Para enmendar el apartado (a) del Artículo 4.1 de la Ley 27-2011, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica de Puerto Rico”, a los fines de eliminar el requisito de pauta, distribución o exhibición comercial al público en general fuera de Puerto Rico para los proyectos fílmicos que comprendan series en episodios, mini series, y programas de televisión de naturaleza similar, incluyendo pilotos y para proyectos de televisión, incluyendo pero sin limitarlo a programas de tele-realidad, conocidos en inglés como “reality shows”, de entrevistas, noticiosos, programas de juegos, entretenimiento, comedia y aquellos dirigidos a niños y de variedad, y para otros fines relacionados.

Para enmendar las Secciones 1-A, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18 y 19 del Artículo 1 de la Ley Núm. 73-2008, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos para el Desarrollo Económico de Puerto Rico”; enmendar las Secciones 2, 3, 5, 5-A, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 21 de la Ley Núm. 135-1997, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos Contributivos de 1998”, a los fines de disponer que el Informe de Elegibilidad de la solicitud de incentivo sea rendido por el Director de la Oficina de Incentivos, en lugar del Director Ejecutivo de PRIDCO; eliminar el requisito de endoso del Director Ejecutivo de PRIDCO y de su Junta de Directores sobre la determinación de actividad novedosa pionera, por cuanto el peritaje lo tiene la Oficina de Incentivos del DDEC; y para otros fines relacionados.

Esta medida buscaba enmendar las Leyes Núm. 73-2008 y 135-1997, conocidas como Ley de Incentivos para el Desarrollo Económico y Ley de Incentivos Contributivos, respectivamente. El cambio principal era trasladar la responsabilidad de emitir el Informe de Elegibilidad para solicitudes de incentivos del Director Ejecutivo de PRIDCO al Director de la Oficina de Incentivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). También eliminaba el requisito de endoso del Director Ejecutivo y la Junta de PRIDCO sobre la determinación de actividad novedosa pionera, centralizando esa pericia en la Oficina de Incentivos del DDEC. Afecta directamente a las empresas que buscan o reciben incentivos económicos bajo estas leyes.

Para crear la “Ley para Apoyar Pequeños y Medianos Empresarios en Industrias Artísticas y Creativas” para promover el empresarismo y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en las industrias creativas en Puerto Rico, crear un programa de apoyo para su desarrollo, establecer incentivos contributivos y financieros; y para otros fines relacionados.

Esta medida propone crear la Ley para Apoyar Pequeños y Medianos Empresarios en Industrias Artísticas y Creativas. Establece el Programa Impulso Creativo bajo el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y un Fondo de Desarrollo administrado por el Banco de Desarrollo Económico (BDE). El programa ofrecerá incentivos contributivos (exenciones IVU, créditos por empleo, reducción de tasas de exportación), financiamiento (microcréditos, subvenciones, préstamos para innovación) y asistencia técnica a PYMES en sectores como diseño, audiovisual, moda, música, software y arquitectura. La ley entraría en vigor 180 días después de su aprobación.

Para añadir la Sección 22 al Artículo 1 de la Ley 73-2008, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico”, a los fines de establecer que cualquier unidad industrial exenta que posea un decreto otorgado por la referida ley y que luego venda en Puerto Rico los productos que manufacture en el país, esté obligada a vender dicho producto a menor precio al que es vendido internacionalmente.

Esta medida busca añadir una sección a la Ley 73-2008, conocida como la Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico. Propone que cualquier unidad industrial que tenga un decreto bajo esta ley y fabrique productos en Puerto Rico, deberá venderlos a un precio menor en el mercado local que el precio al que se venden internacionalmente. Esto aplicaría a los productos manufacturados en la isla y vendidos dentro de Puerto Rico.