ara enmendar los Artículos 7, 8, 9 y 10 de la Ley Núm. 93-2008, según enmendada, conocida como “Ley para el Desarrollo e Implantación de la Política Pública para la Niñez Temprana de Puerto Rico”, con el propósito de añadir un (1) representante de los padres o madres con hijos en etapa de niñez en edad temprana como miembro del Consejo Multisectorial de la Niñez, aumentando la membresía a diecinueve (19) miembros; reflejar que la Oficina del referido Consejo está actualmente adscrita a la Administración Auxiliar para el Apoyo a las Familias y la Comunidad de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN); disponer para el desarrollo de un Plan Decenal para el Desarrollo de la Niñez en Edad Temprana de Puerto Rico por el Consejo Multisectorial; crear un Sistema de Evaluación y Gestión de Calidad para evaluar, entre otras cosas, el cumplimiento con la Política Pública para la Niñez en Edad Temprana; asesorar tanto al Gobernador como a la Asamblea Legislativa sobre dicha Política Pública; y someter un informe sobre sus trabajos y recomendaciones.

Contras

• •Aunque se aumenta la membresía a 19, la medida no detalla mecanismos de selección o nominación para el nuevo representante de padres, más allá de que será nombrado por el Gobernador, lo que podría generar discrecionalidad en la selección y no garantizar la representación más idónea o diversa de este sector.
• •La creación del Plan Decenal y el Sistema de Evaluación y Gestión de Calidad, si bien son objetivos deseables, no vienen acompañados en el texto de una asignación presupuestaria específica ni de plazos concretos para su desarrollo e implementación, más allá de la reglamentación inicial.
• •El texto omite especificar cómo se financiará la operación del Consejo ampliado y las nuevas funciones, más allá de la recomendación inicial de $150,000 y la responsabilidad general de buscar fondos estatales o federales, lo que podría generar incertidumbre sobre la suficiencia de recursos para cumplir las nuevas encomiendas.
• •La medida delega la aprobación de la reglamentación necesaria para su implementación en el Secretario de la Familia y/o el Administrador de ACUDEN, estableciendo un plazo de 180 días, pero no define con precisión los criterios o el proceso de consulta pública para dicha reglamentación, dejando un margen de discrecionalidad en la definición de normas operativas clave.