Para ordenar a la Comisión Conjunta de Programa Córdova y Fernós de Internados Congresionales, creado en virtud de la Ley Núm. 59 de 5 de agosto de 1993, según enmendada evaluar e identificar los fondos necesarios para aumentar el estipendio mensual de los participantes; y para otros fines relacionados.

“Para ordenarle al Departamento de Educación realizar, en colaboración con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, un estudio de análisis de costo que permita fijar parámetros generales sobre los costos reales y razonables en el mercado de los servicios educativos, relacionados y suplementarios que típicamente subcontrata la agencia cuando no cuenta con la opción de provisión directa, sin abandonar el principio rector de las necesidades individuales de cada estudiante o las variables asociadas a la inflación; establecer un sistema de monitoreo que permita fiscalizar el cumplimiento de las instituciones y proveedoras privadas a las que se les otorgan contratos de ubicación (o de provisión de servicios relacionados) desde la Secretaría Asociada de Educación Especial, en atención a las propuestas de servicios, los contratos convenidos y los Programas Educativos Individualizados; diseñar un mecanismo alterno para que las personas encargadas de menores que reciban servicios mediante el mecanismo de compra procuren los reembolsos a que son acreedoras, de manera que no tengan que identificarse o registrarse como proveedoras, cuando no lo son; y revisar sus procesos de contabilidad dirigidos a evaluar facturas y desembolsar pagos o reembolsos por concepto de compras de servicios de Educación Especial, así como la conciliación adecuada de facturas y desembolsos; y para establecer otras disposiciones complementarias.”

La Resolución Conjunta del Senado 55 ordena al Departamento de Educación (DE), en colaboración con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), realizar un estudio de análisis de costos para fijar parámetros sobre los gastos razonables de servicios educativos subcontratados. También busca establecer un sistema de monitoreo para fiscalizar a proveedores privados de Educación Especial, diseñar un mecanismo para que tutores obtengan reembolsos sin registrarse como proveedores, y revisar los procesos de contabilidad y desembolso de pagos por estos servicios. Afecta directamente al DE, AAFAF, proveedores privados y, fundamentalmente, a las familias y estudiantes que reciben servicios de Educación Especial.

Para expresar preocupación por parte de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico con el método utilizado y falta de atención, en el cálculo del Locality Pay realizado por United States Office of Personnel Management (OPM), en la jurisdicción de Puerto Rico y solicitar al Presidente Donald Trump, al Congreso de los Estados Unidos, así como a las agencias federales concernidas asistencia adicional, y garantizar los beneficios de los empleados federales en la Isla; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución Concurrente expresa la preocupación de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico sobre el método y la falta de atención en el cálculo del 'Locality Pay' (pago por ubicación) para empleados federales en la Isla, administrado por la Oficina de Administración de Personal de EE. UU. (OPM). Solicita al Presidente de EE. UU., al Congreso y a agencias federales asistencia adicional para garantizar que los empleados federales en Puerto Rico reciban beneficios equitativos, comparables a otras jurisdicciones de EE. UU. Afecta directamente a los más de 10,000 empleados federales en Puerto Rico y, de forma indirecta, al Gobierno de Puerto Rico por los posibles aumentos en ingresos tributarios.