Para ordenar a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres actualizar el directorio de recursos y agencias gubernamentales que proveen asistencia a las víctimas de violencia doméstica, así como ordenar a las agencias gubernamentales incluir en sus portales el número de la línea de orientación a víctimas de violencia doméstica, y el enlace electrónico que redirija a los usuarios al directorio de recursos; y para otros fines relacionados.
Qué propone
Esta Resolución Conjunta ordena a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) actualizar un directorio de recursos y agencias gubernamentales que asisten a víctimas de violencia doméstica. También exige a todas las agencias gubernamentales incluir en sus portales electrónicos el número de la línea de orientación a víctimas de violencia doméstica y un enlace directo al directorio de la OPM. La OPM tiene 90 días para actualizar el directorio, y las agencias tienen 90 días adicionales para implementar los enlaces y números en sus portales. La OPM deberá informar a la Asamblea Legislativa sobre sus gestiones.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se inscribe en la historia de la fiscalización institucional de los derechos de la mujer y la respuesta gubernamental a la violencia de género, un tema que ha estado marcado por la presión cívica y la acción ejecutiva. La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), creada por la Ley 20-2001, ha sido el organismo encargado de velar por el cumplimiento de las políticas públicas en beneficio de la población femenina, y esta medida busca fortalecer su rol en la coordinación de recursos para víctimas de violencia doméstica.
En qué va
Esta Resolución Conjunta fue el 10 de septiembre de 2026 y referida a la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes. La medida es de autoría de la representante Wanda Del Valle Correa (PNP).
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Última acción · 14 de septiembre de 2026
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para asignar la suma de un millón quinientos mil dólares ($1,500,000), a ser distribuidos a organizaciones sin fines de lucro dedicadas a atender a sobrevivientes de violencia de género para que puedan garantizar sus operaciones administrativas y puedan brindar sus servicios de manera diligente, directa a sobrevivientes de violencia; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución Conjunta asigna $1,500,000 para organizaciones sin fines de lucro que atienden sobrevivientes de violencia de género. Los fondos se destinarán a gastos operacionales y administrativos, garantizando la continuidad y calidad de los servicios directos. La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) desarrollará las guías de distribución y supervisará el uso de los fondos, con informes requeridos a las entidades receptoras y a la Asamblea Legislativa.
Para establecer un albergue-hogar para mujeres maltratadas, adscrito al Departamento de la Familia, en la región geográfica que comprende los municipios propios del Distrito Representativo Núm. 16, Isabela, San Sebastián y Aguadilla; facultar al Departamento de la Familia para implementar esta ley; y para asignar fondos.
Esta Resolución Conjunta (RCC 400) establece un nuevo albergue-hogar para mujeres maltratadas, adscrito al Departamento de la Familia. El albergue se ubicará en la región geográfica que incluye los municipios de Isabela, San Sebastián y Aguadilla. La medida faculta al Departamento de la Familia para implementar la ley y asignar los fondos necesarios para su funcionamiento.
Para asignar la suma de un millón de dólares ($1,000,000), a ser distribuidos a las organizaciones que componen la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, para que puedan mantenerse operantes y ampliando sus servicios y alcance a las sobrevivientes de violencia; y para otros fines relacionados.
La Resolución Conjunta del Senado 11 (RCS 11) propone asignar un millón de dólares ($1,000,000) para ser distribuidos a las organizaciones que componen la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género. Estos fondos se destinarán a mantener operantes y ampliar los servicios y el alcance de dichas organizaciones para las sobrevivientes de violencia de género. La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) deberá identificar y consignar estos fondos para el Año Fiscal 2025-2026, y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), junto a la OGP, facilitará la distribución y desembolso, requiriendo un informe de uso a la Asamblea Legislativa para el 31 de diciembre de 2025.
Para ordenar a la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre el estado e implementación por parte de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, la Administración de Tribunales, el Departamento de la Vivienda y las organizaciones sin fines de lucro que ofrezcan servicios a víctimas sobrevivientes de violencia doméstica sobre el estado actual de acceso a vivienda segura o de traslado seguro a una vivienda, en cumplimiento con la "Violence Against Women Act" de 1994 y el programa estatal establecido bajo ésta; y para otros fines relacionados.
La resolución ordena a la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara investigar el acceso a vivienda segura y traslados seguros para sobrevivientes de violencia de pareja, y la implementación de la Violence Against Women Act y el programa estatal. Incluye a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, la Policía, Justicia, la Administración de Tribunales, Vivienda y organizaciones sin fines de lucro; exige un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de 180 días de aprobarse. No crea derechos a vivienda ni asigna fondos; la Exposición de Motivos menciona una subvención de $1,882,464 para 2025-2026 y distribuciones allí indicadas de 25% ($400,024) a la Policía, 25% ($400,024) a Justicia, 5% ($80,005) a Tribunales y 30% ($423,555) a organizaciones sin fines de lucro, pero la resolución no las asigna.
Para ordenar a la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre los servicios, el funcionamiento y la efectividad de los programas de desvío dirigidos a acusados de violencia doméstica; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 796 ordena a la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a llevar a cabo una investigación exhaustiva. El propósito es examinar los servicios, el funcionamiento y la efectividad de los programas de desvío dirigidos a personas acusadas de violencia doméstica. Esta medida busca recopilar información detallada sobre estos programas para evaluar su desempeño y posibles mejoras.
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