Para crear la “Ley del registro oficial de parques recreativos para mascotas de Puerto Rico”; enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 8 2004, según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes” a los fines de agregar un inciso (q) mediante el que se ordena al Departamento de Recreación y Deportes integrar a su portal cibernético un Registro oficial de parques recreativos para mascotas en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Para crear un registro de personas convictas por violar las disposiciones de la Ley 154-2008, según enmendada, conocida como “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales”; establecer quiénes serán registrados en el mismo, sus deberes y obligaciones; proveer sobre la disponibilidad de la información; prohibir a personas convictas por maltrato de animales poder adquirir, criar, vender o adoptar animales; establecer las obligaciones de las personas o entidades que se dedican al cuidado, crianza o venta de animales; fijar penas; enmendar el segundo párrafo del Artículo 2A de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1949, según enmendada, que establece el sistema de libertad a prueba y el inciso (a) del Artículo 3 de la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según enmendada, que crea la Junta de Libertad Bajo Palabra, a fin de imponer como condición al beneficio de libertad a prueba y libertad bajo palabra el haber sido registrado según lo dispone esta Ley; y para otros fines relacionados.

Esta medida crea la Ley del Registro de Personas Convictas por Maltrato de Animales y verificación de historial delictivo. Establece un registro adscrito al Departamento de Justicia para personas declaradas culpables de violar la Ley 154-2008 (Ley de Bienestar y Protección de Animales), incluyendo delitos cometidos en otras jurisdicciones. Prohíbe a estas personas adquirir, criar, vender o adoptar animales, y les impone deberes de notificación y actualización de datos. También enmienda leyes de libertad a prueba y bajo palabra para incluir el registro como condición. Afecta directamente a personas convictas por maltrato animal, así como a entidades que manejan animales.

Para añadir un nuevo Capítulo III a la Ley 154-2008, según enmendada, conocida como “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales”, para establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico, así como los principios de bienestar y protección de los animales en Puerto Rico; renumerar el Artículo 22 y los subsiguientes; y para otros fines relacionados.

Esta medida propone añadir un nuevo Capítulo III a la Ley 154-2008, conocida como la Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales. Su objetivo principal es establecer formalmente la política pública del Gobierno de Puerto Rico y los principios rectores para el bienestar y la protección de los animales en la isla, renumerando artículos subsiguientes de la ley existente.

Para enmendar los Artículos 1.03, 2.04, 9.10 y 9.13 de la Ley Núm. 258-2012, según enmendada, conocida como la “Ley de Servicios Funerarios de Puerto Rico”; y para enmendar los Artículos 7, 15 y 16 de la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, según enmendada, mejor conocida como la “Ley del Registro General Demográfico de Puerto Rico”, a los fines de autorizar expresamente la coubicación y disposición final de las cenizas cremadas de mascotas domésticas junto a los restos humanos de sus dueños, guardianes o personas autorizadas, establecer definiciones, documentación y requisitos procedimentales para la cremación de mascotas y la expedición del Permiso de Disposición Final conjunto; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley de Servicios Funerarios y la Ley del Registro General Demográfico para autorizar explícitamente la disposición final conjunta de las cenizas cremadas de mascotas junto a los restos humanos de sus dueños. Establece definiciones y requisitos para la cremación de mascotas, la emisión de un certificado de cremación para trazabilidad, y la inclusión de esta autorización en el Permiso de Disposición Final humano. El Departamento de Salud tendrá 90 días tras la aprobación para reglamentar los estándares sanitarios y de licenciamiento.