Para crear la “Ley de Acceso Justo a Espectáculos y Eventos” (Ley AJEE); enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 182-1996, según enmendada, conocida como “Ley del Promotor de Espectáculos Públicos”; establecer penalidades escalonadas; promover la transparencia total en la fijación y divulgación de precios de boletos para eventos públicos, incluyendo aquellos presenciales, virtuales o híbridos; prohibir cargos adicionales no autorizados por ley tales como service fees, facility fees, promoter fees, cargos por procesamiento electrónico, call center o cualquier otro costo accesorio; regular el uso responsable de inteligencia artificial en la determinación de precios dinámicos, selección de asientos y prevención de fraudes; fortalecer los deberes de promotores y proveedores de plataformas de expendio de boletos; garantizar reembolsos integrales y automáticos en casos de cancelación; facultar al Departamento de Asuntos del Consumidor para auditar algoritmos, imponer sanciones y adoptar reglamentación innovadora; y proteger a los consumidores, especialmente grupos vulnerables como personas con discapacidades y menores, mediante prácticas equitativas y tecnologías de vanguardia.

Para crear la "Ley de Transparencia en la Venta de Boletos de Espectáculos Públicos"; enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 209-2016, conocida como "Ley para la Transparencia en el Recibo de Compra"; prohibir el cobro separado de cargos denominados "promoter fee" o tarifa del promotor a los consumidores; y para otros fines relacionados.

Esta medida crea la 'Ley de Transparencia en la Venta de Boletos de Espectáculos Públicos' y enmienda la Ley Núm. 209-2016. Prohíbe explícitamente que promotores, organizadores o vendedores de boletos cobren a los consumidores una tarifa separada conocida como 'promoter fee' o tarifa de promotor. Cualquier costo administrativo o de gestión del promotor deberá estar integrado en el precio base del boleto. Afecta directamente a los consumidores, quienes ya no verán este cargo desglosado, y a los promotores/organizadores, quienes deberán absorber estos costos. El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) tendrá la facultad de fiscalizar y multar hasta $50,000 por infracción.

Para establecer la “Ley de Transparencia en la Venta de Boletos para Espectáculos Públicos de Puerto Rico” y enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 182-1996, según enmendada, conocida como “Ley del Promotor de Espectáculos Públicos”, a los fines de establecer normas de transparencia y prácticas justas en la industria de venta de boletos para espectáculos públicos en Puerto Rico, establecer los deberes de promotores y proveedores del servicio de venta y expendio de boletos hacia los consumidores, prohibir la reventa de boletos de espectáculos públicos, establecer las facultades del Departamento de Asuntos del Consumidor, velar por la protección de los consumidores y para otros fines relacionados.

Esta medida propone crear la 'Ley de Transparencia en la Venta de Boletos para Espectáculos Públicos de Puerto Rico' y enmendar la Ley del Promotor de Espectáculos Públicos. Busca establecer normas de transparencia y prácticas justas en la venta de boletos, definir deberes para promotores y vendedores hacia los consumidores, prohibir la reventa de boletos de espectáculos públicos y otorgar facultades al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para proteger a los consumidores.

Para enmendar el Artículo 5 de la Ley 182-1996, según enmendada, conocida como “Ley del Promotor de Espectáculos Públicos”, así como el Artículo 3 de la Ley 209-2016, según enmendada, conocida como “Ley para la Transparencia en el Recibo de Compra”, a los fines de disponer expresamente que, ante la suspensión o cancelación de cualquier festividad, evento público, cultural, artístico, recreativo y/o turístico, el consumidor tendrá derecho al reembolso total de la suma pagada por concepto de boletos, cargos por servicio, manejo u otros costos asociados, dentro de un término no mayor de quince (15) días; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley 182-1996 y la Ley 209-2016 para garantizar que, ante la suspensión o cancelación de cualquier evento público (cultural, artístico, recreativo, turístico), los consumidores tengan derecho a un reembolso total de boletos, cargos por servicio, manejo u otros costos asociados. Este reembolso deberá efectuarse en un plazo máximo de quince (15) días. La ley también especifica que los recibos de compra deberán reflejar este derecho y el plazo, y que los promotores deben notificar la suspensión y ofrecer facilidades para solicitar el reembolso.