Qué propone
El Proyecto de la Cámara 1330 propone los Artículos 2 y 7 de la Ley Núm. 27 de 1990, conocida como la Ley de Procedimiento y Concesión de Inmunidad a Testigos. Busca clarificar y especificar que la Asamblea Legislativa, al obligar a un testigo a declarar en sus procesos investigativos, solo podrá otorgar inmunidad de uso y de uso derivativo en las esferas penal, civil y administrativa. Se elimina explícitamente la posibilidad de otorgar inmunidad transaccional por parte de la Asamblea Legislativa. Afecta a cualquier persona citada a declarar ante comisiones legislativas y a la propia Asamblea en el ejercicio de su facultad investigativa.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se relaciona con el tema de la corrupción gubernamental en Puerto Rico, que ha afectado a ambos partidos mayoritarios. La limitación de la inmunidad transaccional busca fortalecer la capacidad de la Asamblea Legislativa para investigar y procesar casos de corrupción, un patrón recurrente en la historia política de la isla.
En qué va
Esta medida, el 26 de junio de 2026, se encuentra actualmente en trámite legislativo. Apareció en Primera Lectura de la Cámara el 29 de junio de 2026 y fue referida a Comisión(es) para su análisis y posible discusión.
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Última acción · 29 de junio de 2026
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para enmendar el Artículo 1.039 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico”; y enmendar los artículos 31, 32 y 34-A del Código Político de 1902, con el fin de reafirmar la autoridad de las Legislatura Municipales en Puerto Rico para requerir la comparecencia, cooperación y Testimonio de testigos en procesos de investigación y evaluación de ordenanzas municipales; y para otros fines relacionados.
La medida propone enmendar el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) y el Código Político de 1902 para otorgar explícitamente a las Legislaturas Municipales la autoridad para requerir la comparecencia, cooperación y testimonio de testigos en sus procesos de investigación y evaluación de ordenanzas y resoluciones. Esto incluye la facultad de recurrir a los tribunales para hacer cumplir citaciones y solicitar procesamiento penal bajo el Código Penal vigente. Afecta directamente a las legislaturas municipales, los funcionarios y ciudadanos que puedan ser citados como testigos, y al sistema judicial.
Para añadir un Artículo 17 al Código Político de 1902, según enmendado; añadir un nuevo Artículo 1.033 y renumerar los subsiguientes de la Ley 107-2020, conocida como Código Municipal de Puerto Rico; con el fin de otorgar legitimación activa a los oficiales electos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y de las Legislaturas Municipales para presentar, intervenir, solicitar reconsideración, recurrir o apelar en su capacidad individual como legislador, legislador municipal o como delegación reconocida por los respectivos Cuerpos Legislativos o Legislatura Municipal en determinadas causas de acción; y para otros fines relacionados.
El Proyecto de la Cámara 290 buscaba otorgar legitimación activa a legisladores individuales de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y de las Legislaturas Municipales. Esto les permitiría presentar, intervenir, o apelar en acciones judiciales en su capacidad personal o como delegación reconocida, para defender sus prerrogativas y funciones. La medida pretendía enmendar el Código Político de 1902 y añadir un artículo al Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020).
Para establecer la “Carta de Derechos de la Persona Inmigrante en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, con el fin de declarar la política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como establecer sus obligaciones y responsabilidades con respecto a las personas extranjeras residentes en Puerto Rico y que conforman la comunidad inmigrante; y para otros fines relacionados.
El Proyecto de la Cámara 770 establece la 'Carta de Derechos de la Persona Inmigrante en Puerto Rico'. Esta medida declara política pública del Gobierno de Puerto Rico para fomentar la integración y salvaguardar los derechos de todas las personas inmigrantes, sin importar su estatus migratorio. Define términos clave y enumera derechos específicos en áreas como salud, educación, trabajo, vivienda y acceso a la justicia, además de establecer la obligación de una campaña de orientación por parte del Departamento de Estado.
Para enmendar el Artículo 3; y añadir un nuevo inciso (aa) al Artículo 7 de la Ley 15-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Inspector General de Puerto Rico”, a los fines de ampliar la jurisdicción de la Oficina del Inspector General para incluir a exservidores públicos, contratistas y excontratistas gubernamentales, permitiendo la investigación de actos o irregularidades cometidos durante su servicio público; y para otros fines relacionados.
El Proyecto de la Cámara 308 propone enmendar los Artículos 3 y 7 de la Ley 15-2017, conocida como la Ley del Inspector General de Puerto Rico. Busca ampliar la jurisdicción de la Oficina del Inspector General (OIG) para que pueda investigar actos o irregularidades cometidas por exservidores públicos, contratistas y excontratistas gubernamentales, incluso después de su desvinculación del servicio público. La medida también busca establecer un término para el ejercicio de esta jurisdicción ampliada.
Para enmendar los Artículos 3.5, 7.1, 7.2 y 7.3 de la Ley 2-2018, según enmendada, conocida como “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, para fortalecer la capacidad de nuestro Gobierno de lograr más fiscalización, mejorar la comunicación inter agencial y asegurar la implementación adecuada de las leyes en el procesamiento de casos de corrupción; para establecer la facultad de reglamentación sobre estas nuevas disposiciones; y para otros fines relacionados.
El Proyecto de la Cámara 447 proponía enmendar los Artículos 3.5, 7.1, 7.2 y 7.3 de la Ley 2-2018 (Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico). Buscaba fortalecer la fiscalización gubernamental, mejorar la comunicación entre agencias y asegurar la correcta implementación de leyes en casos de corrupción, otorgando además facultad reglamentaria sobre estas disposiciones. Afectaría a las agencias gubernamentales y al proceso de procesamiento de casos de corrupción.
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