Para crear la “Ley de Rescate al Empresario Puertorriqueño” a los fines de establecer un programa de reembolso salarial, beneficios y planes de pago de utilidades para las empresas que ante una merma en el volumen de ventas, ganancias o producción que deseen proteger la cantidad de empleados que tienen a tiempo completo y/o transicional los empleados de medio tiempo a tiempo completo; establecer los requisitos de elegibilidad para que una empresa pueda acogerse a los beneficios dispuestos bajo esta Ley; definir las facultades y responsabilidades de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico en la administración de esta Ley; derogar el Artículo 2.4 de la Ley Núm. 120 de 31 de julio de 2014, según enmendada, conocida como la “Ley de Incentivos para la Generación y Retención de Empleos en PyMEs”; asignar fondos para su implementación; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los incisos (b) (1) y (b) (4) de la Sección 2100.01 de la Ley Núm. 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico” a los fines de extender la exención contributiva a empresas de jóvenes empresarios sobre ingresos en el primer millón de dólares de su ingreso neto sujeto a contribución; disponer que cualquier ingreso neto que generen dichos negocios nuevos en exceso de un millón de dólares, estará sujeto a las tasas ordinarias establecidas en el Código de Rentas Internas de Puerto Rico; extender el período de disfrute de la exención contributiva a negocios nuevos de jóvenes empresarios a un período de cinco (5) años desde la fecha de comienzo de operaciones, según establecido en el Decreto de exención contributiva; y para otros fines relacionados.

La medida, Proyecto de la Cámara 574, propone enmendar la Ley 60-2019, Código de Incentivos de Puerto Rico, para duplicar la exención contributiva sobre el ingreso neto para jóvenes empresarios. Se eleva el límite de ingresos exentos de $500,000 a $1,000,000, y se extiende el período de disfrute de la exención de tres (3) a cinco (5) años. Afecta directamente a jóvenes residentes que establezcan nuevos negocios bajo un decreto especial del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

Para crear la “Ley del Retorno del Trabajador Puertorriqueño”; añadir una nueva Sección 2025.03 a la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico” a los fines de establecer el Programa de Retorno del Trabajador Puertorriqueño; establecer una tasa preferencial de contribución sobre el ingreso generado por trabajo; establecer responsabilidades y la facultad de reglamentación al Secretario de Hacienda y al Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para incluir incentivo adicionales a este grupo trabajador para fomentar su incorporación a la fuerza laboral; y para otros fines relacionados.

La medida propone crear la 'Ley del Retorno del Trabajador Puertorriqueño' mediante la adición de una nueva Sección 2025.03 al Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60-2019). Establece un programa para incentivar el regreso de trabajadores puertorriqueños que emigraron, ofreciéndoles una tasa contributiva preferencial sobre su ingreso por trabajo durante los próximos cinco años. Para calificar, deben regresar a trabajar a la Isla, permanecer al menos cinco años, y restablecer su residencia, según reglamentación de los Secretarios de Hacienda y Desarrollo Económico y Comercio.

Para crear el “Banco de Desarrollo Empresarial” (en adelante, el “Banco”) como una corporación e instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sucesora en interés del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (en adelante, el “BDEPR”); para expandir sus propósitos, manteniendo atención principal hacia las “Pequeñas y Medianas Empresas” (PYMES); ampliar sus facultades y crear mecanismos para sustentarse, allegarse fondos y fortalecer sus finanzas; ofrecer financiamiento, inversiones, garantías, asesoramiento y seguros; organizar la ley orgánica del Banco conforme a dichos objetivos y facilitar su comprensión; vincular la gestión del Banco al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (en adelante, el “DDEC”), manteniendo la independencia financiera y administrativa del Banco; uniformar los medios para conceder financiamientos, garantías e inversión de capital de riesgo de las agencias e instrumentalidades públicas y facultar al Banco a establecer acuerdos colaborativos para dichos propósitos; ordenar a las entidades gubernamentales expedidoras de permisos, licencias y certificaciones de cumplimiento (good standing), la implantación de procesos que prioricen las peticiones del Banco; crear la “Certificación de Cumplimiento con el Banco de Desarrollo Empresarial” y ordenar a las entidades gubernamentales obtener dicha certificación como requisito o condición a la otorgación de créditos, incentivos, exenciones, donaciones, auspicios y cualquier clase de beneficio gubernamental; derogar la Ley Núm. 22 del 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida como “Ley del Banco de Desarrollo Económico para Puerto”, así como toda ley o parte de ella inconsistente con lo dispuesto en esta Ley; y para otros fines relacionados.

La medida crea el "Banco de Desarrollo Empresarial" (BDE) como sucesor del BDEPR, expandiendo sus facultades para ofrecer financiamiento, inversiones, garantías, asesoramiento y seguros, con un enfoque principal en Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). Vincula su gestión al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) manteniendo su independencia financiera y administrativa. Uniforma los mecanismos de financiamiento público y establece una "Certificación de Cumplimiento con el Banco de Desarrollo Empresarial" como requisito para que entidades gubernamentales otorguen beneficios, incentivos o créditos a terceros.