Qué propone
Esta Resolución Concurrente de la Cámara establece la Oficina Legislativa de Asistencia a Inmigrantes. La oficina proveerá asistencia psicológica, social, legal y coordinación de servicios gubernamentales a familiares e inmigrantes que hayan sido objeto de intervención por autoridades federales de inmigración. Los Presidentes del Senado y la Cámara nombrarán un Director para dirigir la oficina, quien tendrá amplias facultades administrativas y de personal. La oficina deberá presentar un informe anual a la Asamblea Legislativa.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
Esta Resolución Concurrente (R. Conc. de la C. 4) fue el 28 de enero de 2025 y está actualmente en la Comisión de Asuntos Internos de la Cámara de Representantes, tras su primera lectura el 3 de febrero de 2025.
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Última acción · 3 de febrero de 2025
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
“Para expresar el más enérgico rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a las políticas establecidas por el Presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, a través de la aprobación de un conjunto de Órdenes Ejecutivas que declaran la entrada de inmigrantes por las fronteras como una invasión, eliminan el carácter de santuarios de iglesias, escuelas y hospitales y promueven la deportación masiva con el auxilio de fuerzas militares; para consignar el repudio a cualquier propuesta para la utilización de recursos de Pueblo de Puerto Rico para la ejecución de dichas iniciativas, y para declarar nuestra solidaridad con las comunidades de inmigrantes en Puerto Rico ante la persecución que ya han iniciado las autoridades migratorias de los Estados Unidos.”
Esta Resolución Concurrente (R. Conc. del S. 4) expresa el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a políticas de inmigración del Presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, que catalogan la entrada de inmigrantes como invasión, eliminan el carácter de santuario de instituciones, y promueven deportaciones masivas. También repudia el uso de recursos de Puerto Rico para dichas iniciativas y declara solidaridad con las comunidades de inmigrantes en la isla ante lo que describe como persecución por autoridades migratorias federales. No crea derechos ni obligaciones, ni asigna fondos.
Para expresar el más enérgico rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a las políticas establecidas por el Presidente de Estados Unidos Donald J. Trump a través de la aprobación de un conjunto de Órdenes Ejecutivas que declaran la entrada de inmigrantes por las fronteras como una invasión, eliminan el carácter de santuarios de iglesias, escuelas y hospitales y promueven la deportación masiva con el auxilio de fuerzas militares; para consignar el repudio a cualquier propuesta para la utilización de recursos de Pueblo de Puerto Rico para la ejecución de dichas iniciativas, y para declarar nuestra solidaridad con las comunidades de inmigrantes en Puerto Rico ante la persecución que ya se ha iniciado por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos.
Esta Resolución Concurrente (R. Conc. de la C. 2) no crea ley ni impone obligaciones directas. Su propósito es expresar el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a políticas migratorias específicas del entonces Presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, incluyendo la declaración de 'invasión' en las fronteras, la eliminación de estatus de santuario para instituciones, y la promoción de deportaciones masivas. Además, la medida repudia el uso de recursos de Puerto Rico para ejecutar dichas políticas y declara solidaridad con las comunidades inmigrantes en la isla ante lo que describe como persecución por autoridades migratorias de EE.UU. Afecta principalmente la postura política de la Asamblea Legislativa y la comunicación de dicha postura a entidades federales y organizaciones comunitarias.
Para ordenar a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres actualizar el directorio de recursos y agencias gubernamentales que proveen asistencia a las víctimas de violencia doméstica, así como ordenar a las agencias gubernamentales incluir en sus portales el número de la línea de orientación a víctimas de violencia doméstica, y el enlace electrónico que redirija a los usuarios al directorio de recursos; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución Conjunta ordena a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) actualizar un directorio de recursos y agencias gubernamentales que asisten a víctimas de violencia doméstica. También exige a todas las agencias gubernamentales incluir en sus portales electrónicos el número de la línea de orientación a víctimas de violencia doméstica y un enlace directo al directorio de la OPM. La OPM tiene 90 días para actualizar el directorio, y las agencias tienen 90 días adicionales para implementar los enlaces y números en sus portales. La OPM deberá informar a la Asamblea Legislativa sobre sus gestiones.
Para establecer un albergue-hogar para mujeres maltratadas, adscrito al Departamento de la Familia, en la región geográfica que comprende los municipios propios del Distrito Representativo Núm. 16, Isabela, San Sebastián y Aguadilla; facultar al Departamento de la Familia para implementar esta ley; y para asignar fondos.
Esta Resolución Conjunta (RCC 400) establece un nuevo albergue-hogar para mujeres maltratadas, adscrito al Departamento de la Familia. El albergue se ubicará en la región geográfica que incluye los municipios de Isabela, San Sebastián y Aguadilla. La medida faculta al Departamento de la Familia para implementar la ley y asignar los fondos necesarios para su funcionamiento.
Para crear la Comisión Especial Conjunta de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico sobre Reforma Electoral, fijar sus deberes, funciones y facultades, asignar fondos, establecer su vigencia y disponer su organización.
La Resolución Concurrente de la Cámara 18 crea una Comisión Especial Conjunta de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico sobre Reforma Electoral. Esta comisión, compuesta por 20 legisladores (11 de la Cámara y 9 del Senado), tendrá la facultad de investigar, redactar y recomendar una nueva Ley Electoral. Se le asigna un presupuesto de $100,000 anuales y debe presentar su informe final con una propuesta de ley antes del 31 de diciembre de 2026. Afecta directamente a la Asamblea Legislativa al encargarle esta tarea y, en última instancia, a los ciudadanos al buscar mejorar el sistema electoral.
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