PC 719

Para añadir un nuevo Artículo 1.104 -A y enmendar el inciso 5 del Artículo 22.02 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” con el fin de eximir del pago de peajes o tarifas de Auto Expreso a todos los vehículos de motor propiedad del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sus departamentos, agencias, administraciones, negociados, juntas, comisiones, oficinas, instrumentalidades, corporaciones públicas y municipios.

Medida·Cámara·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

La medida propone añadir un nuevo Artículo 1.104-A y el inciso (5) del Artículo 22.02 de la Ley 22-2000, conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico. Su objetivo es eximir del pago de peajes o tarifas de Auto Expreso a todos los vehículos de motor propiedad del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo sus departamentos, agencias, y municipios, cuando estén en funciones públicas.

Pros

•Reduce gastos operativos directos para agencias gubernamentales, y municipios al eliminar el costo de peajes y tarifas de Auto Expreso para sus vehículos oficiales en uso. Esto libera fondos que podrían ser reasignados a servicios públicos o necesidades operativas.
•Simplifica la gestión administrativa y de pago de peajes para los vehículos oficiales, eliminando la necesidad de registrar, mantener saldos o gestionar múltiples cuentas de Auto Expreso para flotas gubernamentales extensas.

Contras

•La medida no especifica un mecanismo claro para compensar a la Autoridad de Carreteras y Transportación por la pérdida de ingresos generada por la de peajes para un número significativo de vehículos. Esto podría resultar en una reducción de fondos disponibles para el mantenimiento y operación de las autopistas.
•La definición de 'Vehículo oficial' en el nuevo Artículo 1.104-A es amplia y podría prestarse a interpretaciones extensivas o abusos. Incluye 'todo vehículo de motor, rotulado y no rotulado' propiedad del gobierno, sus instrumentalidades, y municipios, o aquellos 'así designado o autorizado por el Secretario', cuando se utilicen 'con fines públicos y sean costeados o hayan sido adquiridos con fondos públicos'. La falta de criterios más estrictos para la designación o autorización por parte del Secretario podría permitir la de vehículos que no son estrictamente necesarios para funciones públicas esenciales.
•Al eliminar la obligación de pago de peajes para vehículos oficiales, la medida podría inadvertidamente desincentivar la adopción de tecnologías de pago electrónico o la optimización del uso de carriles de Auto Expreso por parte de estos vehículos, si no se implementa un sistema de registro y seguimiento robusto. El texto actual delega al Secretario la tarea de establecer el mecanismo de , lo cual podría ser un proceso complejo y prolongado.
•La Ley 22-2000, en su Artículo 22.02(5) actual, ya contemplaba para vehículos de emergencia (bomberos, rescate, ambulancias) y militares bajo ciertas condiciones, con la posibilidad de establecer tarifas especiales. La nueva medida, al otorgar una exención general y permanente a 'todo Vehículo oficial', reemplaza y amplía significativamente estas disposiciones, y la Ley Base proporcionada no detalla si el Artículo 1.104 existente ya ofrecía alguna exención o si el Artículo 22.02(5) actual, que se , es el único marco previo para estas exenciones.

Intereses en juego

Beneficia a:: Agencias gubernamentales, y municipios de Puerto Rico, al reducir sus gastos operativos y simplificar la gestión de sus flotas vehiculares.
Preocupa a:: La Autoridad de Carreteras y Transportación, por la potencial pérdida de ingresos por concepto de peajes, y potencialmente la ciudadanía en general si la reducción de ingresos afecta el mantenimiento de la infraestructura vial.
Quién paga o decide:: El costo de los peajes que no se paguen será asumido por la Autoridad de Carreteras y Transportación como una pérdida de ingresos. El Secretario (de Transportación y Obras Públicas) es quien establecerá el mecanismo de y reglamentará su aplicación, lo que le otorga discrecionalidad en la implementación.

Perspectiva histórica

La medida se relaciona con el tema de los peajes y la gestión de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), cuya deuda y modelo de financiamiento, incluyendo los ingresos por peajes, han sido un factor clave en la crisis fiscal y la reestructuración bajo PROMESA. La propuesta para vehículos gubernamentales impactaría directamente los ingresos de peajes que, según los fragmentos, son cruciales para el pago a acreedores y la sostenibilidad de la ACT, especialmente tras la privatización de autopistas a consorcios como Metropistas.

En qué va

Esta medida legislativa (P. de la C. 719) fue el 11 de junio de 2025 y referida a comisiones en la Cámara de Representantes al día siguiente. Se encuentra actualmente en proceso legislativo.

Generado por IA · puede contener errores y los argumentos a favor/en contra son posibles puntos de debate, no una postura oficial. Verifica con el texto oficial.

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Trámite legislativo

Última acción · 12 de junio de 2025

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