Para crear la "Ley de Transparencia en la Venta de Boletos de Espectáculos Públicos"; enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 209-2016, conocida como "Ley para la Transparencia en el Recibo de Compra"; prohibir el cobro separado de cargos denominados "promoter fee" o tarifa del promotor a los consumidores; y para otros fines relacionados.

“Para enmendar la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”, a los fines de requerir un desglose detallado y transparente de todos los cargos adicionales en la venta de boletos para conciertos, obras teatrales, espectáculos deportivos y otros eventos similares en Puerto Rico, incluyendo, pero no limitándose a, cargos por servicio, cargos por mantenimiento, impuestos y cualquier otro cargo identificable, para garantizar la claridad y protección al consumidor; integrar las responsabilidades de los productores de espectáculos públicos conforme a la Ley Núm. 162 de 1996, según enmendada, y la Ley Núm. 113 de 2005, según enmendada; prohibir la inclusión de cargos por “infraestructura” o similares cuando las facilidades sean administradas de forma privada, obligando a los administradores y productores privados a absorber tales costos; y para otros fines relacionados.”

Esta medida enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para exigir un desglose detallado y transparente de todos los cargos adicionales en la venta de boletos para eventos en Puerto Rico. Prohíbe explícitamente la imposición de cargos por 'infraestructura' o similares cuando las facilidades sean administradas de forma privada, obligando a los administradores y productores privados a absorber dichos costos. Afecta directamente a los consumidores que compran boletos, a los productores de espectáculos y a los administradores privados de recintos.

Para crear la “Ley de Acceso Justo a Espectáculos y Eventos” (Ley AJEE); enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 182-1996, según enmendada, conocida como “Ley del Promotor de Espectáculos Públicos”; establecer penalidades escalonadas; promover la transparencia total en la fijación y divulgación de precios de boletos para eventos públicos, incluyendo aquellos presenciales, virtuales o híbridos; prohibir cargos adicionales no autorizados por ley tales como service fees, facility fees, promoter fees, cargos por procesamiento electrónico, call center o cualquier otro costo accesorio; regular el uso responsable de inteligencia artificial en la determinación de precios dinámicos, selección de asientos y prevención de fraudes; fortalecer los deberes de promotores y proveedores de plataformas de expendio de boletos; garantizar reembolsos integrales y automáticos en casos de cancelación; facultar al Departamento de Asuntos del Consumidor para auditar algoritmos, imponer sanciones y adoptar reglamentación innovadora; y proteger a los consumidores, especialmente grupos vulnerables como personas con discapacidades y menores, mediante prácticas equitativas y tecnologías de vanguardia.

Esta medida crea la "Ley de Acceso Justo a Espectáculos y Eventos" (Ley AJEE) y enmienda la Ley del Promotor de Espectáculos Públicos para exigir transparencia total en los precios de boletos, prohibiendo cargos adicionales no autorizados. Regula el uso de inteligencia artificial en la fijación de precios dinámicos y selección de asientos, y establece reembolsos automáticos por cancelación. Faculta al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para auditar algoritmos y sancionar, afectando a promotores, plataformas de venta de boletos y consumidores de eventos.

Para enmendar el Artículo 5 y añadir un inciso (c) al Artículo 6 de la Ley Núm. 182-1996, según enmendada, conocida como “Ley del Promotor de Espectáculos Públicos”, a los fines de disponer la devolución al consumidor de la totalidad de los cargos, incluyendo los cargos por servicios en la venta de boletos, Impuesto Sobre Ventas y Uso (IVU) y demás cargos sufragados por el consumidor como parte de la compra de boletos cuando los espectáculos hayan sido suspendidos o cancelados; imponer la obligación al promotor de reembolsar dichos cargos al consumidor; y establecer una multa administrativa por incumplimiento del promotor con sus obligación de reembolso en casos de suspensión o cancelación de espectáculos públicos y los términos y condiciones establecidos para ello, entre otros fines.

Esta medida enmienda la Ley del Promotor de Espectáculos Públicos (Ley 182-1996) para obligar a los promotores a reembolsar la totalidad de los cargos pagados por el consumidor al comprar boletos, incluyendo cargos por servicio, IVU y otros, cuando un espectáculo sea suspendido o cancelado. Se establece un plazo de 15 días para realizar dicho reembolso y se impone una multa administrativa por incumplimiento. Afecta directamente a los consumidores que adquieren boletos y a los promotores de espectáculos públicos.