Para requerir que todo estudiante menor de dieciocho (18) años de edad que haya cometido, de forma violenta, una falta clasificada como Falta Clase II o Falta Clase III por la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico”, dentro de un plantel escolar, ya sea de una escuela pública o privada, participe de forma compulsoria en un programa de rehabilitación conductual.

Para enmendar la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, en su Artículo 1.02 (d) para añadir un subinciso (11); enmendar su Artículo 2.04 (b), subincisos 15 y 42; enmendar el Artículo 2.12 (q)(4); enmendar su Artículo 6.05 (m); enmendar el Artículo 9.02, para añadir un nuevo inciso (h); y, enmendar el Artículo 11.01, para añadir un inciso (h), a los fines de establecer como parte de la política pública del sistema educativo la inclusión de los padres, madres o encargados de los estudiantes del sistema público de enseñanza, en los protocolos que atienden situaciones donde se coloca en peligro la seguridad e integridad física de los estudiantes de las escuelas públicas, y establecer el deber continuo de mantenerlos informados; y para otros fines relacionados.

El Proyecto de la Cámara 119 enmienda la Ley 85-2018 (Ley de Reforma Educativa) para establecer como política pública la inclusión obligatoria de padres, madres o encargados en los protocolos de seguridad escolar. Esto incluye el deber continuo de mantenerlos informados sobre situaciones que pongan en peligro la seguridad e integridad física de los estudiantes en las escuelas públicas. Afecta directamente al Departamento de Educación, directores escolares, consejos escolares y a las familias del sistema público de enseñanza.

Para enmendar el Artículo 4-A de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico”, según enmendada, a los fines de establecer una excepción a la exigencia de agotar los remedios administrativos cuando el menor esté imputado de faltas clase II o clase III que representen una amenaza sustancial a la seguridad escolar o a la integridad física de otras personas; establecer la facultad de reglamentación; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda el Artículo 4-A de la Ley de Menores de Puerto Rico para crear una excepción a la regla general que exige agotar los remedios administrativos del Departamento de Educación antes de que el Tribunal de Menores pueda intervenir. La excepción aplica a menores imputados de faltas de Clase II o Clase III que representen una amenaza sustancial a la seguridad escolar o a la integridad física de terceros. Permite al tribunal asumir jurisdicción inmediata en estos casos sin necesidad de completar el proceso administrativo previo.

Para enmendar el Artículo 9.07 del Capítulo IX de la Ley Núm. 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a fin de definir y prohibir expresamente la violencia escolar; hacer sus disposiciones extensivas a la violencia escolar; y proveer que además del personal escolar y los estudiantes de las escuelas públicas, los padres, tutores y encargados de estos últimos tengan la oportunidad de participar en programas, orientaciones, actividades y talleres de capacitación para adquirir conocimiento y herramientas sobre la política pública relativa a la violencia escolar y el hostigamiento e intimidación entre estudiantes o el personal escolar, abarcando las sanciones o medidas disciplinarias aplicables que conllevan dichos actos o conducta y la responsabilidad de todos estos al respecto.

La medida enmienda el Artículo 9.07 de la Ley Núm. 85-2018 (Ley de Reforma Educativa) para definir y prohibir explícitamente la violencia escolar, además del acoso escolar (bullying) ya contemplado. Extiende la aplicabilidad de las disposiciones a la violencia escolar y amplía la oportunidad de participar en programas de capacitación sobre el tema a padres, tutores y encargados, además del personal y estudiantes de escuelas públicas. Afecta directamente a toda la comunidad escolar (estudiantes, personal, padres/tutores) y al Departamento de Educación en la implementación de estas definiciones y programas.