Para establecer la “Oficina de Bienestar Social y Familiar del Estudiante” adscrita al Departamento de Educación, para la detección temprana y prevención de la deserción escolar; establecer protocolos de intervención en casos de ausentismo escolar, maltrato familiar y violencia intrafamiliar; facilitar la coordinación interagencial para el bienestar estudiantil; y para otros fines relacionados.

Para establecer la “Ley para la Protección Integral de la Dignidad, Higiene y Desarrollo de los Niños en Programas de Educación Temprana”; y para otros fines relacionados

La medida crea la "Ley para la Protección Integral de la Dignidad, Higiene y Desarrollo de los Niños en Programas de Educación Temprana" (PC 1154). Establece normas obligatorias para programas de educación temprana (3-6 años), públicos y privados, enfocándose en garantizar la higiene personal, el respeto a la dignidad y el bienestar físico-emocional de los menores. Crea una "Unidad de Fiscalización de Higiene y Dignidad Infantil" dentro de ACUDEN para investigar quejas, monitorear cumplimiento y aplicar sanciones progresivas, complementando la Ley 173-2016 y la Ley 57-2023.

Para crear la “Ley del Programa de Concienciación y Prevención del Delito en las Escuelas”, con el fin de establecer un programa educativo compulsorio para estudiantes de escuela superior, dirigido a ofrecer conferencias y experiencias inmersivas sobre la violencia escolar y las consecuencias de incurrir en actividades delictivas, con la participación de jueces, fiscales, confinados y abogados de la defensa.

La medida propone crear la "Ley del Programa de Concienciación y Prevención del Delito en las Escuelas" (PCPDE), adscrito al Departamento de Educación. Establece un programa educativo compulsorio para todos los estudiantes de escuela superior (grados 9 al 12) que será un requisito para la graduación. El programa incluirá charlas y conferencias con profesionales del sistema de justicia penal y testimonios de confinados/exconfinados, así como posibles visitas a instituciones correccionales y tribunales.

Para requerir que todo estudiante menor de dieciocho (18) años de edad que haya cometido, de forma violenta, una falta clasificada como Falta Clase II o Falta Clase III por la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico”, dentro de un plantel escolar, ya sea de una escuela pública o privada, participe de forma compulsoria en un programa de rehabilitación conductual.

El Proyecto de la Cámara 1185 propone requerir que todo estudiante menor de 18 años que cometa una falta violenta clasificada como Clase II o III bajo la Ley de Menores de Puerto Rico dentro de un plantel escolar (público o privado) participe compulsoriamente en un programa de rehabilitación conductual. La Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (ASSMCA) tendrá 180 días para establecer dicho programa, con la colaboración del Departamento de Educación y la Escuela de Trabajo Social de la UPR. Los padres o tutores que se nieguen a la participación del menor sin justa causa serán referidos a las autoridades por negligencia. Profesionales de la salud deberán rendir informes mensuales de progreso al Tribunal de Menores. También se permite la referencia preventiva de estudiantes con signos de comportamiento agresivo.