Para enmendar el Artículo 2.08 de la Ley Núm. 158 2015, según enmendada, conocida como la “Ley de la Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado…

Contras

• •La Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI) advirtió que asumir la función de certificar establecimientos requeriría recursos humanos y fiscales significativos que actualmente no posee, estimando un costo anual en nómina de entre $3.1 y $9.3 millones para contratar entre 100 y 300 intercesores adicionales, sin contar otros gastos operacionales.
• •La DPI expresó preocupación por un potencial conflicto de interés al tener que actuar simultáneamente como certificadora de accesibilidad y como entidad fiscalizadora que atiende querellas sobre barreras arquitectónicas, lo que podría afectar la transparencia y su imparcialidad.
• •La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) señaló que la medida carece de precisión en términos como 'mejor criterio informado' y 'cumplimiento sustancial', lo que podría generar cuestionamientos sobre la aplicación del programa y la discrecionalidad del Defensor, además de advertir que un distintivo no sustituye la fiscalización ni la inversión necesaria para eliminar barreras físicas.
• •La OGP concluyó que la medida no es fiscalmente saludable, ya que los gastos asociados no están contemplados en el presupuesto vigente ni en el del año fiscal 2026-2027, y la DPI no puede cobrar aranceles por sus servicios para sufragar los costos del programa.