Para enmendar el Artículo 4-A de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico”, según enmendada, a los fines de establecer una excepción a la exigencia de agotar los remedios administrativos cuando el menor esté imputado de faltas clase II o clase III que representen una amenaza sustancial a la seguridad escolar o a la integridad física de otras personas; establecer la facultad de reglamentación; y para otros fines relacionados.

Intereses en juego

Beneficia a:

El Departamento de Educación (al poder delegar casos graves al sistema judicial sin agotar todos sus procesos internos), el Departamento de Justicia y los tribunales (al poder intervenir más rápido en casos de alto riesgo), y potencialmente el personal y estudiantes escolares que se sientan más protegidos ante amenazas inmediatas.

Preocupa a:

Menores imputados de faltas graves, quienes podrían enfrentar procesos judiciales más rápidos y estigmatizantes sin haber agotado todas las instancias administrativas internas, y el sistema educativo, que podría ver debilitada su capacidad de gestionar disciplinariamente incidentes escolares.

Quién paga o decide:

El costo de operación recae en el sistema judicial y educativo. La facultad de reglamentación recae en el Departamento de Educación, pero la decisión de invocar la excepción recae en los fiscales o querellantes que presenten el caso ante el tribunal, quienes determinarán si la conducta imputada amerita la excepción.