Para enmendar el Artículo 5.001 de Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, a los fines de establecer que las sesiones y procedimientos legislativos de las Asambleas Municipales sean transmitidas digitalmente en el internet, y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo Artículo 4.009-A a la Ley Núm. 107 de 13 de agosto de 2020, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de establecer como primera opción la celebración de vistas adjudicativas mediante el mecanismo de videoconferencia; ordenar la adopción o enmiendas a la reglamentación y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para añadir un Artículo 4.009-A que establece la celebración de vistas adjudicativas municipales mediante videoconferencia como la primera opción. Requiere que los municipios adopten o enmienden su reglamentación para implementar esta modalidad, siempre que las partes confirmen acceso y conectividad, y el oficial examinador evalúe la complejidad del caso, la prueba y las circunstancias personales. Se establece un plazo de 15 minutos para restablecer conexiones caídas y se ordena proveer alternativas físicas a quienes no tengan acceso electrónico.

Para establecer la “Ley de Transparencia en las Compras Gubernamentales de Puerto Rico”; ordenar a todas las Agencias, Corporaciones, Instrumentalidades y Municipios del Gobierno de Puerto Rico a publicar en sus respectivos portales cibernéticos las compras realizadas con fondos del erario público, establecer la política pública; y otros fines relacionados.

La medida proponía establecer la "Ley de Transparencia en las Compras Gubernamentales de Puerto Rico". Ordenaba a todas las agencias, corporaciones, instrumentalidades y municipios del Gobierno de Puerto Rico publicar en sus portales cibernéticos las compras realizadas con fondos públicos, definiendo la política pública, parámetros y excepciones. Afectaba directamente a todas las entidades gubernamentales y a la ciudadanía interesada en fiscalizar el gasto público.