Para crear la "Ley para la Identificación, Protección y Atención Diferenciada de Personas con Trastornos Neurocognitivos Mayores en Puerto Rico", a los fines de establecer un sistema de identificación voluntaria especializada para personas diagnosticadas con trastornos neurocognitivos mayores; establecer protocolos de atención prioritaria diferenciada en servicios de salud y agencias del Gobierno de Puerto Rico; establecer un protocolo de intervención policial proactiva para la atención de estas personas; ordenar la capacitación obligatoria del personal de agencias y cuerpos de seguridad; establecer sanciones por incumplimiento; asignar funciones a las agencias concernidas; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley del Programa Especial de Apoyos Integrales para Estudiantes Neurodivergentes”, establecer una política pública integral, inclusiva y basada en evidencia para atender a la niñez neurodivergente en el sistema público de enseñanza de Puerto Rico; disponer la creación de un programa adscrito al Departamento de Educación de Puerto Rico, con mecanismos de coordinación interagencial con el Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico y otras entidades públicas y privadas; establecer sus componentes programáticos, modalidades operacionales, gobernanza, financiamiento, criterios de elegibilidad, salvaguardas legales y mecanismos de rendición de cuentas; y para otros fines relacionados.

Esta medida propone la creación de la "Ley del Programa Especial de Apoyos Integrales para Estudiantes Neurodivergentes" en Puerto Rico. Busca establecer una política pública integral y basada en evidencia para atender a la niñez neurodivergente en el sistema público de enseñanza. El programa se adscribiría al Departamento de Educación, con coordinación interagencial con el Departamento de Recreación y Deportes y otras entidades, definiendo sus componentes, gobernanza, financiamiento, elegibilidad y rendición de cuentas.

Para crear la “Ley para designar el cuido prolongado institucionalizado para personas adultas mayores y personas adultas con diversidad funcional física o mental como servicios esenciales a los efectos de tramitación de pago por servicios para ciudadanos que cuenten con subvención de Programas Gubernamentales, exenciones e incentivos gubernamentales, en declaraciones de estado de emergencias por la persona que ocupe el cargo de gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o la persona que ocupe el cargo de presidente de los Estados Unidos de América”; para otros fines relacionados.

Esta medida crea la Ley para designar el cuido prolongado institucionalizado para personas adultas mayores y personas adultas con diversidad funcional física o mental como servicios esenciales. El propósito es agilizar la tramitación de pagos por estos servicios cuando los ciudadanos cuenten con subvenciones gubernamentales, exenciones o incentivos. Esta designación aplicará específicamente durante declaraciones de estado de emergencia emitidas por el Gobernador de Puerto Rico o el Presidente de los Estados Unidos. La medida busca asegurar la continuidad y eficiencia en la provisión de estos cuidados críticos en momentos de crisis.

Para establecer la “Ley de la Red de Puntos Violetas de Puerto Rico”, a fin de establecer una red de espacio físicos seguros y accesibles en entidades públicas y privadas, destinados a ofrecer información, orientación inicial y canalización confidencial hacia servicios especializados para víctimas de violencia de genero; designar a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres como la entidad coordinadora de la Red; establecer sus funciones y responsabilidades; definir los requisitos para la certificación de los Puntos Violetas; disponer sobre la capacitación del personal y los protocolos de activación; fomentar la colaboración Inter agencial y multisectorial; autorizar la asignación de fondos; y para otros fines relacionados

La medida propone crear la "Ley de la Red de Puntos Violetas de Puerto Rico" para establecer una red de espacios físicos seguros en entidades públicas y privadas. Estos puntos ofrecerán información inicial, orientación y canalización confidencial a víctimas de violencia de género. La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) será la entidad coordinadora, responsable de definir requisitos de certificación, capacitación y protocolos. La ley busca fomentar la colaboración interinstitucional y multisectorial, y autoriza la asignación de fondos para su funcionamiento, afectando directamente a víctimas de violencia de género y a las entidades que se unan a la red.