Para establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico en torno a la instalación de aires acondicionados en las escuelas del sistema público de enseñanza de Puerto Rico, a los fines de requerir un proceso de evaluación técnica y de autorización previo a la instalación de equipos; precisar la responsabilidad de la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) para exigir la presentación de certificaciones de capacidad eléctrica; establecer la responsabilidad de brindar el mantenimiento preventivo a dichos equipos; establecer la responsabilidad de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) para identificar fuentes de financiamiento para la adquisición de equipos; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (b) del Artículo 8.01 de la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de disponer para que el secretario del Departamento de Educación, junto con el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y el director ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos, promulguen política pública con respecto al problema del ruido y la acústica de los salones de clases de las escuelas públicas e implanten planes con la meta de mejorar su acústica interna y asegurarse de que los que sean construidos en el futuro, cumplan con los estándares desarrollados por la “American National Standard Acoustical Performance Criteria, Design Requirements and Guidelines for Schools”; y para otros fines relacionados.

Esta medida busca enmendar la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico (Ley 85-2018) para que el Secretario de Educación, junto con los secretarios de Recursos Naturales y Ambientales y el director de la Autoridad de Edificios Públicos, desarrollen e implementen una política pública. El objetivo es mejorar la acústica de los salones de clases en las escuelas públicas y asegurar que las nuevas construcciones cumplan con estándares acústicos internacionales (ANSI). Afecta directamente a las agencias gubernamentales implicadas y, en última instancia, a estudiantes y docentes al buscar un ambiente de aprendizaje más propicio.

Para ordenar al Departamento de Educación de Puerto Rico producir, dentro de un término de un (1) año, un informe sobre el estado térmico en las escuelas públicas.

Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de Educación de Puerto Rico a elaborar y presentar un informe detallado sobre las condiciones térmicas en las escuelas públicas. El informe deberá ser producido dentro de un plazo de un (1) año a partir de la aprobación de la medida, y debe documentar temperaturas, evaluar soluciones de aislamiento y energías renovables, analizar la infraestructura eléctrica y proponer métricas térmicas para futuros diseños y rehabilitaciones escolares.

Para establecer la obligatoriedad de los procesos de inspección y la notificación de resultados de los procesos de inspección de las estructuras de las instituciones de enseñanza; establecer un proceso de notificación de los resultados del proceso de inspección; disponer la responsabilidad del Secretario de Educación y de las instituciones de enseñanza privadas; establecer penalidades; y para otros fines relacionados.

La medida establece la obligatoriedad de realizar inspecciones estructurales periódicas cada tres (3) años a todas las instituciones de enseñanza, públicas y privadas, en Puerto Rico. Exige que los resultados de estas inspecciones sean notificados y publicados. Además, impone una nueva inspección antes de reanudar servicios educativos tras declararse un estado de emergencia por actividad sísmica. Se define la responsabilidad del Secretario de Educación y de las instituciones privadas, y se contemplan penalidades.