Qué propone
Esta medida establece la "Ley para Declarar un Estado de Emergencia por Violencia Infantil en Puerto Rico" por un periodo de tres (3) años. Busca mejorar la respuesta institucional a la violencia infantil mediante la asignación de deberes específicos y la creación de protocolos para agencias como el Departamento de la Familia, Justicia, Seguridad Pública y Educación. Se ordena la recopilación y publicación de estadísticas unificadas, la revisión de salarios para trabajadores sociales y la priorización de casos de tortura y menores desaparecidos, afectando directamente a las agencias gubernamentales, el sistema judicial y, en última instancia, a los menores en riesgo y sus familias.
Pros
Contras
Intereses en juego
📜 Perspectiva histórica
Esta medida se inscribe en la historia de la respuesta gubernamental a la violencia contra poblaciones vulnerables, como la declaración de estado de emergencia por violencia de género en 2021. Ambos casos reflejan la presión cívica para que el gobierno declare emergencias y coordine esfuerzos multisectoriales para abordar crisis sociales que afectan a menores y mujeres. La medida busca replicar este modelo de acción ejecutiva para la violencia infantil, enfrentando retos similares en la implementación y la asignación de recursos.
En qué va
La medida, P. de la C. 1108, fue el 4 de febrero de 2026 y referida a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes el 5 de febrero de 2026, tras su primera lectura.
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Última acción · 5 de febrero de 2026
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto, encontradas por significado (no solo por palabras).
Para añadir un nuevo Artículo 1, enmendar y renumerar los actuales Artículos 1 y 2 como nuevos Artículos 2 y 3 respectivamente, así como renumerar los actuales Artículos 3, 4 y 5 como nuevos Artículos 4, 5 y 6 de la Ley 185-2018, conocida como “Ley del Foro Anual para la Prevención y Combate de la Delincuencia Juvenil”, a los fines de enmendar su título, ampliar el alcance de dicho Foro Anual de la Asamblea Legislativa para que su celebración se extienda a toda la segunda semana de agosto de cada año, incluir expresamente el abuso o maltrato de menores dentro del proceso de discusión informada que este Foro mandata y añadir a los municipios, el Departamento de Educación, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Familia, el Departamento de Justicia, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Oficina de la Administración de Tribunales, entre otros, como participantes del mismo, con el propósito de identificar ajustes o cambios a los esfuerzos interagenciales y municipales de programas en uso y las enmiendas necesarias al marco legal vigente en Puerto Rico sobre estos temas fundamentales; y para otros fines relacionados.”
El Proyecto de la Cámara 1106 enmienda la Ley 185-2018 para renombrar el Foro Anual para la Prevención y Combate de la Delincuencia Juvenil y ampliar su alcance para incluir expresamente el abuso y maltrato de menores. Extiende la celebración del foro de un día a toda la segunda semana de agosto y formaliza la participación de múltiples agencias gubernamentales (Educación, Familia, Justicia, Corrección, Policía, Administración de Tribunales) y municipios. Su objetivo es identificar ajustes a esfuerzos interagenciales y municipales, y proponer enmiendas legales necesarias sobre estos temas.
Para crear la “Ley de Prioridad en el Restablecimiento de Servicios Esenciales para Hogares Sustitutos y de Transición”; establecer como política pública del Gobierno de Puerto Rico que los hogares sustitutos y de transición bajo la supervisión del Departamento de la familia sean incluidos como prioridad en los planes de restablecimiento de los servicios esenciales luego de una emergencia o desastre; y para otros fines relacionados.
La medida crea la 'Ley de Prioridad en el Restablecimiento de Servicios Esenciales para Hogares Sustitutos y de Transición'. Establece como política pública que los hogares sustitutos y de transición supervisados por el Departamento de la Familia (DF) sean considerados prioritarios en la restauración de servicios esenciales (agua, electricidad, telefonía, data) tras emergencias. Requiere que la AEE, LUMA Energy, AAA y compañías de telecomunicaciones desarrollen mecanismos de coordinación y planificación con el DF, mantengan registros actualizados de estas instalaciones y modifiquen sus reglamentos para cumplir con esta prioridad, equiparándolos a hospitales y otras instalaciones críticas.
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