Para enmendar la Ley Núm. 209-2016, según enmendada, conocida como “Ley para la Transparencia en el Recibo de Compra”, a los fines de aclarar su Artículo 3 actual y prohibir expresamente la imposición y transferencia al consumidor de cargos denominados “promoter fee” o cualquier cargo análogo no optativo; y para otros fines relacionados.

“Para enmendar la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”, a los fines de requerir un desglose detallado y transparente de todos los cargos adicionales en la venta de boletos para conciertos, obras teatrales, espectáculos deportivos y otros eventos similares en Puerto Rico, incluyendo, pero no limitándose a, cargos por servicio, cargos por mantenimiento, impuestos y cualquier otro cargo identificable, para garantizar la claridad y protección al consumidor; integrar las responsabilidades de los productores de espectáculos públicos conforme a la Ley Núm. 162 de 1996, según enmendada, y la Ley Núm. 113 de 2005, según enmendada; prohibir la inclusión de cargos por “infraestructura” o similares cuando las facilidades sean administradas de forma privada, obligando a los administradores y productores privados a absorber tales costos; y para otros fines relacionados.”

Esta medida enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para exigir un desglose detallado y transparente de todos los cargos adicionales en la venta de boletos para eventos en Puerto Rico. Prohíbe explícitamente la imposición de cargos por 'infraestructura' o similares cuando las facilidades sean administradas de forma privada, obligando a los administradores y productores privados a absorber dichos costos. Afecta directamente a los consumidores que compran boletos, a los productores de espectáculos y a los administradores privados de recintos.

Para crear la “Ley de Acceso Justo a Espectáculos y Eventos” (Ley AJEE); enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 182-1996, según enmendada, conocida como “Ley del Promotor de Espectáculos Públicos”; establecer penalidades escalonadas; promover la transparencia total en la fijación y divulgación de precios de boletos para eventos públicos, incluyendo aquellos presenciales, virtuales o híbridos; prohibir cargos adicionales no autorizados por ley tales como service fees, facility fees, promoter fees, cargos por procesamiento electrónico, call center o cualquier otro costo accesorio; regular el uso responsable de inteligencia artificial en la determinación de precios dinámicos, selección de asientos y prevención de fraudes; fortalecer los deberes de promotores y proveedores de plataformas de expendio de boletos; garantizar reembolsos integrales y automáticos en casos de cancelación; facultar al Departamento de Asuntos del Consumidor para auditar algoritmos, imponer sanciones y adoptar reglamentación innovadora; y proteger a los consumidores, especialmente grupos vulnerables como personas con discapacidades y menores, mediante prácticas equitativas y tecnologías de vanguardia.

Esta medida crea la "Ley de Acceso Justo a Espectáculos y Eventos" (Ley AJEE) y enmienda la Ley del Promotor de Espectáculos Públicos para exigir transparencia total en los precios de boletos, prohibiendo cargos adicionales no autorizados. Regula el uso de inteligencia artificial en la fijación de precios dinámicos y selección de asientos, y establece reembolsos automáticos por cancelación. Faculta al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para auditar algoritmos y sancionar, afectando a promotores, plataformas de venta de boletos y consumidores de eventos.

Para enmendar el Artículo 5 de la Ley 182-1996, según enmendada, conocida como “Ley del Promotor de Espectáculos Públicos”, así como el Artículo 3 de la Ley 209-2016, según enmendada, conocida como “Ley para la Transparencia en el Recibo de Compra”, a los fines de disponer expresamente que, ante la suspensión o cancelación de cualquier festividad, evento público, cultural, artístico, recreativo y/o turístico, el consumidor tendrá derecho al reembolso total de la suma pagada por concepto de boletos, cargos por servicio, manejo u otros costos asociados, dentro de un término no mayor de quince (15) días; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley 182-1996 y la Ley 209-2016 para garantizar que, ante la suspensión o cancelación de cualquier evento público (cultural, artístico, recreativo, turístico), los consumidores tengan derecho a un reembolso total de boletos, cargos por servicio, manejo u otros costos asociados. Este reembolso deberá efectuarse en un plazo máximo de quince (15) días. La ley también especifica que los recibos de compra deberán reflejar este derecho y el plazo, y que los promotores deben notificar la suspensión y ofrecer facilidades para solicitar el reembolso.