Para enmendar los Artículos 2, 7 y 13, de la Ley 271-2002, según enmendada, mejor conocida como Ley del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales; añadir incisos “ñ” y “o” al Artículo 3.4 de la Ley 10-2017, según enmendada, mejor conocida como Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico; a los fines de conceder al Director Ejecutivo de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico la facultad de emitir certificaciones para la inscripción, así como para la transferencia de derechos o de la titularidad de inmuebles; ordenar la inscripción de la escritura constitutiva del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales en el Registro de Fideicomisos adscrito a la Oficina de Inspección de Notarías de la Rama Judicial; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo Artículo 2.017-A a la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, a los efectos de crear un mecanismo especial de inmatriculación en el Registro de la Propiedad de solares municipales ubicados en centros urbanos; establecer la certificación municipal requerida; eximir dichos solares del requisito previo de lotificación ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), siempre que dichos inmuebles estén localizados en el centro urbano del municipio, según delimitado en el Plan de Ordenación Territorial, previamente aprobado al municipio por la Junta de Planificación de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Esta medida propone añadir un nuevo artículo al Código Municipal de Puerto Rico para crear un mecanismo especial de inmatriculación en el Registro de la Propiedad para solares municipales ubicados en centros urbanos. Requiere una certificación municipal y exime a estos solares del requisito previo de lotificación ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), siempre que estén dentro de un centro urbano delimitado en el Plan de Ordenación Territorial aprobado por la Junta de Planificación. Afecta directamente a los municipios y al Registro de la Propiedad.

Para enmendar los Artículos 4.012A y 4.014 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico”, con el fin de permitir a personas, sean estas naturales o jurídicas, con o sin fines de lucro, adquirir propiedades declaradas como estorbo público sin que se les catalogue como tercero adquirente, siempre que la propiedad sea dedicada al desarrollo de viviendas para individuos o familias de ingresos bajos, moderados o de clase media.

Esta medida enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para permitir que personas naturales o jurídicas, con o sin fines de lucro, adquieran propiedades declaradas como estorbo público. La exención clave es que estos adquirentes no serán catalogados como 'terceros adquirentes' bajo ciertas condiciones. El propósito declarado es facilitar el desarrollo de viviendas para personas de ingresos bajos, moderados o de clase media, abordando así el abandono de estructuras y la escasez de vivienda asequible.

Para enmendar el Artículo 5.01; añadir un inciso (j) al Artículo 5.05; enmendar los incisos (a) y (d) del Artículo 5.06; y enmendar el Artículo 5.07 de la Ley Núm. 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a fin de ampliar los deberes del Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles con respecto al inventario oficial de propiedades del Gobierno de Puerto Rico; y autorizar la transferencia de propiedades inmuebles en total desuso a los municipios, entidades sin fines de lucro o desarrolladores comunitarios para ser destinadas exclusivamente al desarrollo de vivienda social y asequible.

La medida busca enmendar la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal (Ley 26-2017) para ampliar las funciones del Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles (CEDBI). Específicamente, autoriza la transferencia de hasta el 25% de propiedades gubernamentales en desuso a municipios, entidades sin fines de lucro o desarrolladores comunitarios, a un precio nominal de $1.00, siempre que se destinen exclusivamente a vivienda social y asequible. Esto afecta directamente al inventario de propiedades públicas y a las entidades que puedan recibir estas propiedades para fines de desarrollo habitacional.