Para crear la “Ley de Protección de la Elegibilidad ante el Ajuste por Costo de Vida del Seguro Social”; disponer que, en los programas de asistencia financiados exclusivamente con fondos del Gobierno de Puerto Rico, el aumento anual de los beneficios del Seguro Social atribuible al ajuste por costo de vida no ocasionará, por sí solo, la pérdida inmediata de la elegibilidad ni la reducción de los beneficios de sus participantes; establecer el período de protección y los límites de dicha protección; ordenar a las agencias administradoras evaluar anualmente sus límites de ingreso, notificar a los participantes y atemperar su reglamentación; ordenar la presentación de informes a la Asamblea Legislativa; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley para Proteger el Poder Adquisitivo de las Pensiones de los Empleados Públicos Jubilados del Gobierno de Puerto Rico, sus Corporaciones Públicas y Municipios”; Asegurar el Poder Adquisitivo de las Pensiones en los Años Venideros; y su Fuente de Financiamiento.

La medida crea la Ley para Proteger el Poder Adquisitivo de las Pensiones de los Empleados Públicos Jubilados del Gobierno de Puerto Rico. Establece un aumento inicial del 10% en las anualidades para pensionados del Gobierno Central, municipios, corporaciones públicas y la judicatura, efectivo el 1 de julio de 2025, para anualidades de hasta $3,000. A partir del 1 de julio de 2026, se implementará un ajuste anual basado en el Costo de Vida (COLA) determinado por el Seguro Social federal. La medida afecta directamente a aproximadamente 160,000 jubilados actuales y futuros.

Para crear la Ley del Bono por Aumento del Costo de Vida para los pensionados del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno, a fin de que los pensionados de dicho sistema reciban una bonificación anual por concepto de Ajuste por Costo de Vida, exento del pago de contribuciones; establecer excepciones; y proveer para su financiamiento.

La medida propone crear la Ley del Bono por Aumento del Costo de Vida para pensionados del Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno. Establece que los pensionados recibirán una bonificación anual basada en el ajuste por costo de vida federal (COLA), siempre que haya un aumento mínimo del 0.01% respecto al año anterior. Este bono será exento de contribuciones sobre ingresos y su financiamiento provendrá del Presupuesto General del Estado Libre Asociado.

Para establecer la “Ley para Ajustar la Pensión Mínima al Costo de Vida Actual”; enmendar la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951 y la Ley Núm. 160 de 24 de diciembre de 2013 a los fines de aumentar la pensión mínima; y para otros fines relacionados.

Esta medida legislativa, titulada 'Ley para Ajustar la Pensión Mínima al Costo de Vida Actual', enmienda la Ley Núm. 447 de 1951 y la Ley Núm. 160 de 2013. Su objetivo es aumentar la pensión mínima mensual a mil (1,000) dólares para los jubilados del servicio público cubiertos por ambas leyes. Específicamente, para los participantes bajo la Ley 447-1951 (Sistema de Retiro General), se establece la pensión mínima de $1,000 a partir del 1 de julio de 2026. Para los maestros jubilados bajo la Ley 160-2013 que se retiraron hasta el 31 de julio de 2014, también se fija una pensión mínima de $1,000 a partir del 1 de julio de 2026.

Para establecer la “Ley para la Protección Integral de las Personas Adultas Mayores en Procedimientos de Desahucio en Puerto Rico”; enmendar los Artículos 623 y 632 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico de 1933, según enmendado; enmendar el Artículo 6 de la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores”; añadir un Artículo 13-A a la Ley 168-2000, según enmendada, conocida como “Ley para el Fortalecimiento del Apoyo Familiar y Sustento de Personas de Edad Avanzada”; y para otros fines relacionados.

Crea un régimen para desahucios que afecten la residencia habitual de una persona de 60 años o más, aunque no sea demandada ni figure en el contrato. Enmienda los Artículos 623 y 632 del Código de Enjuiciamiento Civil: si la parte demandante sabe que reside allí una persona adulta mayor, debe notificar a OPPEA antes de demandar; si oculta deliberadamente esa presencia, el tribunal desestimará la demanda sin perjuicio. Mantiene el término ordinario de 20 días para el lanzamiento y exige añadir una sola prórroga de 30 días naturales si la persona acredita gestiones razonables y de buena fe, pero aún carece de vivienda segura y adecuada; también enmienda el Artículo 6 de la Ley 121-2019 para requerir cooperación familiar conforme a las obligaciones legales y añade a la Ley 168-2000 un trámite prioritario de PROSPERA, con recibo en 3 días laborables y evaluación inicial en 5. La prórroga no elimina deudas ni impide reclamar cánones o daños, y la falta de localización de familiares o de una decisión de sustento no detiene automáticamente el desahucio.

Para crear la “Ley para designar el cuido prolongado institucionalizado para personas adultas mayores y personas adultas con diversidad funcional física o mental como servicios esenciales a los efectos de tramitación de pago por servicios para ciudadanos que cuenten con subvención de Programas Gubernamentales, exenciones e incentivos gubernamentales, en declaraciones de estado de emergencias por la persona que ocupe el cargo de gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o la persona que ocupe el cargo de presidente de los Estados Unidos de América”; para otros fines relacionados.

Esta medida designa los servicios de Cuidado Sustituto para personas adultas mayores (60 años o más) y personas adultas con diversidad funcional física o intelectual como 'servicios esenciales'. Su principal efecto práctico es otorgar prioridad administrativa en la tramitación de pagos por servicios subvencionados durante declaraciones de estado de emergencia. También permite que los establecimientos elegibles sean considerados para programas de asistencia, exenciones o incentivos gubernamentales ya existentes y financiados, sin crear derechos automáticos a estos beneficios.