Para añadir una nueva Regla 2.7.1 a las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, según enmendadas, con el propósito de requerir al Negociado de la Policía de Puerto Rico y al Departamento de Justicia certificar al Tribunal si la persona menor vinculada con la comisión de una falta, objeto de una queja o imputada de falta es estudiante registrada en el Programa de Educación Especial, o si tiene un diagnóstico que le hace acreedora del derecho a ser registrada en el Programa de Educación Especial, tan pronto se inicie el proceso en su contra, con el fin de evaluar oportunamente si el diagnóstico de la menor guarda vínculos con la conducta imputada, si esto atenúa o exime su responsabilidad legal y si, en lugar del procesamiento ordinario, deben procurarse servicios terapéuticos o programas de desvío; enmendar el Artículo 65 de la Ley Núm. 146–2012, según enmendada, denominada “Código Penal de Puerto Rico”, para añadir un nuevo inciso (n); y para otros fines relacionados.

Para requerir que todo estudiante menor de dieciocho (18) años de edad que haya cometido, de forma violenta, una falta clasificada como Falta Clase II o Falta Clase III por la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico”, dentro de un plantel escolar, ya sea de una escuela pública o privada, participe de forma compulsoria en un programa de rehabilitación conductual.

El Proyecto de la Cámara 1185 propone requerir que todo estudiante menor de 18 años que cometa una falta violenta clasificada como Clase II o III bajo la Ley de Menores de Puerto Rico dentro de un plantel escolar (público o privado) participe compulsoriamente en un programa de rehabilitación conductual. La Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (ASSMCA) tendrá 180 días para establecer dicho programa, con la colaboración del Departamento de Educación y la Escuela de Trabajo Social de la UPR. Los padres o tutores que se nieguen a la participación del menor sin justa causa serán referidos a las autoridades por negligencia. Profesionales de la salud deberán rendir informes mensuales de progreso al Tribunal de Menores. También se permite la referencia preventiva de estudiantes con signos de comportamiento agresivo.

Para añadir un nuevo Artículo 519 a la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida como “Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico”, con el fin de establecer un Registro sobre las intervenciones y procesamiento por la posesión y/o distribución de sustancias controladas en Puerto Rico que incluya entre sus indicadores la edad, vecindad, profesión, escolaridad y estado civil de las personas arrestadas y/o imputadas de cometer el delito de distribución y/o posesión de sustancias controladas; y para otros fines relacionados.

La medida propone añadir un nuevo Artículo 519 a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico. Este artículo creará un Registro de intervenciones y procesamiento por posesión y/o distribución de sustancias controladas. El registro será diseñado y mantenido por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, y deberá incluir indicadores como edad, vecindad, profesión, escolaridad y estado civil de las personas imputadas, sin divulgar su identidad. El Departamento de Seguridad Pública y el Departamento de Justicia, entre otras agencias, deberán proveer la información trimestralmente.

Para enmendar el Artículo 11, el inciso (i) del Artículo 37 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico” y la Regla 13.8 de las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, según enmendadas; con el propósito de establecer que el menor deberá prestar consentimiento para ser grabado en audio y video; que no conllevará la inadmisibilidad automática las declaraciones obtenidas en el interrogatorio si se presenta prueba confiable de que la renuncia fue hecha de manera libre, voluntaria e inteligente; y para otros fines relacionados.

La medida PS 1175 enmienda la Ley de Menores de Puerto Rico (Ley Núm. 88 de 1986) y las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores. Establece que un menor debe dar su consentimiento para ser grabado en audio y video durante interrogatorios. También modifica las reglas para que las declaraciones de un menor no sean automáticamente inadmisibles si no se grabaron, siempre que se presente prueba confiable de que la renuncia a sus derechos fue libre, voluntaria e inteligente. Se permite la no grabación en casos de 'circunstancias apremiantes' como emergencias o seguridad pública, siempre que se documente la razón.