Para añadir la Sección 22 al Artículo 1 de la Ley 73-2008, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico”, a los fines de establecer que cualquier unidad industrial exenta que posea un decreto otorgado por la referida ley y que luego venda en Puerto Rico los productos que manufacture en el país, esté obligada a vender dicho producto a menor precio al que es vendido internacionalmente.
Qué propone
El P. de la C. 1296 propone añadir una Sección 22 al Artículo 1 de la Ley 73-2008 (Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico). Esta adición obligaría a cualquier unidad industrial que manufacture productos en Puerto Rico bajo un decreto de , y que luego venda esos productos en la isla, a hacerlo a un precio menor que el precio de venta internacional. Afecta directamente a las empresas con decretos de incentivos económicos y, potencialmente, a los consumidores en Puerto Rico.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se enmarca en la larga historia de incentivos contributivos en Puerto Rico, desde "Manos a la Obra" y la Sección 936 hasta las leyes 20/22 (ahora Ley 60). El debate histórico ha sido si estos incentivos benefician a la población general o solo a las corporaciones/individuos, y esta medida busca mitigar el segundo efecto al obligar a las empresas a vender sus productos a un precio menor en la isla.
En qué va
El Proyecto de la Cámara 1296 fue el 2 de junio de 2026 y apareció en Primera Lectura de la Cámara el 4 de junio de 2026, siendo referido a la Comisión de Desarrollo Económico.
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Última acción · 4 de junio de 2026
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para enmendar las Secciones 10 y 13 del Artículo 1 de la Ley Núm. 73–2008, según enmendada, conocida como la “Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico”, a fin de otorgar mayor participación a los municipios afectados en la aprobación de los incentivos otorgados mediante esta Ley; y para otros fines.
El P. de la C. 1332 enmienda la Ley Núm. 73-2008, conocida como la Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico. Busca otorgar mayor participación a los municipios afectados en la aprobación de los incentivos económicos que otorga el gobierno central. Específicamente, modifica las Secciones 10 y 13 para darles voz y voto en el proceso de aprobación de decretos de exención contributiva y en la renegociación de los mismos.
Para enmendar los Artículos 2, 2B, 3 y 5 de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, según emendada, conocida como la “Ley de Contratos de Distribución”, con la finalidad de armonizar sus disposiciones a lo establecido en el Código Civil de Puerto Rico con el principio de mitigación de daños; regular la responsabilidad precontractual en los tratos preliminares a la contratación; proscribir las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión; así como establecer una armoniosa prescripción conforme a lo codificado; y para otros fines relacionados.
La medida propone enmendar la Ley Núm. 75 de 1964, conocida como la Ley de Contratos de Distribución, para armonizarla con el Código Civil de Puerto Rico de 2020. Específicamente, introduce la responsabilidad precontractual por ruptura injustificada de negociaciones, anula cláusulas abusivas en contratos de adhesión, impone un deber de mitigar daños al distribuidor perjudicado, y ajusta los plazos de prescripción de acciones. Estas enmiendas afectan principalmente a principales (empresas extranjeras o nacionales que otorgan distribuciones) y distribuidores locales, buscando mayor equidad y certeza jurídica en sus relaciones contractuales.
Para enmendar la Sección 2061.01 de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como “Código Incentivos de Puerto Rico”, a los fines de establecer que serán negocios elegibles a los fines de esta Ley las fábricas de hielo que tengan una producción en escala comercial de hielo; y para otros fines relacionados.
La medida propone enmendar la Sección 2061.01 de la Ley 60-2019 (Código de Incentivos de Puerto Rico) para incluir explícitamente a las fábricas de hielo con producción a escala comercial como negocios elegibles para recibir incentivos económicos bajo dicho código. Esto afectaría directamente a las empresas dedicadas a la manufactura de hielo, permitiéndoles solicitar beneficios fiscales y de otro tipo que promuevan la inversión, exportación y creación de empleo en Puerto Rico.
Para enmendar el Artículo 7 de la Ley Núm. 148 de 30 de junio de 1969, según enmendada, conocida como “Ley del Bono de Navidad en la Empresa Privada”, a los fines de establecer que ningún patrono que posea o haya poseído durante el periodo de cobertura contratos con el Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, corporaciones públicas, instrumentalidades o municipios, cuya cuantía individual o agregada sea mayor a quinientos mil dólares ($500,000), podrá solicitar ni recibir la exoneración del pago del bono de Navidad; y para otros fines relacionados.
La medida enmienda el Artículo 7 de la Ley 148-1969 (Ley del Bono de Navidad en la Empresa Privada) para prohibir que patronos que hayan recibido contratos gubernamentales (individuales o agregados) por más de $500,000 durante el período de cobertura del bono, puedan solicitar o recibir exenciones para no pagar dicho bono. Esto aplica a contratos con el Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, corporaciones públicas, instrumentalidades o municipios. Afecta directamente a patronos que cumplan con este umbral de contratación pública y a sus empleados, quienes tendrían garantizado el bono de Navidad si el patrono hubiera tenido contratos significativos con el Estado.
Para añadir un nuevo Artículo 19-A a la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”, con el fin de disponer la divulgación que deberá realizar una entidad al consumidor cuando utilice precios personalizados algorítmicos empleando datos personales específicos del consumidor; establecer las limitaciones; disponer multa administrativa; y para otros fines relacionados.
Esta medida legislativa propone añadir un nuevo Artículo 19-A a la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor (Ley Núm. 5 de 1973). El nuevo artículo exige que las entidades que utilicen algoritmos para fijar precios personalizados basados en datos específicos del consumidor realicen una divulgación clara y visible al consumidor. Establece una multa administrativa de entre $500 y $1,000 por violación. Afecta a cualquier entidad que ofrezca bienes o servicios en Puerto Rico y utilice esta práctica de fijación de precios algorítmicos personalizados.
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