“Para enmendar la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”, a los fines de requerir un desglose detallado y transparente de todos los cargos adicionales en la venta de boletos para conciertos, obras teatrales, espectáculos deportivos y otros eventos similares en Puerto Rico, incluyendo, pero no limitándose a, cargos por servicio, cargos por mantenimiento, impuestos y cualquier otro cargo identificable, para garantizar la claridad y protección al consumidor; integrar las responsabilidades de los productores de espectáculos públicos conforme a la Ley Núm. 162 de 1996, según enmendada, y la Ley Núm. 113 de 2005, según enmendada; prohibir la inclusión de cargos por “infraestructura” o similares cuando las facilidades sean administradas de forma privada, obligando a los administradores y productores privados a absorber tales costos; y para otros fines relacionados.”

Para crear la “Ley de Acceso Justo a Espectáculos y Eventos” (Ley AJEE); enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 182-1996, según enmendada, conocida como “Ley del Promotor de Espectáculos Públicos”; establecer penalidades escalonadas; promover la transparencia total en la fijación y divulgación de precios de boletos para eventos públicos, incluyendo aquellos presenciales, virtuales o híbridos; prohibir cargos adicionales no autorizados por ley tales como service fees, facility fees, promoter fees, cargos por procesamiento electrónico, call center o cualquier otro costo accesorio; regular el uso responsable de inteligencia artificial en la determinación de precios dinámicos, selección de asientos y prevención de fraudes; fortalecer los deberes de promotores y proveedores de plataformas de expendio de boletos; garantizar reembolsos integrales y automáticos en casos de cancelación; facultar al Departamento de Asuntos del Consumidor para auditar algoritmos, imponer sanciones y adoptar reglamentación innovadora; y proteger a los consumidores, especialmente grupos vulnerables como personas con discapacidades y menores, mediante prácticas equitativas y tecnologías de vanguardia.

La medida crea la Ley de Acceso Justo a Espectáculos y Eventos (Ley AJEE) y enmienda la Ley del Promotor de Espectáculos Públicos (Ley 182-1996) y la Ley para la Transparencia en el Recibo de Compra (Ley 209-2016). Establece que ante la cancelación o suspensión de eventos, los consumidores recibirán reembolso total de boletos y cargos asociados en un plazo máximo de 15 días. Impone requisitos de notificación a los promotores y faculta al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para fiscalizar y sancionar. Afecta directamente a consumidores de eventos, promotores, y plataformas de venta de boletos.

Para enmendar la Ley Núm. 209-2016, según enmendada, conocida como “Ley para la Transparencia en el Recibo de Compra”, a los fines de aclarar su Artículo 3 actual y prohibir expresamente la imposición y transferencia al consumidor de cargos denominados “promoter fee” o cualquier cargo análogo no optativo; y para otros fines relacionados.

El P. del S. 904 enmienda la Ley Núm. 209-2016 para prohibir explícitamente que los promotores o organizadores de eventos cobren al consumidor cargos adicionales no optativos, como el 'promoter fee', o cualquier cargo análogo. Estos costos, que incluyen gastos operacionales, administrativos, financieros, de compensación o de riesgo empresarial, deberán ser incorporados en el precio total del boleto anunciado desde el inicio del proceso de venta. Afecta principalmente a consumidores de boletos para eventos de entretenimiento y a la industria de la promoción y venta de espectáculos.

Para crear la “Ley para Reglamentar la Práctica de Reventa de Boletos de Eventos y Espectáculos Públicos en Puerto Rico”; establecer las responsabilidades del Departamento de Asuntos del Consumidor para cumplir con las disposiciones de esta Ley; establecer prohibiciones y penalidades; y para otros fines relacionados.

El Proyecto del Senado 122 buscaba crear la Ley para Reglamentar la Práctica de Reventa de Boletos de Eventos y Espectáculos Públicos en Puerto Rico. Su objetivo era establecer protecciones para los consumidores y parámetros para las compañías de venta de boletos, asignando responsabilidades al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para su cumplimiento, e incluyendo prohibiciones y penalidades.

Para establecer la “Ley de Transparencia en la Venta de Boletos para Espectáculos Públicos de Puerto Rico” y enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 182-1996, según enmendada, conocida como “Ley del Promotor de Espectáculos Públicos”, a los fines de establecer normas de transparencia y prácticas justas en la industria de venta de boletos para espectáculos públicos en Puerto Rico, establecer los deberes de promotores y proveedores del servicio de venta y expendio de boletos hacia los consumidores, prohibir la reventa de boletos de espectáculos públicos, establecer las facultades del Departamento de Asuntos del Consumidor, velar por la protección de los consumidores y para otros fines relacionados.

La medida establece la 'Ley de Transparencia en la Venta de Boletos para Espectáculos Públicos de Puerto Rico' y enmienda la Ley del Promotor de Espectáculos Públicos (Ley 182-1996). Crea normas de transparencia, deberes para promotores y vendedores, prohíbe la reventa de boletos y otorga facultades al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). Afecta a consumidores, promotores y compañías expendedoras de boletos.

Para enmendar el Artículo 5 de la Ley 182-1996, según enmendada, conocida como “Ley del Promotor de Espectáculos Públicos”, así como el Artículo 3 de la Ley 209-2016, según enmendada, conocida como “Ley para la Transparencia en el Recibo de Compra”, a los fines de disponer expresamente que, ante la suspensión o cancelación de cualquier festividad, evento público, cultural, artístico, recreativo y/o turístico, el consumidor tendrá derecho al reembolso total de la suma pagada por concepto de boletos, cargos por servicio, manejo u otros costos asociados, dentro de un término no mayor de quince (15) días; y para otros fines relacionados.

El P. del S. 1058 propone enmendar la Ley 182-1996 (Promotor de Espectáculos Públicos) y la Ley 209-2016 (Transparencia en el Recibo de Compra). Busca garantizar que, ante la suspensión o cancelación de eventos públicos (culturales, artísticos, recreativos, turísticos), el consumidor reciba el reembolso total de boletos, cargos por servicio, manejo u otros costos asociados dentro de un plazo máximo de 15 días. Afecta directamente a consumidores que adquieren boletos y a promotores/organizadores de espectáculos públicos.