Para enmendar el Artículo 5 y añadir un inciso (c) al Artículo 6 de la Ley Núm. 182-1996, según enmendada, conocida como “Ley del Promotor de Espectáculos Públicos”, a los fines de disponer la devolución al consumidor de la totalidad de los cargos, incluyendo los cargos por servicios en la venta de boletos, Impuesto Sobre Ventas y Uso (IVU) y demás cargos sufragados por el consumidor como parte de la compra de boletos cuando los espectáculos hayan sido suspendidos o cancelados; imponer la obligación al promotor de reembolsar dichos cargos al consumidor; y establecer una multa administrativa por incumplimiento del promotor con sus obligación de reembolso en casos de suspensión o cancelación de espectáculos públicos y los términos y condiciones establecidos para ello, entre otros fines.

Para crear la "Ley de Transparencia en la Venta de Boletos de Espectáculos Públicos"; enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 209-2016, conocida como "Ley para la Transparencia en el Recibo de Compra"; prohibir el cobro separado de cargos denominados "promoter fee" o tarifa del promotor a los consumidores; y para otros fines relacionados.

Esta medida crea la 'Ley de Transparencia en la Venta de Boletos de Espectáculos Públicos' y enmienda la Ley Núm. 209-2016. Prohíbe explícitamente que promotores, organizadores o vendedores de boletos cobren a los consumidores una tarifa separada conocida como 'promoter fee' o tarifa de promotor. Cualquier costo administrativo o de gestión del promotor deberá estar integrado en el precio base del boleto. Afecta directamente a los consumidores, quienes ya no verán este cargo desglosado, y a los promotores/organizadores, quienes deberán absorber estos costos. El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) tendrá la facultad de fiscalizar y multar hasta $50,000 por infracción.

Para enmendar las Secciones 4010.01 y 6080.15 de la Ley 1-2011, según enmendada conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”; para enmendar el Artículo 4 de la Ley 182-1996, según enmendada, conocida como “Ley del Promotor de Espectáculos Públicos”; y para otros fines relacionados.

La medida busca eliminar el requisito de 'refrendo' para la venta de boletos de espectáculos públicos a partir del 30 de junio de 2026. Esto se logra al enmendar el Código de Rentas Internas de Puerto Rico (Ley 1-2011) y la Ley del Promotor de Espectáculos Públicos (Ley 182-1996). El cambio afecta directamente a promotores de espectáculos, artistas independientes, gestores comunitarios, organizaciones sin fines de lucro y al Departamento de Hacienda, simplificando trámites y liberando flujos de efectivo.

“Para enmendar la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”, a los fines de requerir un desglose detallado y transparente de todos los cargos adicionales en la venta de boletos para conciertos, obras teatrales, espectáculos deportivos y otros eventos similares en Puerto Rico, incluyendo, pero no limitándose a, cargos por servicio, cargos por mantenimiento, impuestos y cualquier otro cargo identificable, para garantizar la claridad y protección al consumidor; integrar las responsabilidades de los productores de espectáculos públicos conforme a la Ley Núm. 162 de 1996, según enmendada, y la Ley Núm. 113 de 2005, según enmendada; prohibir la inclusión de cargos por “infraestructura” o similares cuando las facilidades sean administradas de forma privada, obligando a los administradores y productores privados a absorber tales costos; y para otros fines relacionados.”

Esta medida enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para exigir un desglose detallado y transparente de todos los cargos adicionales en la venta de boletos para eventos en Puerto Rico. Prohíbe explícitamente la imposición de cargos por 'infraestructura' o similares cuando las facilidades sean administradas de forma privada, obligando a los administradores y productores privados a absorber dichos costos. Afecta directamente a los consumidores que compran boletos, a los productores de espectáculos y a los administradores privados de recintos.