Para establecer la “Ley de Privacidad de Información Electrónica” con el fin de proteger el derecho a la intimidad de las personas sobre información almacenada en un dispositivo electrónico o transmitida a un proveedor remoto de servicios de computadora.

Para crear la “Ley de protección de comunidades residenciales y zonas históricas ante los alojamientos suplementarios de corto plazo”, a los fines de atender un segmento del mercado de turistas con otras opciones no tradicionales; garantizar la sana convivencia y tranquilidad de las comunidades impactadas con los alojamientos de corto plazo, proteger la conservación de zonas antiguas e históricas; y para otros fines relacionados.

La medida propone crear la Ley de protección de comunidades residenciales y zonas históricas ante los alojamientos suplementarios de corto plazo. Busca regular los alquileres de corto plazo para mejorar la convivencia en comunidades residenciales y proteger el carácter de zonas históricas. Se enfoca en asegurar el cumplimiento de las normativas existentes por parte de los operadores de estos alojamientos.

Para crear la Ley para regular el manejo y acceso de información personal en posesión del gobierno para uso de procesos de inmigración, a los fines de prohibir la divulgación de información personal a agencias de inmigración federal para fines de investigación, detención y procesamiento migratorio sin autorización judicial, y para otros fines relacionados.

Esta medida crea la Ley para prohibir la divulgación de información personal a agencias de inmigración federal sin autorización judicial. Establece como política pública que ninguna agencia gubernamental de Puerto Rico podrá entregar o facilitar acceso a información personal de individuos a agencias federales de inmigración para fines de investigación, detención o procesamiento migratorio, a menos que exista una orden judicial válida emitida por un tribunal con jurisdicción competente. Afecta directamente a las agencias del gobierno de Puerto Rico que manejan información personal y, de manera indirecta, a todas las personas en la isla, especialmente a la comunidad inmigrante, al limitar la colaboración con entidades federales de inmigración.

Para crear la “Ley para la Protección de Datos e Información del Consumidor” con el fin de que el consumidor deba prestar su consentimiento informado sobre la recolección, uso y acceso de la información que éste presta, en virtud de una solicitud por parte de cualquier Individuo Residente de Puerto Rico que establezca un negocio, entidad jurídica incorporada u organizada bajo las leyes de Puerto Rico o de cualquier jurisdicción de los Estados Unidos, o una corporación extranjera que tenga una oficina u otro local fijo y que opere en Puerto Rico como parte de su extensión comercial, conforme a las leyes que permiten su extensión operacional; añadir un nuevo inciso (13) al Artículo 7A de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor", y para otros fines relacionados.

Esta medida crea la "Ley para la Protección de Datos e Información del Consumidor" y enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para exigir el consentimiento informado de los consumidores antes de que las empresas recopilen, usen o compartan su información personal. Establece derechos para los consumidores como la eliminación y corrección de datos, y prohíbe la discriminación por ejercer estos derechos. Afecta a todas las empresas que operan en Puerto Rico y a los consumidores residentes, facultando al Secretario de DACO para reglamentar e imponer multas de $500 a $5,000 por violación.