Qué propone
La Resolución Conjunta del Senado 52 (RCS 52) ordenaba al Departamento de Educación (DE) diseñar y ejecutar un plan para acondicionar los planteles escolares públicos. El objetivo era garantizar la seguridad del estudiantado y personal ante periodos de intenso calor, considerando estrategias como siembra de árboles, flexibilización de uniformes, uso de espacios alternos, instalación de fuentes de agua y abanicos, y horarios alternos o enseñanza remota en escenarios extremos. La medida buscaba establecer un mandato legal para estas acciones, sin imponer cargas económicas a los padres.
Pros
Contras
Intereses en juego
📜 Perspectiva histórica
. La medida aborda la necesidad de acondicionar los planteles escolares para garantizar la seguridad del estudiantado y el personal ante el calor, un tema que se inserta en el contexto histórico de la vulnerabilidad estructural y la falta de mantenimiento de las escuelas públicas, evidenciada por los terremotos de 2020 y la preocupación por la seguridad sísmica. Esto demuestra una preocupación recurrente por la infraestructura escolar y las condiciones de los entornos de aprendizaje.
En qué va
La Resolución Conjunta del Senado 52 fue el 8 de mayo de 2025, pasó por varias comisiones del Senado y recibió informes positivos con . Sin embargo, fue derrotada a viva voz el 3 de noviembre de 2025, quedando .
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Última acción · 3 de noviembre de 2025
Derrotado a viva voz
Otras medidas sobre el mismo asunto, encontradas por significado (no solo por palabras).
“Para ordenar al Departamento de Educación permitir el uso alternativo de uniformes en las escuelas públicas durante el inicio del año escolar, periodos lectivos del verano, y durante cualquier otro periodo de intenso calor, a los fines de garantizar la seguridad del estudiantado y demás personal escolar; y para otros fines relacionados.”
Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de Educación (DE) permitir el uso flexible de uniformes escolares (como pantalones cortos o uniformes de educación física) durante el inicio del año escolar, periodos de verano y épocas de calor intenso. La medida busca garantizar la seguridad del estudiantado y personal escolar sin imponer costos adicionales a los padres, madres o tutores. El DE tiene 60 días para certificar su cumplimiento tras la aprobación.
Para ordenar al Departamento de Educación de Puerto Rico producir, dentro de un término de un (1) año, un informe sobre el estado térmico en las escuelas públicas.
Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de Educación de Puerto Rico a elaborar y presentar un informe detallado sobre las condiciones térmicas en las escuelas públicas. El informe deberá ser producido dentro de un plazo de un (1) año a partir de la aprobación de la medida, y debe documentar temperaturas, evaluar soluciones de aislamiento y energías renovables, analizar la infraestructura eléctrica y proponer métricas térmicas para futuros diseños y rehabilitaciones escolares.
Para ordenar a la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas de Puerto Rico (OMEP) y a la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico (AEP) a preparar y presentar ante la Asamblea Legislativa un informe detallado sobre la capacidad de las subestaciones eléctricas de las escuelas públicas de Puerto Rico, con el fin de evaluar si cuentan con la capacidad necesaria para permitir la instalación y uso de acondicionadores de aire en todos los salones de clase; identificar las mejoras, actualizaciones o sustituciones que tendrían que realizarse en dichas subestaciones para garantizar dicha capacidad; detallar la inversión económica necesaria para lograrlo; y recomendar un plan de acción que incluya un calendario estimado de ejecución, fuentes de financiamiento disponibles y cualquier otro factor relevante para viabilizar la modernización energética de la infraestructura escolar; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución Conjunta ordena a la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP) y a la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) a realizar un estudio exhaustivo. El objetivo es evaluar la capacidad de las subestaciones eléctricas de las escuelas públicas para soportar el uso de acondicionadores de aire en todos los salones de clase. El informe, que debe presentarse a la Asamblea Legislativa en 120 días, debe detallar las mejoras necesarias, los costos estimados, un plan de acción, fuentes de financiamiento y recomendaciones de eficiencia energética.
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