Para añadir los incisos (6) y (7) a la Sección 16 del Artículo VI; enmendar la Sección 4 del Artículo VIII; y añadir un inciso (i) a la Sección 2 del Artículo IX de la Ley 72-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, a fin de aclarar el alcance del derecho del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para subrogarse y recobrar, ante cualquier tercero que sea responsable por haber causado daños al beneficiario, aquellos gastos médicos pagados por el Gobierno como consecuencia de dichos daños, establecer la obligatoriedad de notificar a la Administración de Seguros de Salud sobre cualquier causa de acción en daños que sea presentada por un beneficiario, y para otros fines relacionados..

Para enmendar el inciso (3) de la Sección 18 del Artículo VI de la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico” a fin de prohibir que algún proveedor participante o su agente establezca segregación de beneficiarios mediante la implantación de un protocolo de itinerarios y fechas para citas o consultas distinto para asegurados bajo planes privados, que limiten o reduzcan la prestación de servicios contratados a los beneficiarios del Plan de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y para otros fines

La medida, Proyecto de la Cámara 780, propone enmendar el inciso (3) de la Sección 18 del Artículo VI de la Ley Núm. 72 de 1993 (Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico). Su objetivo es prohibir que proveedores de servicios de salud o sus agentes establezcan protocolos de citas o itinerarios distintos para asegurados de planes privados que limiten o reduzcan la prestación de servicios a beneficiarios del Plan de Salud del Estado Libre Asociado (PSL). Esto busca asegurar un acceso equitativo a los servicios de salud contratados para todos los beneficiarios, independientemente de su plan de seguro.

“Para enmendar la Sección 2 del Artículo 6 de la Ley 72-1993, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, a los fines de establecer un pago mínimo obligatorio equivalente a las tarifas federales de Medicaid para todos los servicios médicos cubiertos bajo este programa; fortalecer las facultades de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) en la fiscalización y cumplimiento de esta disposición; imponer sanciones a las aseguradoras que incumplan con el pago de tarifas justas; establecer un mecanismo de apelación para médicos que reciban pagos inferiores a los establecidos por la presente Ley; y para otros fines relacionados; y para otros fines relacionados.”

La medida PS 404 enmienda la Ley 72-1993 para establecer un pago mínimo obligatorio a médicos por servicios cubiertos bajo Medicaid en Puerto Rico, equivalente a las tarifas federales de Medicaid. Busca fortalecer las facultades de fiscalización de la Administración de Seguros de Salud (ASES), imponer sanciones a aseguradoras que no paguen tarifas justas, y crear un mecanismo de apelación para proveedores. Afecta directamente a las aseguradoras que administran planes de Medicaid, a los médicos que prestan servicios a beneficiarios de este programa, y a la ASES en su rol de supervisión.

Para enmendar el inciso (k) de la Sección 3, del Artículo VI, de la Ley Núm. 72-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES)”, a los fines de incluir como beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico a los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), retirados y activos, adscritos al Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, conforme a la Ley 20-2017, según enmendada, así como a sus cónyuges e hijos; fijar su aportación; autorizar a la ASES a promulgar los reglamentos pertinentes; y para otros fines relacionados.

Esta medida propone enmendar la Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (Ley 72-1993) para incluir a los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), tanto activos como retirados, junto a sus cónyuges e hijos, como beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno. Se autoriza a la Administración de Seguros de Salud (ASES) a establecer los reglamentos necesarios y a fijar la aportación que deberán realizar estos nuevos beneficiarios.

Para crear la “Ley de Demandas contra Profesionales de la Salud Laborando en Hospitales sin Fines de Lucro”, a los fines de igualar la limitación consignada en la Ley 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, conocida como “Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado”, a la cuantía máxima reclamable en concepto de daños y perjuicios por impericia médica dirigida a profesionales de la salud laborando en instituciones médico-hospitalarias sin fines de lucro; establecer actos u omisiones no incluidas; y para otros fines relacionados.

La medida crea la Ley de Demandas contra Profesionales de la Salud Laborando en Hospitales sin Fines de Lucro. Su propósito es equiparar la limitación de $75,000 por reclamante individual y $150,000 por reclamaciones múltiples, establecida en la Ley 104 de 1955 para el Estado, a los profesionales de la salud que trabajan en hospitales sin fines de lucro. Esto busca armonizar la responsabilidad civil y proteger la estabilidad económica de estas instituciones.