Para enmendar el inciso (a) de la sección 1020.01 de la Ley 60-2019, según enmendada, mejor conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico“, a los fines de aclarar que los empleos a tiempo parcial y el autoempleo están cubiertos bajo la definición de microempresas; entre otros fines relacionados.

Para crear la “Ley de Rescate al Empresario Puertorriqueño” a los fines de establecer un programa de reembolso salarial, beneficios y planes de pago de utilidades para las empresas que ante una merma en el volumen de ventas, ganancias o producción que deseen proteger la cantidad de empleados que tienen a tiempo completo y/o transicional los empleados de medio tiempo a tiempo completo; establecer los requisitos de elegibilidad para que una empresa pueda acogerse a los beneficios dispuestos bajo esta Ley; definir las facultades y responsabilidades de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico en la administración de esta Ley; derogar el Artículo 2.4 de la Ley Núm. 120 de 31 de julio de 2014, según enmendada, conocida como la “Ley de Incentivos para la Generación y Retención de Empleos en PyMEs”; asignar fondos para su implementación; y para otros fines relacionados.

La medida propone crear la Ley de Rescate al Empresario Puertorriqueño para establecer un programa de incentivos y beneficios dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas en riesgo de cierre o despidos. Los beneficios incluyen reembolso salarial (hasta 50% del salario mínimo estatal), tasas contributivas preferenciales (5%-20% sobre ingresos), planes de pago de deudas contributivas sin intereses ni penalidades, exenciones parciales en patentes municipales y contribuciones sobre propiedad mueble/inmueble (hasta 50% o 100% por 3 años), y descuentos en primas del Fondo del Seguro del Estado (50% por 3 años). También contempla planes de pago para deudas de servicios de energía eléctrica y agua potable. La Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico (DDEC) administrará el programa, certificando empresas elegibles que demuestren merma en ventas, ganancias o producción y que estén considerando cesantías o cierres. La vigencia de los beneficios es de hasta tres años, y las empresas deben comprometerse a mantener su plantilla de empleados.

Para enmendar las Secciones 1020.08, 2082.02, 2082.03, 2082.04, 2082.05, y 2083.01 de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, con el fin de aclarar las disposiciones relacionadas a los agricultores bona fide a quienes le aplicarán los beneficios de los incentivos, simplificar los requisitos de cumplimiento; y para otros fines relacionados.

La medida, Proyecto de la Cámara 507, propone enmendar varias secciones (1020.08, 2082.02, 2082.03, 2082.04, 2082.05, y 2083.01) de la Ley 60-2019, conocida como el Código de Incentivos de Puerto Rico. Su objetivo es aclarar quiénes califican como 'agricultores bona fide' para recibir beneficios de incentivos y simplificar los requisitos de cumplimiento. Afecta directamente a los agricultores que buscan o ya reciben incentivos contributivos bajo este código.

Para enmendar los incisos (b) (1) y (b) (4) de la Sección 2100.01 de la Ley Núm. 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico” a los fines de extender la exención contributiva a empresas de jóvenes empresarios sobre ingresos en el primer millón de dólares de su ingreso neto sujeto a contribución; disponer que cualquier ingreso neto que generen dichos negocios nuevos en exceso de un millón de dólares, estará sujeto a las tasas ordinarias establecidas en el Código de Rentas Internas de Puerto Rico; extender el período de disfrute de la exención contributiva a negocios nuevos de jóvenes empresarios a un período de cinco (5) años desde la fecha de comienzo de operaciones, según establecido en el Decreto de exención contributiva; y para otros fines relacionados.

La medida, Proyecto de la Cámara 574, propone enmendar la Ley 60-2019, Código de Incentivos de Puerto Rico, para duplicar la exención contributiva sobre el ingreso neto para jóvenes empresarios. Se eleva el límite de ingresos exentos de $500,000 a $1,000,000, y se extiende el período de disfrute de la exención de tres (3) a cinco (5) años. Afecta directamente a jóvenes residentes que establezcan nuevos negocios bajo un decreto especial del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).