Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico, en coordinación con el Departamento de Educación, los municipios y cualquier otra entidad pertinente, identificar las zonas escolares ubicadas en las vías públicas bajo sus respectivas jurisdicciones; realizar los estudios de tránsito y seguridad vial necesarios; desarrollar e implementar un plan escalonado para la instalación de reductores de velocidad, bandas transversales de alerta, marcas ópticas sobre el pavimento, rotulación de alta visibilidad, dispositivos luminosos, señales dinámicas indicadoras de velocidad y cualesquiera otras medidas de ingeniería y control de tránsito apropiadas para reducir la velocidad de los vehículos de motor en las zonas escolares; establecer un término de noventa (90) días para completar la identificación, evaluación y clasificación de dichas zonas y un término máximo de doce (12) meses para completar la implementación de las medidas correspondientes en el cien por ciento (100%) de las zonas escolares identificadas; disponer criterios de prioridad; y para otros fines relacionados.

Contras

• •El texto no asigna fondos específicos para la implementación del Plan Integral de Seguridad Vial en Zonas Escolares, limitándose a autorizar el uso de fondos estatales o federales 'disponibles y compatibles', lo que genera incertidumbre sobre la suficiencia y disponibilidad de recursos para cumplir con el plazo de 12 meses para la implementación total.
• •Aunque se establecen plazos de 90 días para la identificación/evaluación y 12 meses para la implementación, el texto carece de penalidades o mecanismos de ejecución claros si las agencias no cumplen con estos términos, lo que podría diluir la efectividad del mandato.
• •La efectividad de las medidas de ingeniería y control de tránsito dependerá de la calidad técnica de los estudios de tránsito y seguridad vial, la correcta clasificación de las vías y la selección de las medidas más apropiadas, áreas donde la discrecionalidad de las agencias podría ser un factor, aunque se establecen criterios de evaluación.
• •Si bien se ordena la implementación en el 100% de las zonas escolares identificadas, la priorización se basa en 'mayores factores de riesgo' y 'condiciones particulares', lo que podría resultar en que zonas con riesgos moderados pero aún significativos tarden más tiempo en recibir intervenciones si los recursos son limitados o si otras zonas presentan riesgos más altos.