PC 197

Para establecer la “Ley contra la criminalización del sinhogarismo”; enmendar el inciso (c) del Artículo 156 de la Ley 146-2012, según enmendada; ordenar a la Comisión de Derechos Civiles realizar una campaña educativa sobre los derechos establecidos en esta Ley; y para otros fines relacionados.

Medida·Cámara·Sesión 2025-2028

Recorrido

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Qué propone

Esta medida, titulada 'Ley contra la criminalización del sinhogarismo', busca prohibir que se penalice a personas por conductas asociadas a la falta de vivienda, como pernoctar en espacios públicos, protegerse de la intemperie, o comer en la vía pública. Anula cualquier ley, u ordenanza municipal que limite o prohíba estas acciones. Además, el Código Penal para imponer una pena de tres años de reclusión a funcionarios públicos que abusen de su autoridad al arrestar a personas sin hogar por estas mismas conductas. También ordena a la Comisión de Derechos Civiles realizar una campaña educativa sobre los derechos de esta población y protege la propiedad personal de personas sin hogar de ser destruida arbitrariamente.

Pros

•Reconoce el sinhogarismo como una condición social y no un delito, alineándose con la dignidad humana y la prohibición de discrimen por condición social que consagra la Constitución de Puerto Rico.
•Protege derechos fundamentales de las personas sin hogar, como el derecho a la intimidad sobre sus bienes personales y a no ser penalizadas por actos básicos de supervivencia en espacios públicos.
•Establece un mecanismo de rendición de cuentas al tipificar como abuso de poder y delito penal el arresto de personas sin hogar por actividades de subsistencia, imponiendo una pena fija de tres años a funcionarios infractores.
•Busca clarificar el marco legal al anular explícitamente leyes, y ordenanzas municipales que criminalizan el sinhogarismo, promoviendo un trato más humano y acorde a los derechos constitucionales.

Contras

•La medida no detalla mecanismos de fiscalización ni establece sanciones específicas para los municipios o agencias que incumplan la nulidad de sus ordenanzas o , lo que podría generar inacción o interpretaciones restrictivas en la práctica.
•Aunque se ordena una campaña educativa, la ley no asigna fondos específicos ni establece un plazo para su implementación, lo que podría retrasar o impedir su ejecución efectiva y la concienciación necesaria.
•La al Código Penal, si bien es un avance, se enfoca en el 'abuso de poder' por parte de funcionarios. La interpretación de 'abuso de poder' puede ser subjetiva y requeriría una clara para asegurar su aplicación consistente y evitar lagunas.

Intereses en juego

Beneficia a:: Las personas en situación de calle, al garantizarles protección contra la criminalización de sus actos de supervivencia y la destrucción arbitraria de sus pertenencias, y a la Comisión de Derechos Civiles al darle un mandato específico.
Preocupa a:: Los municipios y agencias que actualmente tienen ordenanzas o prácticas que criminalizan el sinhogarismo, ya que estas serían anuladas, y potencialmente a funcionarios públicos si sus acciones de fiscalización son interpretadas como abuso de poder bajo la nueva ley.
Quién paga o decide:: El costo de la campaña educativa recaería en la Comisión de Derechos Civiles, cuyos fondos provienen del presupuesto general del gobierno. La implementación y la decisión sobre la aplicación de la ley recae en diversas agencias de orden público y municipales, bajo la supervisión de la Comisión de Derechos Civiles y el sistema judicial.

En qué va

La medida (P. de la C. 197) fue el 10 de enero de 2025 y referida a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes el 16 de enero de 2025, tras aparecer en Primera Lectura.

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Última acción · 16 de enero de 2025

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