Para enmendar la Sección 6 del Artículo VI de la Ley 72-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, a los fines de requerir a todas las aseguradoras y organizaciones de servicios de salud establecidas conforme a la Ley Núm. 77 del 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, así como a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico y a cualquier entidad contratada para ofrecer servicios de salud o de seguros de salud en Puerto Rico a través de la Ley 72-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, proveer, como parte de su cubierta básica y beneficios mínimos, las cirugías para tratar el pectus carinatum, el pectus excavatum y cualquier otra deformidad de la pared torácica; y para decretar otras disposiciones complementarias.

Contras

• •La medida no define explícitamente qué constituye 'criterio clínico' ni establece un proceso de apelación claro si una aseguradora rechaza una cirugía basándose en su interpretación de dicho criterio, lo que podría generar disputas y demoras en el acceso al tratamiento.
• •Aunque la Ley 72-1993 (LEY BASE) en su Artículo 6 vigente no detalla exclusiones específicas para cirugías de pared torácica, la enmienda propuesta añade esta cobertura explícitamente. Sin embargo, la ley base tampoco establece mecanismos de fiscalización específicos ni penalidades directas para las aseguradoras en caso de incumplimiento de esta nueva obligación de cobertura, más allá de las generales que puedan existir en el Código de Seguros (Ley 77-1957).
• •La medida no considera la posibilidad de que la cobertura de estas cirugías pueda tener un impacto en las primas de los seguros de salud a largo plazo, ni detalla cómo se mitigarán estos posibles aumentos para los asegurados o el sistema de salud en general.
• •No se especifican alternativas de tratamiento no quirúrgico o conservador que pudieran ser consideradas como parte de la cubierta básica, ni se establecen guías claras sobre cuándo la cirugía es el único curso de acción recomendado, dejando una discrecionalidad significativa al criterio clínico y a las políticas internas de las aseguradoras.