Para enmendar el Artículo 23.08 de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de establecer un tope máximo anual de seiscientos (600) dólares en las multas administrativas impuestas mediante el Sistema Automático de Control de Tránsito (AutoExpreso); y para otros fines relacionados.

Intereses en juego

Beneficia a:

Conductores con deudas acumuladas por multas de AutoExpreso que superan el tope anual, facilitando la renovación de licencias y marbetes. El Estado también se beneficia al potencialmente aumentar la recaudación al incentivar el pago de deudas.

Preocupa a:

Potencialmente, el Estado y las entidades administradoras de autopistas (como Metropistas) si la implementación del tope resulta en una disminución significativa de la recaudación total de multas que podría ser utilizada para fines de infraestructura o seguridad vial, aunque el texto sugiere un aumento en la recaudación general por cumplimiento.

Quién paga o decide:

El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) son las agencias gubernamentales que implementarán y supervisarán la política pública. El costo de operación del sistema de AutoExpreso y la recaudación de multas está vinculado a la operación de alianzas público-privadas, como Metropistas, quienes participan en la administración de la infraestructura vial.