Para derogar el Artículo 4-A de la Ley Núm. 88-1986, según enmendada, conocida como ‘Ley de Menores’, a los fines de eliminar el requisito de agotamiento de remedios administrativos en los casos de faltas ocurridas en planteles escolares, y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 4-A de la Ley Núm. 88-1986, conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico”, según enmendada, a los fines de establecer una excepción a la exigencia de agotar los remedios administrativos cuando la persona menor de edad haya egresado por graduación, cesado voluntariamente su matrícula o sido trasladada voluntariamente de manera permanente, y como consecuencia de ello el sistema de educación pública o privada, según sea el caso, haya perdido jurisdicción administrativa; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda el Artículo 4-A de la Ley Núm. 88-1986, conocida como "Ley de Menores de Puerto Rico". Establece una excepción al requisito de agotar remedios administrativos escolares antes de que el Tribunal de Menores intervenga, aplicable cuando un menor se gradúa, se retira voluntariamente o es trasladado permanentemente fuera del sistema educativo, y la escuela pierde jurisdicción administrativa. Afecta a menores involucrados en incidentes escolares, el Departamento de Educación, escuelas privadas y el sistema de justicia juvenil.

Para enmendar el Artículo 4-A de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico”, según enmendada, a los fines de establecer una excepción a la exigencia de agotar los remedios administrativos cuando el menor esté imputado de faltas clase II o clase III que representen una amenaza sustancial a la seguridad escolar o a la integridad física de otras personas; establecer la facultad de reglamentación; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda el Artículo 4-A de la Ley de Menores de Puerto Rico para crear una excepción a la regla general que exige agotar los remedios administrativos del Departamento de Educación antes de que el Tribunal de Menores pueda intervenir. La excepción aplica a menores imputados de faltas de Clase II o Clase III que representen una amenaza sustancial a la seguridad escolar o a la integridad física de terceros. Permite al tribunal asumir jurisdicción inmediata en estos casos sin necesidad de completar el proceso administrativo previo.

Para enmendar el Artículo 11, el inciso (i) del Artículo 37 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico” y la Regla 13.8 de las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, según enmendadas; con el propósito de establecer que el menor deberá prestar consentimiento para ser grabado en audio y video; que no conllevará la inadmisibilidad automática las declaraciones obtenidas en el interrogatorio si se presenta prueba confiable de que la renuncia fue hecha de manera libre, voluntaria e inteligente; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley de Menores de Puerto Rico y las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores. Principalmente, establece que el consentimiento de un menor es requerido para ser grabado en audio y video durante interrogatorios. Además, modifica el estándar para la admisibilidad de declaraciones de menores, permitiendo que no sean automáticamente inadmisibles si se demuestra que la renuncia a ciertos derechos fue libre, voluntaria e inteligente. Afecta directamente a menores involucrados en procesos judiciales o de investigación y a las agencias que los interrogan.