Qué propone
La medida, una Resolución Conjunta del Senado (RCS) 53, buscaba ordenar al Departamento de Educación (DEPR) permitir el uso alternativo de uniformes escolares (como pantalones cortos o ropa de educación física) durante el inicio del año escolar, periodos de verano y cualquier otro periodo de intenso calor. Su objetivo era garantizar la seguridad y el bienestar del estudiantado y personal escolar ante el aumento de temperaturas.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
La medida se enmarca en el tema más amplio de las condiciones de los planteles escolares y la seguridad del estudiantado, un asunto que ha sido históricamente problemático en Puerto Rico. Los fragmentos históricos revelan que la infraestructura escolar ha sido vulnerable, como se evidenció con los terremotos de 2020 y la falta de mantenimiento, lo que subraya la necesidad de medidas que garanticen un entorno de aprendizaje seguro y adecuado, incluyendo la climatización.
En qué va
La Resolución Conjunta del Senado 53 fue el 8 de mayo de 2025 y apareció en Primera Lectura del Senado el 12 de mayo de 2025. Fue referida a comisión y la Comisión de Educación, Arte y Cultura no recomendó su aprobación el 14 de agosto de 2025, declarándola académica por existir medidas administrativas previas.
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Última acción · 14 de agosto de 2025
Comisión no recomienda aprobación de la medida
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar al Departamento de Educación diseñar y ejecutar un plan para el acondicionamiento de los planteles escolares del sistema público de enseñanza, a los fines de garantizar la seguridad del estudiantado y el personal escolar durante periodos de intenso calor; y para otros fines relacionados.
La Resolución Conjunta del Senado 52 (RCS 52) ordenaba al Departamento de Educación (DEPR) diseñar y ejecutar un plan para acondicionar los planteles escolares del sistema público. El objetivo era garantizar la seguridad del estudiantado y personal escolar durante periodos de calor intenso. El plan debía considerar estrategias como siembra de árboles, flexibilización de uniformes, uso de espacios alternativos, instalación de fuentes de agua y abanicos, y la posibilidad de horarios alternos o enseñanza remota en escenarios extremos. La medida buscaba establecer un mandato legal para estas acciones, sin imponer cargas económicas adicionales a los padres o tutores.
Para ordenar al Departamento de Educación de Puerto Rico producir, dentro de un término de un (1) año, un informe sobre el estado térmico en las escuelas públicas.
Esta Resolución Conjunta (RCS 156) ordenaba al Departamento de Educación de Puerto Rico (DE) la producción de un informe detallado sobre las condiciones térmicas en las escuelas públicas. El informe debía documentar temperaturas, evaluar la viabilidad de mejoras de aislamiento y bioclimáticas, analizar la infraestructura eléctrica, identificar métodos para mejorar la ventilación y el uso de energías renovables, y proponer soluciones para alcanzar métricas térmicas adecuadas. El DE tendría un plazo de un (1) año a partir de la aprobación de la medida para presentar este informe a la Asamblea Legislativa. La medida fue rechazada en comité.
Para ordenar a la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas de Puerto Rico (OMEP) y a la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico (AEP) a preparar y presentar ante la Asamblea Legislativa un informe detallado sobre la capacidad de las subestaciones eléctricas de las escuelas públicas de Puerto Rico, con el fin de evaluar si cuentan con la capacidad necesaria para permitir la instalación y uso de acondicionadores de aire en todos los salones de clase; identificar las mejoras, actualizaciones o sustituciones que tendrían que realizarse en dichas subestaciones para garantizar dicha capacidad; detallar la inversión económica necesaria para lograrlo; y recomendar un plan de acción que incluya un calendario estimado de ejecución, fuentes de financiamiento disponibles y cualquier otro factor relevante para viabilizar la modernización energética de la infraestructura escolar; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución Conjunta ordena a la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP) y a la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) a elaborar y presentar un informe detallado a la Asamblea Legislativa en un plazo de 120 días. El informe debe evaluar la capacidad de las subestaciones eléctricas escolares para soportar el uso de acondicionadores de aire, identificar las mejoras necesarias, estimar los costos, proponer un plan de acción con calendario y fuentes de financiamiento, y recomendar medidas de eficiencia energética. Afecta directamente a las agencias OMEP y AEP al imponerles una tarea de análisis y reporte, y de forma indirecta a la comunidad escolar al abordar la necesidad de mejorar las condiciones térmicas en las aulas.
Para ordenar al Secretario del Departamento de Educación del Gobierno de Puerto Rico, desarrollar y establecer escuelas y programas especializados en agricultura en cada municipio del Distrito Senatorial de Mayagüez-Aguadilla; garantizar la creación de currículos agrícolas modernos y pertinentes; fomentar alianzas educativas con la industria agrícola; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución Conjunta ordena al Secretario del Departamento de Educación (DE) a integrar la educación agrícola, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad como un tema transversal en el currículo de todas las escuelas públicas, desde elemental hasta superior. El DE deberá desarrollar contenidos modernos, capacitar al personal docente y presentar un plan de implementación en 180 días, seguido de informes anuales sobre el progreso. La medida busca que estos temas se incorporen en las distintas áreas académicas y niveles educativos.
“Para declarar una moratoria durante la cual se le prohíbe al Departamento de Educación de Puerto Rico aprobar el establecimiento o expansión de Escuelas Públicas Alianza hasta que la agencia cumpla con las disposiciones de esta resolución conjunta; y para otros fines relacionados.”
La Resolución Conjunta del Senado 28 (RCS 28) propone declarar una moratoria que prohíbe al Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) aprobar el establecimiento o la expansión de Escuelas Públicas Alianza (EPA) hasta que se cumplan supuestas disposiciones de la medida. Afecta directamente al DEPR en su capacidad de aprobar nuevas EPA o expandir las existentes, y a las entidades interesadas en operar o expandir este tipo de escuelas.
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