Para enmendar el inciso (c) del Artículo 5.12 de la Ley 247-2004, según enmendada, conocida como “Ley de Farmacia de Puerto Rico”, con el propósito de fomentar la investigación biológica, al atemperar la regulación estatal a las realidades de la ciencia moderna; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 2 y 5 de la Ley Núm. 97 de 25 de junio de 1962, según enmendada, conocida como la “Ley para reglamentar el establecimiento y operación de los laboratorios de análisis clínicos, centros de plasmaféresis, centros de sueroféresis y bancos de sangre en Puerto Rico”, a los fines de autorizar a los laboratorios de análisis clínicos debidamente licenciados a administrar vacunas; establecer los requisitos mínimos para dicha autorización; y facultar al Secretario de Salud a crear la reglamentación necesaria para su supervisión y fiscalización.

La medida, Proyecto de la Cámara 866, propone enmendar la Ley Núm. 97 de 1962 para autorizar a los laboratorios de análisis clínicos debidamente licenciados en Puerto Rico a administrar vacunas. Establece requisitos mínimos para esta autorización, como personal cualificado e infraestructura adecuada, y faculta al Secretario de Salud a crear la reglamentación necesaria para su supervisión y fiscalización, otorgándole un plazo de 90 días para ello. Afecta directamente a los laboratorios clínicos, sus empleados y a la ciudadanía que busca acceder a servicios de vacunación.

Para enmendar los artículos 5.16 (b) y 6.06 (a) de la Ley Núm. 247-2004, según enmendada, con el fin de prohibir la venta de bebidas alcohólicas, cigarrillos o cigarros en los establecimientos de farmacia en Puerto Rico; imponer sanciones administrativas y penalidades; y para otros fines.

El Proyecto de la Cámara 89 propone enmendar la Ley Núm. 247-2004 para prohibir la venta de bebidas alcohólicas, cigarrillos y cigarros en todos los establecimientos de farmacia en Puerto Rico. Se añaden como causales de suspensión, cancelación o revocación de licencia (Artículo 5.16) y como delito menos grave (Artículo 6.06) la oferta para la venta de estos productos. La medida busca alinear la operación de las farmacias con su propósito de promoción de salud y establece sanciones administrativas y penales.

Para establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre el acceso a medicamentos recetados para las poblaciones médico-indigentes; proteger la dispensación de ciertos medicamentos por parte de centros de atención médica; proporcionar definiciones; identificar ciertas acciones como discriminatorias con respecto a los medicamentos descontados por un programa federal y las entidades que los dispensan; establecer sanciones; y para otros fines relacionados.

Establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico para garantizar el acceso a medicamentos recetados a poblaciones médico-indigentes. Busca proteger la dispensación de medicamentos por parte de centros de atención médica que participan en el Programa Federal 340B, identificando ciertas prácticas como discriminatorias y proponiendo sanciones. Afecta directamente a pacientes de bajos ingresos, centros de salud elegibles al Programa 340B, aseguradoras, manejadores de beneficios de farmacia (PBMs), y agencias gubernamentales como ASES y el Departamento de Salud.