Para enmendar la Ley Núm. 209-2016, según enmendada, conocida como “Ley para la Transparencia en el Recibo de Compra”, a los fines de aclarar su Artículo 3 actual y prohibir expresamente la imposición y transferencia al consumidor de cargos denominados “promoter fee” o cualquier cargo análogo no optativo; y para otros fines relacionados.
Qué propone
El P. del S. 904 la Ley Núm. 209-2016 para prohibir explícitamente que los promotores o organizadores de eventos cobren al consumidor cargos adicionales no optativos, como el 'promoter fee', o cualquier cargo análogo. Estos costos, que incluyen gastos operacionales, administrativos, financieros, de compensación o de riesgo empresarial, deberán ser incorporados en el precio total del boleto anunciado desde el inicio del proceso de venta. Afecta principalmente a consumidores de boletos para eventos de entretenimiento y a la industria de la promoción y venta de espectáculos.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
La medida, P. del S. 904, fue el 9 de enero de 2026 y apareció en Primera Lectura del Senado el 12 de enero de 2026, siendo referida a Comisión. Se menciona una medida relacionada, PS 903, el 22 de junio de 2026.
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Última acción · 22 de junio de 2026
Ver PS 903 Medida
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para crear la “Ley de Acceso Justo a Espectáculos y Eventos” (Ley AJEE); enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 182-1996, según enmendada, conocida como “Ley del Promotor de Espectáculos Públicos”; establecer penalidades escalonadas; promover la transparencia total en la fijación y divulgación de precios de boletos para eventos públicos, incluyendo aquellos presenciales, virtuales o híbridos; prohibir cargos adicionales no autorizados por ley tales como service fees, facility fees, promoter fees, cargos por procesamiento electrónico, call center o cualquier otro costo accesorio; regular el uso responsable de inteligencia artificial en la determinación de precios dinámicos, selección de asientos y prevención de fraudes; fortalecer los deberes de promotores y proveedores de plataformas de expendio de boletos; garantizar reembolsos integrales y automáticos en casos de cancelación; facultar al Departamento de Asuntos del Consumidor para auditar algoritmos, imponer sanciones y adoptar reglamentación innovadora; y proteger a los consumidores, especialmente grupos vulnerables como personas con discapacidades y menores, mediante prácticas equitativas y tecnologías de vanguardia.
La medida crea la Ley de Acceso Justo a Espectáculos y Eventos (Ley AJEE) y enmienda la Ley del Promotor de Espectáculos Públicos (Ley 182-1996) y la Ley para la Transparencia en el Recibo de Compra (Ley 209-2016). Establece que ante la cancelación o suspensión de eventos, los consumidores recibirán reembolso total de boletos y cargos asociados en un plazo máximo de 15 días. Impone requisitos de notificación a los promotores y faculta al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para fiscalizar y sancionar. Afecta directamente a consumidores de eventos, promotores, y plataformas de venta de boletos.
“Para enmendar la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”, a los fines de requerir un desglose detallado y transparente de todos los cargos adicionales en la venta de boletos para conciertos, obras teatrales, espectáculos deportivos y otros eventos similares en Puerto Rico, incluyendo, pero no limitándose a, cargos por servicio, cargos por mantenimiento, impuestos y cualquier otro cargo identificable, para garantizar la claridad y protección al consumidor; integrar las responsabilidades de los productores de espectáculos públicos conforme a la Ley Núm. 162 de 1996, según enmendada, y la Ley Núm. 113 de 2005, según enmendada; prohibir la inclusión de cargos por “infraestructura” o similares cuando las facilidades sean administradas de forma privada, obligando a los administradores y productores privados a absorber tales costos; y para otros fines relacionados.”
