PS 1200

Para establecer la “Ley de Alerta Protección Especial”, a los fines de crear un sistema de alerta en la jurisdicción de Puerto Rico dirigido a la protección de personas con autismo y diversidad funcional que padecen condiciones que afectan sus capacidades cognitivas o de orientación; establecer las facultades y deberes de las entidades gubernamentales; y para otros fines relacionados.

Medida·Senado·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

Esta medida crea la Ley de Alerta Protección Especial para establecer un sistema de alerta pública operado por la Policía de Puerto Rico. Su propósito es alertar sobre la desaparición de personas con autismo o diversidad funcional que afecten sus capacidades cognitivas, de comunicación u orientación, cuando exista peligro inminente. Afecta directamente a estas personas y sus familias, así como a los medios de comunicación y entidades públicas y privadas que participen en la difusión de las alertas.

Pros

•Establece un mecanismo de alerta específico y rápido para personas con autismo y diversidad funcional, reconociendo su vulnerabilidad particular ante desapariciones, lo cual puede ser crucial para su localización y seguridad.
•Define criterios claros y verificables para la activación de la alerta (reporte de desaparición, corroboración de condición, evidencia de la condición, peligro inminente, información suficiente de la persona), buscando agilizar la respuesta sin necesidad de que transcurra tiempo adicional una vez cumplidos.
•Permite la difusión de alertas a través de múltiples canales tecnológicos, incluyendo sistemas de alerta inalámbrica de emergencia (WEA), radio, televisión, plataformas digitales y sistemas electrónicos en carreteras, maximizando el alcance a la ciudadanía.
•Designa a la Policía de Puerto Rico como agencia primaria responsable de operar el sistema y determinar la emisión de alertas, en colaboración con otras entidades, lo que centraliza la toma de decisiones operativas.

Contras

•El articulado requiere que la persona que notifique a la Policía provea 'evidencia razonable de la condición, incluyendo certificación médica u otra evidencia confiable que permita validarla'. La vaguedad de 'evidencia razonable' y 'otra evidencia confiable' podría generar discrecionalidad o retrasos en la validación, dependiendo de la interpretación de los agentes, lo que podría obstaculizar la rápida activación de la alerta en casos críticos.
•Aunque se menciona la colaboración con el Departamento de Transportación y Obras Públicas y otras entidades 'voluntariamente', el texto no detalla mecanismos de coordinación obligatoria ni establece plazos específicos para la adopción de normas, reglas y por parte de la Policía, más allá de los 90 días para su implantación inicial, lo que podría afectar la efectividad y uniformidad de la implementación.
•La medida no especifica la fuente de financiamiento para la operación del sistema de alerta, la capacitación del personal de la Policía, ni los costos asociados a la difusión a través de medios privados o la integración de sistemas tecnológicos. Esto podría generar una carga fiscal no prevista o depender de asignaciones presupuestarias futuras que no están garantizadas.
•No se abordan explícitamente las responsabilidades o protocolos para la actualización o terminación de la alerta una vez localizada la persona, más allá de que la Policía 'podrá dar por terminada la alerta en cualquier momento'. La falta de directrices claras sobre la comunicación de la resolución de la alerta podría generar confusión pública o mantener la alerta activa innecesariamente.

Intereses en juego

Beneficia a:: Personas con autismo y diversidad funcional que padecen condiciones que afectan sus capacidades cognitivas o de orientación, y sus familias, al ofrecer un sistema de alerta específico para su protección en casos de desaparición. También beneficia a los medios de comunicación y entidades que participan voluntariamente en la difusión de alertas.
Preocupa a:: La Policía de Puerto Rico y otras agencias gubernamentales podrían enfrentar una carga operativa y de validación de criterios que no está completamente detallada en cuanto a recursos y protocolos. La falta de especificación en el financiamiento podría generar preocupación sobre la sostenibilidad y efectividad a largo plazo del sistema.
Quién paga o decide:: La Policía de Puerto Rico es la agencia primaria responsable de operar el sistema y decidir la emisión de alertas. El financiamiento no está especificado en el texto, lo que sugiere que podría provenir de asignaciones presupuestarias generales de la Policía o requerir futuras gestiones fiscales. La implementación de normas y recae en la Policía.

En qué va

La medida, Proyecto del Senado 1200, fue el 14 de abril de 2026 y ha sido referida a comisiones del Senado, habiendo sido relevada y referida nuevamente, indicando que aún se encuentra en proceso legislativo y no ha sido aprobada.

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Trámite legislativo

Última acción · 27 de abril de 2026

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