PC 1492

Para enmendar los Artículos 144, 150, 152 y 158 del Código Civil de Puerto Rico (Ley Núm. 55 de 1 de junio de 2020, según enmendada, 31 LPRA §§ 5702, 5708, 5710 y 5726, respectivamente); para añadir un nuevo Artículo 144-A al mismo Código; a los fines de: ampliar las causas de inhabilidad para ejercer el cargo de tutor mediante la incorporación de criterios de idoneidad financiera objetivos; establecer la obligación de declaración jurada financiera como requisito previo al nombramiento; facultar al tribunal para ordenar un informe de historial financiero o de crédito del candidato a tutor cuando así lo exija el interés óptimo del tutelado; establecer garantías de cumplimiento con el Fair Credit Reporting Act y una ventana procesal de impugnación de exactitud del informe de crédito; crear un deber de notificación post-nombramiento sobre cambios materiales en la situación financiera del tutor; fortalecer la prestación de fianza mediante un esquema proporcional y flexible; armonizar el régimen de fianza con los Artículos 152 y 155 del Código Civil; establecer salvaguardas especiales para tutores familiares de escasos recursos; establecer umbrales flexibles para la autorización judicial de transacciones, sin menoscabar los mínimos del Artículo 165 del Código Civil; proveer un procedimiento expedito para tutelas urgentes integrado con el Artículo 140 del Código Civil; estandarizar la rendición de cuentas anual; establecer un calendario escalonado de implantación; y disponer la habilitación reglamentaria por la Oficina de Administración de Tribunales; y para otros fines relacionados.

Medida·Cámara·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

El PC 1492 añade al Artículo 144 una inhabilidad, por hasta diez años, para quien tenga ciertas sentencias firmes por fraude, apropiación, explotación financiera u otras conductas de deshonestidad, y crea el Artículo 144-A. Este último exige a todo candidato una declaración jurada financiera; permite al tribunal ordenar un informe de crédito en ciertos casos, y establece impugnación de datos, confidencialidad, notificaciones posteriores y medidas de supervisión. los Artículos 150 y 152 para exigir, como regla general, fianza o garantía a tutores de bienes y permitir fijar su cuantía según el patrimonio y el riesgo; mantiene los Artículos 151 a 155 en lo que sea compatible y permite alivios para algunos familiares de ingresos limitados. También fija cuentas anuales detalladas dentro de 60 días del aniversario del nombramiento y un calendario de implantación de 90 días para tutores profesionales y caudales mayores de $100,000, y de 12 meses para los demás; el texto provisto termina con la cláusula de vigencia incompleta.

Pros

•La declaración jurada financiera obligatoria y la nueva inhabilidad hacen que el tribunal reciba información sobre todos los candidatos y pueda excluir, con revisión judicial, a quienes tengan determinadas sentencias firmes relacionadas con deshonestidad o abuso fiduciario en los diez años anteriores. El Artículo 144 solo identificaba expresamente como impedimento financiero la quiebra no rehabilitada.
•La cuenta anual con activos, ingresos, gastos y documentos de respaldo establece un mínimo uniforme que el Artículo 158 dejaba al plazo y las condiciones fijados en cada sentencia. También permite exigir aviso de ciertos hechos posteriores, como una demanda por fraude o una quiebra del tutor, dentro de 30 días de tener conocimiento.
•Para tutelas urgentes, permite nombrar un tutor temporal por hasta 90 días y diferir temporalmente los requisitos financieros, pero exige controles sobre fondos, límites de transacción y un calendario para cumplirlos. Esto puede evitar que esos requisitos retrasen una respuesta urgente sin eliminar las garantías procesales del Artículo 140.

Contras

•La nueva inhabilidad puede excluir candidatos por sentencias civiles firmes de hasta diez años de antigüedad, e incluye una categoría abierta de otros actos que demuestren falta de aptitud para manejar bienes ajenos. Aunque el tribunal puede levantarla, esa amplitud puede producir decisiones distintas entre casos; la declaración de que el historial de crédito no descalifica por sí solo no elimina este impedimento basado en sentencias.
•Si la declaración revela ciertos hechos o una parte interesada lo solicita con fundamento razonado, el candidato puede tener que presentar un informe de crédito a su propio costo. El alivio económico se limita a ciertos familiares de ingresos limitados, y el texto no extiende expresamente esa a los demás candidatos con recursos escasos; el costo podría dificultar que algunos candidatos completen el nombramiento.
•Hay problemas de redacción que pueden generar disputas de aplicación: el Artículo 158 fija 30 días desde el evento para ciertos avisos, mientras el Artículo 144-A usa 30 días desde que el tutor conoce el hecho; además, la cláusula final de vigencia suministrada queda truncada después de «conforme al calendario escalonado establecido en la». El calendario del Artículo 10 sí establece plazos, pero convendría completar y armonizar el texto para evitar dudas.

Intereses en juego

Beneficia a:: Las personas tuteladas, porque el tribunal recibiría información financiera y tendría requisitos mínimos de rendición de cuentas; también los familiares de ingresos limitados que cualifiquen pueden solicitar alivios de fianza o del informe de crédito, sujetos a salvaguardas.
Preocupa a:: Candidatos a tutor que deban pagar un informe de crédito o enfrenten una inhabilidad por una sentencia financiera; también los tutores y tribunales, por la documentación anual y las nuevas notificaciones.
Quién paga o decide:: El candidato paga inicialmente el informe de crédito; el caudal del tutelado solo puede asumir ese costo o el de un auditor si el tribunal hace las determinaciones escritas requeridas. Los tribunales deciden si ordenan informes, fijan fianzas y controles; la OAT debe preparar formularios y procedimientos. La medida no identifica una partida específica para esos trabajos.

En qué va

el 8 de octubre de 2026, apareció en Primera Lectura de la Cámara el 13 de octubre y fue referida a la Comisión de lo Jurídico. Sigue .

Generado por IA · puede contener errores y los argumentos a favor/en contra son posibles puntos de debate, no una postura oficial. Verifica con el texto oficial.

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Trámite legislativo

Última acción · 13 de octubre de 2026

Referido a Comisión(es)

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Para enmendar los Artículos 144, 150, 152 y 158 del Código Civil de Puerto Rico (Ley Núm. 55 de 1 de junio de 2020, según enmendada, 31 LPRA §§ 5702, 5708, 5710 y 5726, respectivamente); para añadir un nuevo Artículo 144-A al mismo Código; a los fines de: ampliar las causas de inhabilidad para ejercer el cargo de tutor mediante la incorporación de criterios de idoneidad financiera objetivos; establecer la obligación de declaración jurada financiera como requisito previo al nombramiento; facultar al tribunal para ordenar un informe de historial financiero o de crédito del candidato a tutor cuando así lo exija el interés óptimo del tutelado; establecer garantías de cumplimiento con el Fair Credit Reporting Act y una ventana procesal de impugnación de exactitud del informe de crédito; crear un deber de notificación post-nombramiento sobre cambios materiales en la situación financiera del tutor; fortalecer la prestación de fianza mediante un esquema proporcional y flexible; armonizar el régimen de fianza con los Artículos 152 y 155 del Código Civil; establecer salvaguardas especiales para tutores familiares de escasos recursos; establecer umbrales flexibles para la autorización judicial de transacciones, sin menoscabar los mínimos del Artículo 165 del Código Civil; proveer un procedimiento expedito para tutelas urgentes integrado con el Artículo 140 del Código Civil; estandarizar la rendición de cuentas anual; establecer un calendario escalonado de implantación; y disponer la habilitación reglamentaria por la Oficina de Administración de Tribunales; y para otros fines relacionados.