El P. del S. 823 habría enmendado la Ley Núm. 5-1973 para exigir que vendedores y plataformas desglosaran los cargos de boletos al ofrecerlos y en el recibo, incluyendo precio base, tarifas, impuestos y otros cargos. Habría limitado la tarifa de servicio al 10% del precio base, salvo justificación documentada ante DACO y el Registro de Promotores Artísticos, y prohibido cobrar cargos de mantenimiento o infraestructura cuando el local fuera administrado privadamente; en locales de administración pública directa, el cargo requeriría evidencia de que se destina a fondos públicos para infraestructura. También habría requerido cláusulas de cumplimiento en contratos y reportes anuales de incidencias, fijado multas de $500 a $5,000 por infracción y ordenado reglamentos en 90 días; la ley comenzaría a regir 90 días después de aprobarse. El proyecto añade un Artículo 10-A, pero la Ley Núm. 5 ya contiene un Artículo 10-A sobre el término para resolver querellas.
Para enmendar los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley 209-2016, conocida como “Ley para la transparencia en el recibo de compra”, con el propósito de aclarar sus disposiciones, incorporar nuevas definiciones y establecer las instancias en que procederá el cobro de cargos por servicio; añadir unos nuevos Artículos 5 y 6 para permitir el uso de un rótulo que certifique el cumplimiento con las leyes y reglamentos de Puerto Rico; reenumerar los artículos 6, 7, 8, 9 y 10, como los artículos 8, 9, 10, 11 y 12, respectivamente; y para otros fines relacionados.
El P. del S. 235, retirado por su autor, buscaba enmendar la Ley 209-2016 para aclarar disposiciones sobre cargos por servicio, permitiendo su cobro si son solicitados y corroborables por el consumidor, y para crear un rótulo único de 'Certificación de Cumplimiento con las Leyes y Reglamentos de Puerto Rico'. Afectaría a todos los establecimientos comerciales y a los consumidores en Puerto Rico, modificando la forma en que se informan y cobran ciertos servicios adicionales y cómo se comunican los cumplimientos regulatorios.
Para enmendar el Artículo 5 de la Ley 182-1996, según enmendada, conocida como “Ley del Promotor de Espectáculos Públicos”, así como el Artículo 3 de la Ley 209-2016, según enmendada, conocida como “Ley para la Transparencia en el Recibo de Compra”, a los fines de disponer expresamente que, ante la suspensión o cancelación de cualquier festividad, evento público, cultural, artístico, recreativo y/o turístico, el consumidor tendrá derecho al reembolso total de la suma pagada por concepto de boletos, cargos por servicio, manejo u otros costos asociados, dentro de un término no mayor de quince (15) días; y para otros fines relacionados.
El P. del S. 1058 propone enmendar la Ley 182-1996 (Promotor de Espectáculos Públicos) y la Ley 209-2016 (Transparencia en el Recibo de Compra). Busca garantizar que, ante la suspensión o cancelación de eventos públicos (culturales, artísticos, recreativos, turísticos), el consumidor reciba el reembolso total de boletos, cargos por servicio, manejo u otros costos asociados dentro de un plazo máximo de 15 días. Afecta directamente a consumidores que adquieren boletos y a promotores/organizadores de espectáculos públicos.
Para establecer la “Ley de Transparencia en la Venta de Boletos para Espectáculos Públicos de Puerto Rico” y enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 182-1996, según enmendada, conocida como “Ley del Promotor de Espectáculos Públicos”, a los fines de establecer normas de transparencia y prácticas justas en la industria de venta de boletos para espectáculos públicos en Puerto Rico, establecer los deberes de promotores y proveedores del servicio de venta y expendio de boletos hacia los consumidores, prohibir la reventa de boletos de espectáculos públicos, establecer las facultades del Departamento de Asuntos del Consumidor, velar por la protección de los consumidores y para otros fines relacionados.
La medida establece la 'Ley de Transparencia en la Venta de Boletos para Espectáculos Públicos de Puerto Rico' y enmienda la Ley del Promotor de Espectáculos Públicos (Ley 182-1996). Crea normas de transparencia, deberes para promotores y vendedores, prohíbe la reventa de boletos y otorga facultades al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). Afecta a consumidores, promotores y compañías expendedoras de boletos.
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