Para añadir un inciso (i) en la Sección 6 de la Ley Núm. 16 de 5 de agosto de 1975, según enmendada, conocida como la “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo…

Para enmendar el Artículo 6, añadir un nuevo Artículo 8 y reenumerar los actuales Artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley 16-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico”, a los fines de establecer la obligación de los patronos de ofrecer capacitación de empleados anualmente sobre las disposiciones de dicha Ley; y circularan Hoja de Información actualizada sobre la Igualdad Salarial; y para otros fines relacionados.

Enmienda el Artículo 6 de la Ley 16-2017 para ordenar al Departamento del Trabajo que prepare y mantenga actualizada una Hoja Informativa sobre igualdad salarial, la publique en su portal y la tenga disponible para los patronos. Añade un nuevo Artículo 8 que obliga a todos los patronos, públicos y privados, a ofrecer cada año adiestramiento sobre la Ley a sus empleados, gerentes y supervisores, y a distribuirles anualmente la Hoja Informativa, en papel o digital. El incumplimiento constituiría una violación y podría conllevar multas y otras sanciones que el Departamento establezca por reglamento; la medida le da 90 días desde su aprobación para adoptar o enmendar la reglamentación y dispone que entraría en vigor inmediatamente. No elimina protecciones ni sanciones vigentes; solo reenumera los actuales Artículos 8 al 11 como 9 al 12.

Para requerir al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en coordinación con la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico y el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, la publicación anual de un informe sobre las inspecciones de cumplimiento, consultorías, multas y reglamentos más violados; y para otros fines relacionados.

Crea una obligación legal para que el DTRH, por medio de PR OSHA y en coordinación con el Instituto de Estadísticas, publique un informe por cada año fiscal federal. El informe debe incluir inspecciones de cumplimiento, consultorías, multas emitidas y dinero recaudado, inspecciones impugnadas y su estatus, los diez reglamentos o estándares más violados y el número de infracciones por cada uno, además de la clasificación industrial NAICS de patronos incumplidores y datos sobre establecimientos y conferencias de consultoría. Ordena publicar los informes gratis, en formato digital y accesible, dentro de los 90 días siguientes al cierre del año fiscal federal, con series históricas comparables; el Instituto integrará los datos a su portal abierto. El DTRH debe adoptar reglamentación en consulta con el Instituto dentro de 180 días de la aprobación; la ley entraría en vigor inmediatamente después de aprobarse y no elimina disposiciones vigentes.

Para enmendar el Artículo 2.04 (1)(a) y el de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como la "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", a los fines de incluir a todos los empleados clasificados como Especialistas en Seguridad y Salud; que laboran en la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico (PR OSHA) dentro de las exclusiones de las disposiciones de este Artículo; y para otros fines relacionados.

Enmienda el Artículo 2.04(1)(a) de la Ley 26-2017 para que los Especialistas en Seguridad y Salud de PR OSHA acumulen 2.5 días de vacaciones por mes, en vez de la tasa general de 1.25. Para quienes acumulan 2.5 días, establece hasta 30 días laborables de disfrute anual y obliga a usar 15, frente a los 24 días y 9 de uso obligatorio del régimen general. Esa regla de 30 días y 15 obligatorios está redactada para todos los empleados a quienes aplique la tasa de 2.5, no solo para los especialistas de PR OSHA. La agencia deberá escalonar las vacaciones y no podrá cubrirlas con horas extra ni personal sustituto, ni pedir asignaciones adicionales al Fondo General por el aumento. La aplicación de las tasas queda condicionada a que OGP certifique que el costo será neutral y se cubrirá con ahorros internos de servicios contratados u operaciones generales; la medida entra en vigor inmediatamente después de su aprobación.

Para enmendar el Artículo 5-A de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, a fin de disponer que en el caso de accidentes graves que sean manejados por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y que requieran tratamientos prolongados, según se defina mediante reglamento, el término para solicitar reposición de empleo será de quince (15) días luego de que el trabajador sea dado de alta; siempre y cuando no hayan transcurrido veinticuatro (24) meses desde la fecha del accidente; y para otros fines.

Enmienda el Artículo 5-A de la Ley 45 para que el trabajador tenga 15 días laborables después del alta o de ser autorizado a trabajar con tratamiento para pedir la reinstalación. En accidentes graves con tratamiento prolongado, definido por reglamento, permite hacer esa solicitud hasta 24 meses después del accidente, en vez del límite general vigente de 12 meses. El texto también elimina la excepción vigente que limita a 6 meses el plazo para patronos con 15 empleados o menos, y no altera los demás requisitos de reinstalación: que el trabajador pueda ocupar el puesto y que este subsista. Ordena a la CFSE y a la Comisión Industrial atemperar sus reglamentos y dispone vigencia inmediata tras su aprobación.

Para enmendar el Artículo 2.1 del Capítulo II, añadir un nuevo Capítulo VIII, y reenumerar el actual Capítulo VII como Capítulo IX de la Ley 4-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral”; y para añadir un nuevo subinciso (23) al inciso (h) de la Sección 3 de la Ley Núm. 15 de 14 de abril de 1931, según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico”, a los fines de establecer un marco legal de transparencia, comunicación y buena fe en la etapa precontractual de reclutamiento del sector privado; prohibir la publicación de plazas engañosas o no activas; disponer obligaciones de divulgación sobre el uso de inteligencia artificial y rangos salariales; fijar términos de notificación a candidatos; dotar de facultades específicas de fiscalización y adjudicación al Secretario del Trabajo; autorizar el uso de un fondo especial y asignación presupuestaria; y para otros fines relacionados.

Enmienda la Ley 4-2017 para exigir a patronos privados con 25 empleados o más que indiquen en sus ofertas si la plaza está activa y existe intención inmediata de contratar, si usan inteligencia artificial o sistemas automatizados para evaluar candidatos, y el rango salarial o una compensación estimada. Exime de todas esas divulgaciones a puestos clínicos de salud y de servicio directo en restaurantes y alimentos; también exime de divulgar salario a puestos ejecutivos o de alta confianza, o con compensación anual de $100,000 o más. Exige a patronos con más de 50 empleados notificar por escrito a quienes entrevisten sobre el estatus de su candidatura en 45 días, y obliga a patronos cubiertos a retirar o actualizar anuncios en 14 días después de llenar o retirar la plaza; las plataformas de empleo deben permitir reportar anuncios fraudulentos. Autoriza multas de hasta $500 por violación, una sola vez por evento y sin acumulación diaria por incumplimiento continuo; da 30 días para corregir la primera infracción no intencional y destina los recaudos a una cuenta especial del Departamento del Trabajo. Permite reprogramar hasta $250,000 de fondos ordinarios durante el primer año y ordena a la OGP consignar en años siguientes la partida presupuestaria recomendada para sostener la fiscalización.