PC 1499

Para establecer la “Ley para la Protección Integral de las Personas Adultas Mayores en Procedimientos de Desahucio en Puerto Rico”; enmendar los Artículos 623 y 632 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico de 1933, según enmendado; enmendar el Artículo 6 de la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores”; añadir un Artículo 13-A a la Ley 168-2000, según enmendada, conocida como “Ley para el Fortalecimiento del Apoyo Familiar y Sustento de Personas de Edad Avanzada”; y para otros fines relacionados.

Medida·Cámara·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

Crea un régimen para desahucios que afecten la residencia habitual de una persona de 60 años o más, aunque no sea demandada ni figure en el contrato. los Artículos 623 y 632 del Código de Enjuiciamiento Civil: si la parte demandante sabe que reside allí una persona adulta mayor, debe notificar a OPPEA antes de demandar; si oculta deliberadamente esa presencia, el tribunal desestimará la demanda sin perjuicio. Mantiene el término ordinario de 20 días para el lanzamiento y exige añadir una sola prórroga de 30 días naturales si la persona acredita gestiones razonables y de buena fe, pero aún carece de vivienda segura y adecuada; también enmienda el Artículo 6 de la Ley 121-2019 para requerir cooperación familiar conforme a las obligaciones legales y añade a la Ley 168-2000 un trámite prioritario de PROSPERA, con recibo en 3 días laborables y evaluación inicial en 5. La prórroga no elimina deudas ni impide reclamar cánones o daños, y la falta de localización de familiares o de una decisión de sustento no detiene automáticamente el desahucio.

Pros

•La notificación a OPPEA antes de presentar la demanda cubre a la persona adulta mayor que vive habitualmente en el inmueble aunque no sea inquilina ni demandada. Frente al texto del Artículo 623 reproducido en la medida, que contempla la notificación a la oficina cuando la condición se demuestra en la vista, este cambio busca detectar el caso antes de que avance la demanda; la ocultación deliberada puede llevar a desestimarla.
•Una persona adulta mayor que pruebe que buscó vivienda y asistencia de buena fe, pero no tiene una alternativa segura y adecuada, obtiene una prórroga obligatoria de 30 días naturales además del término ordinario de 20 días para el lanzamiento. El texto exige una vista y permite participar a la parte demandante, pero, una vez acreditados los requisitos, el tribunal no puede denegar la extensión por discreción.
•El referido por riesgo de desamparo a PROSPERA debe ordenarse dentro de 3 días laborables; el Programa debe acusar recibo en 3 días laborables y completar una evaluación inicial en 5 días laborables desde que lo recibe. Esto añade plazos concretos a la intervención alimentaria en estos casos, aunque el referido no decide quién debe pagar ni suspende automáticamente el desahucio.

Contras

•La medida exige avisar a OPPEA, pero no ordena expresamente que se notifique personalmente del desahucio a la persona adulta mayor que no es parte del caso. Si no recibe aviso por otra vía, podría no enterarse a tiempo para participar o pedir la prórroga, aunque el tribunal deba tomar medidas para permitir la intervención correspondiente.
•La extensión obligatoria añade hasta 30 días a la recuperación de la propiedad cuando se cumplen sus requisitos; el propietario puede participar en la vista y conserva sus reclamaciones económicas, pero el texto no permite al tribunal denegar esos 30 días por el impacto particular de la demora sobre el propietario.
•La medida impone plazos de días laborables a agencias que deben evaluar, coordinar y responder, incluidos los plazos de PROSPERA de 3 días para acusar recibo y 5 para la evaluación inicial. No asigna fondos ni personal adicional para cumplirlos, por lo que la capacidad de atender estos casos con esa rapidez dependerá de los recursos y procesos existentes.

Intereses en juego

Beneficia a:: Personas de 60 años o más que residen habitualmente en una propiedad objeto de desahucio, incluidas las que no son titulares del contrato ni demandadas; también fortalece la intervención de OPPEA y PROSPERA en esos casos.
Preocupa a:: Propietarios que pueden enfrentar hasta 30 días adicionales antes del lanzamiento; también a las agencias y al personal de PROSPERA, OPPEA, Vivienda y Familia, que reciben tareas y plazos nuevos sin una en la medida.
Quién paga o decide:: La medida no identifica una : las agencias concernidas tendrían que atender las tareas con los recursos disponibles. El tribunal determina si se cumplieron los requisitos de notificación y de la prórroga, y debe concederla si se acreditan; OPPEA, Vivienda y Familia coordinan el formulario uniforme y las intervenciones dentro de sus competencias.

En qué va

La medida está y aparece en Primera Lectura de la Cámara el 13 de octubre de 2026. Fue referida a la Comisión de lo Jurídico.

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Trámite legislativo

Última acción · 13 de octubre de 2026

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Para establecer la “Ley para la Protección Integral de las Personas Adultas Mayores en Procedimientos de Desahucio en Puerto Rico”; enmendar los Artículos 623 y 632 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico de 1933, según enmendado; enmendar el Artículo 6 de la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores”; añadir un Artículo 13-A a la Ley 168-2000, según enmendada, conocida como “Ley para el Fortalecimiento del Apoyo Familiar y Sustento de Personas de Edad Avanzada”; y para otros fines relacionados.