda a enmendar el Reglamento Número 49 de 2012 para crear una clasificación presupuestaria específica para gastos en servicios relacionados con tecnología y comunicaciones. Esto aplicará a todas las agencias del Gobierno de Puerto Rico. El Departamento de Hacienda tiene 30 días para iniciar el proceso de enmienda, y la nueva clasificación de gastos entrará en vigor para el año fiscal 2025-2026.
Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, en colaboración con los municipios de Puerto Rico, identificar las carreteras y puentes localizados cerca de la línea de agua o dentro del alcance de la inundación por aumento del nivel del mar y desarrollar un plan de acción con el fin de que estas estructuras queden fuera del alcance de los efectos de inundación y erosión costera; y para establecer otras disposiciones complementarias.
Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), en colaboración con los municipios, identificar carreteras y puentes en zonas de riesgo por aumento del nivel del mar y erosión costera. Establece un plazo de 180 días para desarrollar un plan de acción y fija como fecha límite para su ejecución el 31 de diciembre de 2028. El DTOP deberá solicitar fondos en el presupuesto del año fiscal 2025-2026 para estas tareas y presentar informes anuales de progreso.
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