Para enmendar los Artículos 2, 7 y 13, de la Ley 271-2002, según enmendada, mejor conocida como Ley del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales; añadir incisos "ñ", "0” y "p" al Artículo 3.4 de la Ley 10-2017, según enmendada, mejor conocida como Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico; a los fines de conceder al Director Ejecutivo de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico la facultad de emitir certificaciones para la inscripción, así como para la transferencia de derechos o de la titularidad de inmuebles; ordenar la inscripción de la escritura constitutiva del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales en la Oficina de Inspección de Notarías del Tribunal Supremo de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley para Facilitar la Inscripción de Documentos en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico”, a los fines de disponer que todos los documentos presentados en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico en o antes del 31 de marzo de 2016 se sometan a una calificación limitada en cuanto a los principios de especialidad y tracto registral; para disponer sobre documentos exentos de esta Ley; establecer un plazo para la inscripción de todos los documentos; y para otros fines relacionados.

La medida crea la 'Ley para Facilitar la Inscripción de Documentos en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico'. Dispone que documentos presentados en el Registro hasta el 31 de marzo de 2016 se someterán a una calificación limitada en los principios de especialidad y tracto registral. Establece un plazo de dos (2) años para la inscripción de estos documentos, con el fin de agilizar la actualización del Registro y eliminar un inventario de documentos físicos pendientes. Afecta principalmente a propietarios, acreedores y entidades que dependen de la inscripción registral para la seguridad jurídica de sus transacciones inmobiliarias.

Para enmendar los Artículos 6 y 7 de la Ley 1-2001, según enmendada, conocida como "Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico" a los fines de eliminar el Consejo Asesor para el Desarrollo de las Comunidades Especiales y crear la Comisión Asesora Comunitaria y del Tercer Sector; establecer un Mesa Interagencial para delinear estrategias interagenciales para el desarrollo sostenible de las comunidades vulnerable bajo la jurisdicción de la ODSEC y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley 1-2001 para eliminar el Consejo Asesor para el Desarrollo de las Comunidades Especiales y crear en su lugar la Comisión Asesora Comunitaria y del Tercer Sector. También establece una Mesa Interagencial con el fin de delinear estrategias para el desarrollo sostenible de comunidades vulnerables bajo la jurisdicción de la Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC). La ley impacta la estructura de gobernanza y asesoramiento para las comunidades especiales y el tercer sector.

Para enmendar el Artículo 5.01; añadir un inciso (j) al Artículo 5.05; enmendar los incisos (a) y (d) del Artículo 5.06; y enmendar el Artículo 5.07 de la Ley Núm. 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a fin de ampliar los deberes del Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles con respecto al inventario oficial de propiedades del Gobierno de Puerto Rico; y autorizar la transferencia de propiedades inmuebles en total desuso a los municipios, entidades sin fines de lucro o desarrolladores comunitarios para ser destinadas exclusivamente al desarrollo de vivienda social y asequible.

La medida busca enmendar la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal (Ley 26-2017) para ampliar las funciones del Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles (CEDBI). Específicamente, autoriza la transferencia de hasta el 25% de propiedades gubernamentales en desuso a municipios, entidades sin fines de lucro o desarrolladores comunitarios, a un precio nominal de $1.00, siempre que se destinen exclusivamente a vivienda social y asequible. Esto afecta directamente al inventario de propiedades públicas y a las entidades que puedan recibir estas propiedades para fines de desarrollo habitacional.