Qué propone
La medida crea la Ley para prohibir la divulgación de información personal en posesión de agencias del gobierno de Puerto Rico a agencias federales de inmigración para fines de investigación, detención o procesamiento migratorio. La prohibición aplica a menos que exista una orden judicial válida emitida por un tribunal con jurisdicción en Puerto Rico. Se ordena a agencias estatales y municipales revisar sus protocolos y finalizar acuerdos de colaboración con agencias federales de inmigración, y se establecen plazos para la emisión de un informe y la implementación de protocolos.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
Esta medida legislativa, la P. de la C. 721, fue el 12 de junio de 2025 y está actualmente en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, tras su primera lectura el 20 de junio de 2025.
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Última acción · 20 de junio de 2025
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico de protección a lugares considerados como sensibles por su importancia en el ejercicio de derechos fundamentales, clarificar y uniformar los parámetros legales bajo los que se regirán las interacciones entre las entidades gubernamentales y las autoridades federales de inmigración para asegurar sean en cumplimiento con el estado de derecho vigente y, para otros fines relacionados
La medida establece la política pública de Puerto Rico para proteger lugares sensibles (escuelas, iglesias, hospitales, etc.) y clarifica las interacciones entre entidades gubernamentales y autoridades federales de inmigración. Prohíbe a funcionarios estatales y municipales detener, interrogar o arrestar personas únicamente por su estatus migratorio, y limita la colaboración con autoridades federales de inmigración, exigiendo órdenes judiciales para ciertas acciones y protegiendo la información personal sensible de los residentes.
Para enmendar el Inciso (o) del Artículo 3.025 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de disponer que esta Ley no autoriza a la Policía Municipal a establecer acuerdos de colaboración con el Gobierno Federal para fines de ejecutar políticas migratorias de los Estados Unidos de América; y para otros fines relacionados.
Esta medida enmienda el Artículo 3.025 del Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para prohibir explícitamente que la Policía Municipal establezca acuerdos de colaboración con el Gobierno Federal para ejecutar políticas migratorias de Estados Unidos. Afecta directamente a las Policías Municipales y a las agencias federales que pudieran buscar colaborar con ellas en asuntos migratorios.
Para crear la Ley “Ley para la Protección Contra Sistemas de Vigilancia Masiva” con el propósito de prohibir el uso y contratación de sistemas de vigilancia masiva; añadir el artículo 1.119 y reenumerar los artículos 1.119 al 1.127 y añadir artículo 27.03 y reenumerar los artículos 27.03 al 27.07 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, según enmendada, conocida como la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” para prohibir actividades de vigilancia en todo tipo de carril y vía pública de Puerto Rico y enmendar los artículos 1.15 y 1.16 de la Ley Núm. 20 de 10 de abril de 2017, según enmendada, conocida como la “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico” con el propósito de prohibir el uso y contrataciones de tecnologías de vigilancia que violenten las libertades y derechos fundamentales garantizados en la Constitución de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.
Esta medida legislativa, el P. de la C. 1421, propone crear la Ley 'Ley para la Protección Contra Sistemas de Vigilancia Masiva'. Busca prohibir la compra, implementación, operación, acceso o contratación de sistemas de vigilancia automatizada continua y masiva por parte del gobierno (incluyendo agencias, municipios, instituciones públicas) y entidades privadas en Puerto Rico. Enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito (Ley 22-2000) para prohibir vigilancia masiva en vías públicas y la Ley del Departamento de Seguridad Pública (Ley 20-2017) para restringir el uso de tecnologías de vigilancia que violen derechos fundamentales. Afecta directamente a agencias gubernamentales, municipios, contratistas y empresas tecnológicas, así como a toda persona en Puerto Rico al limitar la recolección de datos de vigilancia.
Para establecer la “Ley de Privacidad de Información Electrónica” con el fin de proteger el derecho a la intimidad de las personas sobre información almacenada en un dispositivo electrónico o transmitida a un proveedor remoto de servicios de computadora.
La medida propone crear la "Ley de Privacidad de Información Electrónica" para establecer que las agencias de seguridad pública del Gobierno de Puerto Rico necesiten una orden judicial basada en causa probable para acceder a información electrónica almacenada o transmitida por ciudadanos. Esto incluye datos de localización, información almacenada en dispositivos electrónicos y registros de suscriptores de proveedores de servicios remotos de computadora. La ley define qué tipo de información está protegida y establece excepciones y notificaciones.
Para crear la “Ley Contra el Monitoreo Cibernético” con el fin de prohibir el monitoreo arbitrario de las redes sociales y otras páginas cibernéticas por parte de las agencias de seguridad pública del Gobierno de Puerto Rico y salvaguardar los derechos humanos a la intimidad, libertad de expresión y libertad de asociación de las personas en Puerto Rico.
El Proyecto de la Cámara 185 propone crear la Ley Contra el Monitoreo Cibernético. Esta ley prohibirá que las agencias de seguridad pública del Gobierno de Puerto Rico realicen monitoreo arbitrario de redes sociales y otras páginas cibernéticas. La medida busca salvaguardar los derechos a la intimidad, libertad de expresión y asociación de los ciudadanos en el ámbito digital, declarando inadmisible como evidencia aquella obtenida en violación de esta ley y permitiendo reclamaciones por daños y perjuicios.
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