PC 1442

Para crear la "Ley para la Evaluación Anual del Desempeño de los Jueces Administrativos y Oficiales Examinadores del Gobierno de Puerto Rico", a los fines de establecer un sistema uniforme, confidencial y anual de evaluación del desempeño de los funcionarios y empleados que adjudican casos y controversias en las agencias del Gobierno de Puerto Rico, tomando como referencia el modelo de evaluación judicial de la Rama Judicial; disponer que la evaluación se nutra principalmente de cuestionarios electrónicos remitidos por correo electrónico a los abogados, abogadas, funcionarios y partes que comparecieron ante el juez administrativo u oficial examinador durante el período evaluado; establecer los criterios y la escala de calificación; delegar en la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico la administración del sistema y la adopción de la reglamentación correspondiente; establecer normas de confidencialidad, prohibir las represalias, disponer sobre medidas remediales y sobre el uso de los resultados; ordenar la rendición de un informe anual a la Asamblea Legislativa; enmendar la Sección 3.3 de la Ley 38-2017, según enmendada, 3 conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico", a los fines de atemperarla a esta Ley; y para otros fines relacionados.

Medida·Cámara·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

La medida crea la 'Ley para la Evaluación Anual del Desempeño de los Jueces Administrativos y Oficiales Examinadores del Gobierno de Puerto Rico'. Establece un sistema uniforme y anual para evaluar el desempeño de estos funcionarios que adjudican casos en las agencias, basado en cuestionarios electrónicos a abogados y partes comparecientes, datos estadísticos de agencias y autoevaluaciones. La Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) administrará el sistema, y se la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme para incorporar esta evaluación.

Pros

•Establece un mecanismo formal y uniforme para evaluar el desempeño de jueces administrativos y oficiales examinadores, algo que actualmente carece de un sistema sistemático y generalizado, lo que podría mejorar la calidad y eficiencia de las adjudicaciones administrativas.
•Adopta un modelo similar al de la Rama Judicial, utilizando criterios objetivos y retroalimentación de los comparecientes (abogados, partes) a través de cuestionarios electrónicos confidenciales, buscando mayor transparencia y rendición de cuentas en la justicia administrativa.
•Identifica áreas de mejora y excelencia en el desempeño de los funcionarios evaluados, permitiendo la implementación de planes de mejoramiento para quienes obtengan calificaciones deficientes y el reconocimiento para los de alto desempeño, lo que puede fomentar la calidad del servicio público.
•La OATRH, que ya administra sistemas de recursos humanos, se delega la administración, buscando uniformidad y eficiencia al no duplicar estructuras, y se ordena la rendición de un informe anual a la Asamblea Legislativa para fiscalización.

Contras

•La efectividad del sistema depende en gran medida de la participación y honestidad de los comparecientes al completar los cuestionarios, y la medida no detalla mecanismos robustos para asegurar la calidad o veracidad de estas respuestas más allá de la confidencialidad y la prohibición de represalias.
•Aunque se busca confidencialidad, la recopilación de datos estadísticos de agencias (casos asignados, resueltos, tiempos, casos fuera de término, determinaciones revocadas) y quejas, junto con la autoevaluación y la revisión de resoluciones, podría generar un expediente detallado del funcionario evaluado que, si bien es para uso interno, podría ser sensible.
•La medida delega la administración a la OATRH y la implementación a las agencias, pero no asigna presupuesto específico para la creación y mantenimiento del nuevo sistema de evaluación electrónica y los procesos asociados, dependiendo de los recursos ya asignados, lo que podría limitar su alcance o efectividad inicial.
•Si bien se prohíben represalias y se establecen delitos menos graves por divulgación de información confidencial o represalias, las penalidades (multas y posible destitución para empleados) podrían no ser suficientes para disuadir conductas indebidas, y la efectividad de la supervisión y aplicación de estas penalidades recae en la propia estructura gubernamental.

Intereses en juego

Beneficia a:: Ciudadanos, comerciantes, empleados, patronos y profesionales que interactúan con agencias gubernamentales, al potencialmente mejorar la imparcialidad, diligencia y calidad de las decisiones administrativas. También beneficia a los propios jueces administrativos y oficiales examinadores al ofrecer un marco para reconocer la excelencia y recibir retroalimentación para desarrollo profesional.
Preocupa a:: Los jueces administrativos y oficiales examinadores, quienes estarán sujetos a un nuevo sistema de evaluación y cuyas calificaciones podrían impactar su renovación, contratos, ascensos o delegación de autoridad adjudicativa. También podría preocupar a las agencias la carga administrativa adicional para recopilar y certificar datos estadísticos y registros de comparecientes.
Quién paga o decide:: La Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) y las agencias gubernamentales implementarán y administrarán el sistema con sus presupuestos asignados. La OATRH y los jefes de agencia son las figuras clave en la implementación y el uso de los resultados de la evaluación para tomar decisiones sobre los funcionarios evaluados.

En qué va

La medida, P. de la C. 1442, fue el 17 de septiembre de 2026 y referida a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes el 21 de septiembre de 2026, tras aparecer en Primera Lectura. Es de autoría del representante Jorge Navarro Suárez (PNP).

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Última acción · 21 de septiembre de 2026

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